Un cable a tierra
Las tarifas son uno de los 4 precios claves que define la política económica, junto al tipo de cambio, la tasa de interés y los salarios. Su impacto es múltiple ya que afecta la distribución del ingreso, la inflación y el gasto público, y por eso siempre es objeto de controversias dentro de la heterodoxia, que se trasladaron a las discusiones en el seno del gobierno.
Las tarifas de energía fueron bajando desde su dolarización durante la convertibilidad hasta llegar a sus mínimos en 2015 en un modelo de redistribución del ingreso, reducción de pobreza y crecimiento que tuvo como principal problema la restricción externa, una parte de la cual se explicaba por la importación de energía. Durante el macrismo, las tarifas crecieron hasta su congelamiento en 2019 y a partir de entonces fueron cayendo en términos reales debido a la inflación.
Esa historia reciente nos permite asegurar que ni los tarifazos del macrismo ni los niveles de tarifas de 2015 tienen mucho consenso. La gran mayoría de los economistas heterodoxos considera que entre esas soluciones de esquina se encuentra el rango de tarifas aceptable para la coalición de gobierno y para la población. Pero ese rango de tarifas aceptables debe ponerse en relación a otras variables como el salario y el gasto público.
El aspecto distributivo es sin dudas el más sensible. Si comparamos las tarifas con el salario medio (el Ripte), el peso del pago de los servicios de luz y gas en 2009 era de 3,5 por ciento del total del salario medio y bajó hasta 1,5 por ciento en 2015. Luego de los tarifazos de Macri, los servicios representaron 4,85 por ciento del Ripte en 2018 y desde entonces fue cayendo hasta llegar al 3,5 por ciento del sueldo de 2021, volviendo de esa manera a nivel de 2009.
Más allá de los debates técnicos, la pandemia empeoró las variables económicas y sociales de tal forma que merece la pena preguntarse si están dadas las condiciones políticas para incrementar las tarifas. Los niveles de pobreza hoy están a niveles del año 2006, y las tarifas están en niveles similares si descontamos la inflación. Si miramos la recuperación salarial, se estima que recuperarán 4 puntos en términos reales este año, pero luego de una caída de 25 puntos en los últimos años ¿Están las condiciones para subir las tarifas sin poner en crisis la legitimidad del modelo económico?
Esa discusión distributiva debe completarse con la discusión sobre el impacto de las tarifas sobre la inflación: calculamos que el 9 por ciento de incremento anunciado por el gobierno podría sumar 1 punto de inflación para el mes en que se efectivice. Al contrario, la ortodoxia supone que la quita de subsidios reduce el déficit fiscal y por ende reduce la inflación, versión que quedó totalmente desacreditada luego de la experiencia macrista. De hecho, los datos nos muestran que los niveles bajos de subsidios/PIB coincidieron con los mayores índices inflacionarios, que entre 2018 y 2020 estuvieron por encima de 36 por ciento anual.
Esta discusión deja un último debate sobre el déficit fiscal, que el 2020 fue inusitadamente elevado y que este año debería reducirse. La discusión que el equipo económico tiene con el FMI es a qué nivel debería llegar el déficit este año, pero también se debe discutir cómo debe quedar la estructura del gasto, cuanto del presupuesto debe ir a los subsidios energéticos y cuanto al gasto social. Los subsidios energéticos subieron hasta 3 puntos del PIB en 2015, bajaron a 1,3 puntos del PIB en 2017 y desde entonces se estabilizó en torno a 1,5, tanto por la caída estrepitosa del PIB como por el congelamiento tarifario.
Si bien las tarifas no son el mejor instrumento para redistribuir el ingreso, su segmentación es un ideal para que los subsidios lleguen a las personas que más lo necesitan. Pero ese ejercicio de sintonía fina siempre resultó difícil de llevar a cabo, y parece imposible hacerlo antes de las elecciones de este año. En consecuencia, la moderación parece ser la mejor política para que los actores económicos puedan planificar de la mejor manera sus inversiones y sus gastos.