Una solución conjunta por Río Negro
planteo judicial fue admitido.
El origen de la causa contra la comunidad y el empresario que la impulsa, ilustran el tema de fondo. El hombre se llama Rolando Rocco y no es titular de las tierras, que son fiscales, sino que recibió una concesión 2550 hectáreas como supuesto ocupante y a cambio de nada el 10 de mayo de 2011. “Rocco se dedica a desmontar el bosque nativo y a plantar pinos, pero jamás vivió ahí, ni tiene título de propiedad. La Cuesta del Ternero es territorio Mapuche”, señala Soraya Maicoño, quien por estos días actúa como vocera de la comunidad. Mauro Millán detalla que la expansión del monocultivo de pino se está expandiendo por la cordillera y, ante un proceso de sequía, se convirtió en el principal combustible de incendios que azotan a la Patagonia y que determinaron que el año pasado 300 familias perdieran sus viviendas.
Maicoño explica que hay cuatro imputados y pedirán el cese de la medida cautelar. “Ni a un preso se le niegan la comida y el abrigo. No hay voluntad política del estado nacional ni rionegrino para dialogar y asumir el genocidio que ha padecido nuestro pue
El presidente Alberto Fernández analizó ayer con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, la situación en la zona andina de la provincia, donde se registraron hechos de violencia contra instituciones locales y nacionales. Voceros del Ejecutivo nacional y de la provincia consignaron que coincidieron en la necesidad de “llevar a cabo un trabajo en conjunto entre la Provincia y la Nación”.
Según la gobernación rionegrina, “Fernández condenó los hechos de violencia y expresó su voluntad de colaborar para resolución de estos conflictos”. La mandataria provincial “agradeció la presencia de Gendarmería Nacional en la región y el apoyo que se le está brindando a la fiscal federal Sylvia Little para la investigación de los ataques perpetrados en El Bolsón y San Carlos de Bariloche”.
Esta semana, un incendio destruyó el Club andiblo y del que esto es una consecuencia más”, dijo. Recordó que esta semana, en medio de la difusión de noticias contra el pueblo mapuche, Miguel Angel Pichetto homenajeó a Julio Argentino Roca en el cementerio de la Recoleta y se despachó contra las comunidades originarias.
Tras el cerco a esta comunino Piltriquitrón de El Bolsón, donde se encontraron panfletos contra Carreras; el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano; y empresarios extranjeros que son propietarios de tierras de la zona.
En ese marco, la gobernadora subrayó que el conflicto con grupos mapuches “es serio” porque “intentan socavar el orden constitucional” y reclamó que tomé intervención la Agencia Federal de Inteligencia para priorizar “sobre todo la investigación”.
Esta semana, el Presidente le transmitió a la gobernadora su “firme decisión de asistir a esa provincia con efectivos de Gendarmería aunque aclaró que es la Ley de Seguridad Interior “la que define que las fuerzas federales y provinciales actuarán en conjunto cuando se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior”, cuyo caso, advirtió, “no es este ni mucho menos”. dad, se sucedieron tres incendios en la zona: en un centro de informes turísticos sin inaugurar en El Bolsón, en un galpón de Vialidad Nacional en Bariloche, y por último el Club Andino Piltiquitrón, también en Bolsón. Por el segundo hubo una supuesta reivindicación del Movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapu. En el tercero aparecieron, en forma grotesca, unos panfletos contra la gobernadora y el intendente, junto a bidones de combustible. Nadie se atribuyó nada, e incluso la comunidad Quemquemtreu explicitó ser ajena. No está claro el origen en ningún caso. La historia de las causa judiciales por hechos similares adjudicados a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) muestra nulas imputaciones. Hay al menos dos fallos donde queda claro que ni siquiera se pudo probar la existencia de esa organización.
Los tres incendios recientes fueron excusa de la gobernadora Carreras para presentar una denuncia por terrorismo y hacer escalar el tema a nivel nacional, alimentado por una distorsión sobre el juicio a Facundo Jones Huala en Chile. La jueza federal subrogante que tiene la denuncia de Carreras, Silvina Domínguez, no parece encaminada a sostener la lógica represiva de sus antecesores. Orlando Carriqueo, del Parlamento Mapuche, repudió los incendios y pidió “que se investiguen los hechos pero que no se acuse al pueblo mapuche como hizo la gobernadora sin pruebas; y repudiamos el sitio a la comunidad Quemquemtreu, que sumado a los discursos de la militarización, racismo, intolerancia y terrorismo, nos pone cerca del terrorismo de Estado”. “Se apela a la acusación de terrorismo –añadió– para deslegitimar cualquier reclamo territorial en Río Negro, agitando un fantasma por el negocio de las tierras”. 21