¿Recuperar caja?
En el contexto del debate sobre el aumento de tarifas, resulta interesante resaltar la discusión económica de fondo, que oscila entre el ordenamiento macroeconómico (necesario, por ejemplo, para morigerar el déficit fiscal) y evitar el ajuste al bolsillo de buena parte de la sociedad que viene muy golpeada por los años de recesión macrista y la pandemia.
El descongelamiento tarifario propuesto por el ministro de Economía implicaba que los subsidios en energía no aumentaran en relación al PBI –sino que las tarifas aumenten al ritmo de la inflación– segmentando los incrementos tarifarios según el nivel de ingresos de las familias. Guzmán anunció a principios de abril, en una entrevista para la CNN, que iba a haber un aumento en dos etapas para las tarifas de energía eléctrica, en junio se daría un aumento fijo para todos los usuarios y hacia fin de año se podría aumentar de forma segmentada.
Desde la Subsecretaria de Energía Eléctrica, y en línea con lo anunciado por el Enargas, se dispusieron aumentos de un digito tanto en luz como en gas y se sostiene que no habría una segunda ronda de aumentos en este 2021.
Finalmente se sancionó un aumento del 21 por ciento en los ingresos de las distribuidoras de energía eléctrica y un incremento del 15 para las distribuidoras de gas en el segmento residencial. Por el peso de este costo (Valor Agregado de Distribución – VAD) en las facturas que pagan los hogares, el aumento final será del 9 por ciento en las tarifas de electricidad y de un 7 en las tarifas de gas, ambos a partir de los consumos de mayo. Y todavía resta definir si habrá nuevos aumentos en lo que resta del año.
Esto significa que, pese a estos aumentos, en 2021 los hogares pasarán a destinar menos porcentaje de sus ingresos en las facturas de luz y de gas, suponiendo que sus ingresos crecen por encima del 9 por ciento. Es decir, aunque el esquema siga siendo regresivo (porque proporcionalmente gastan más en energía quienes menos tienen), con estos aumentos se logra reducir el peso de los energéticos en el ingreso de todos los hogares y ningún decil pagaría por tarifas energéticas más del 10 por ciento de sus ingresos.
Hoy Edenor y Edesur están pidiendo aumentos todavía mayores para hacer frente al crecimiento de sus costos y así volver a la ecuación económica previa a la pandemia. En esta línea, durante 2020 y en la actualidad, las empresas distribuidoras dejaron de pagar a Cammesa parte de los fondos recaudados para pagar el costo de generación, es decir, se financiaron con Cammesa. Cabe indicar que Cammesa ya está brindando la energía subsidiada a las distribuidoras. Y, en consecuencia, el Estado tuvo que hacer un esfuerzo fiscal adicional para solventar ese costo. Así, se les concedió financiamiento con un plan de 50 cuotas para que las distribuidoras puedan cancelar esta deuda con Cammesa. En este sentido, las empresas distribuidoras reclaman que si no hay nuevos aumentos no van a poder afrontar tampoco este pago
Un nuevo frente se abrió en la negociación cuando Edenor solicitó que el Estado se haga cargo de una serie de vencimientos de Obligaciones Negociables. Este reclamo viene dado por la necesidad de afrontar una deuda de 100 millones de dólares que deben pagar en 2021 y 2022, y debido al actual congelamiento tarifario, las empresas argumentan no tener fondos en su caja para afrontar el pago de esa deuda que estaba destinada a realizar inversiones previstas en las RTI del macrismo. Edesur se posicionó de la misma manera, pero con una deuda de 15 mil millones de pesos a su casa matriz en Italia.
Pero si analizamos la evolución del VAD en los últimos años, estas empresas tuvieron ingresos más que suficientes después de las RTI sancionadas durante el macrismo, que los favoreció con VAD reales altísimos y equivalentes a los de la privatización. En efecto, el macrismo les dio un aumento de los ingresos del 1980 por ciento entre 2015 y 2020. Para poner en perspectiva, en el mismo período los ingresos de las personas aumentaron un 390 por ciento aproximadamente. A su vez, no se discute que las ganancias derivadas de las economías de escalas –por el significativo aumento de la demanda eléctrica– configuren una renta para las empresas y, por el contrario, no se vea reflejada en una mejora de precios al usuario.
En definitiva, lo que se observa desde CEPA es que incrementar el VAD en 2021 para que Edenor y Edesur “recuperen la caja” que se perdieron durante 2019/2020, implicaría validar el significativo aumento que obtuvieron en la gestión anterior. Entonces, surgen las preguntas: ¿es necesario que la sociedad afronte ese costo?, si la respuesta es sí, ¿es razonable aumentar las tarifas en un contexto de caída del poder adquisitivo por tercer año consecutivo? ¿Cómo financiamos estas empresas sin que el costo recaiga siempre sobre el conjunto de la población?