Bolsonaro, presidente corroído
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El informe leído por el senador de oposición Renan Calheiros el pasado miércoles cerró la etapa de trabajos de la Comisión Parlamentaria de Investigaciones (CPI) dedicada a examinar, en el Senado, quienes son los responsables por la más letal crisis sanitaria vivida por el país, la pandemia de covid-19, que causó al menos 606 mil muertes.
El texto será votado el próximo martes, y como la oposición al gobierno ocupa siete de las once plazas en la CPI, será aprobado. En seguida, será encaminado a diversas instancias de la Justicia.
Empezará entonces una doble etapa. De un lado, la CPI tratará de lograr que tanto la Fiscalía General ordene la apertura de una investigación como que el Supremo Tribunal Federal se pronuncie. Y de otro, tanto el ultraderechista presidente Jair Bolsonaro como los demás denunciados, entre los cuales se encuentran empresarios, médicos, funcionarios y activistas en canales dizuello, exministro de Salud), bien como empresarios, parlamentares, exfuncionarios de distintos ministerios, en un total de 66 personas.
A lo largo de cinco meses las sesiones de la CPI fueron transmitidas en directo por la televisión del Senado, que jamás había alcanzado semejante audiencia. El impacto de la lectura del informe final fue inmediato.
Bolsonaro padece una fuerte corrosión de su imagen, su aceptación popular se desmorona de manera palpable, pero sigue contando con la aprobación de entre 20 y 25 por ciento de los entrevistados en encuestas de opinión. Además, se considera que su “núcleo duro”, de seguidores más radicales, permanece intocado en alrededor de doce por ciento del electorado.
Frente a esos datos, los más negativos de un presidente a punto de cumplir tres años de mandato desde la retomada de la democracia en 1985, luego de 21 años de dictadura, que su equipo más cercano trata de ostentar como positivos, crece de manera palpable el rechazo a su gobierno, ahora con el agravamiento de la crisis económica que reproduce a cada día y en velocidad espeluznante imágenes de miseria por todo el país.
No se sabe, en todo caso, qué pasará, además de la reacción popular, en términos concretos, a partir de la aprobación, semana que viene, del demoledor informe de la CPI.
Acorde a la legislación brasileña, tanto el mandatario como ministros en ejercicio gozan de “foro privilegiado”, o sea, un margen de inmunidad, y solo pueden ser denunciados jurídicamente (y luego de la apertura de investigaciones propias) por la Fiscalía General de la República, que luego decide si encamina o no el caso para el Supremo Tribunal Federal.
El otro camino es que la Fiscalía General decida archivar directamente el caso, sin abrir ninguna investigación.
Las apuestas en medios políticos y entre analistas brasileños es que sea precisamente esa la opción del actual Fiscal General de la República, Augusto Aras, nombrado por Bolsonaro y aspirante declarado a una plaza en el Supremo Tribunal Federal.
A excepción del Senado, que sigue ofreciendo cierta resistencia al gobierno del ultraderechista, Bolsonaro literalmente compró respaldo en la Cámara de Diputados (abrió un “presupuesto secreto” de alrededor de casi tres mil millones de dólares que los parlamentares puedes enviar a sus rincones electorales sin tener que prestar cuentas a nadie). Y nombró como fiscal general a alguien que no pierde oportunidad de exhibir muestras de profunda lealtad no a lo que dicen la Constitución y las leyes, sino a quien lo elevó al puesto que ocupa.
De todas formas, y aunque logre escapar jurídicamente, junto al empresariado, a los partidos políticos y a la opinión pública el desgaste de Bolsonaro es feroz. Y se extendió, por lo que se vio, a los principales medios de comunicación extranjeros.
Aunque sobreviva al aluvión de denuncias, Bolsonaro saldrá seguramente más corroído de lo que ya está. Y todo indica que, con eso, se alejará más y más de la tan soñada reelección en 2022.
I@
Bolivia pedirá a Brasil la extradición de Luis Fernando López, exministro de Defensa del gobierno de facto de Jeanine Áñez, por su presunta responsabilidad en el intento de magnicidio del presidente Luis Arce. Mientras que los excomandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía, Williams Kaliman y Yuri Calderón fueron declarados en rebeldía luego de que se emitieron órdenes de arresto en su contra y no fueron encontrados por las autoridades bolivianas.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, hizo el anuncio del pedido de extradición de López tras haber denunciado esta semana que el exministro de Defensa encabezó un presunto intento de magnicidio contra el presidente Arce. “Ya hemos activado los correspondientes mecanismos que nos otorgan las leyes vigentes y la justicia boliviana. Es una denuncia que se ha presentado hace un par de meses, que ha sido ampliada ya con los elementos que hemos presentado hace un par de días (intento de magnicidio). Evidentemente, con este caso más, vamos a pedir la extradición del señor López Julio desde Brasil para que pueda rendir cuentas a la justicia boliviana”, señaló Del Castillo citado por el diario La Razón de Bolivia.
Del Castillo además reveló que para el presunto plan de intento de magnicidio, López tuvo “contactos constantes con estos grupos irregulares y paramilitares mediante empresas con experiencia en combate como en Irak, Afganistán y otros”. El exministro del gobierno de facto abandonó Bolivia antes de que Luis Arce asumiera la presidencia en 2020. Esta semana Del Castillo había detallado los vínculos entre uno de los involucrados en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moise y el exministro de Defensa, Luis Fernando López.
El gobierno de Arce cita una investigación publicada por la revista estadounidense The Intercept que develó que Bolivia estuvo al borde de un golpe de Estado similar al que derrocó al expresidente Evo Morales. Esta semana el viceministro de Seguridad Ciudadana de Bolivia, Roberto Ríos, subrayó que los audios incluidos en la investigación de The Intercept permiten determinar la autoría de López en el intento de magnicidio.
“Con el audio, podemos determinar que el señor Luis Fernando López (de quien se presume que huyó a Brasil) es el autor intelectual del intento de magnicidio del excandidato y actual presidente Arce. Sin embargo, las investigaciones van a poder determinar mayores elementos para ver quienes (más) han participado”, afirmó Ríos citado por La Razón. Según Ríos el plan de López no se llegó a concretar gracias a que las autoridades tomaron las medidas necesarias evitando eventos al aire libre.
Por su parte, el ministro de gobierno, había indicado que López realizó gestiones con empresas extranjeras para “traer sicarios y paramilitares” colombianos y venezolanos a Bolivia. En este sentido,
López tuvo “contactos constantes con estos grupos irregulares y paramilitares mediante empresas con experiencia en combate”.