Contrabando de aceite de soja
en un marco de respeto mutuo”. “Hay una cláusula que establece que mientras dure el acuerdo no se van a hacer paros”, interpretan fuentes del sector empresarial. Además, constaron en acta que se encuentran con indicadores de “eficiencia, productividad, scraps y ausentismo muy lejos de los niveles alcanzados por sus competidores en otros lugares del mundo”.
El acuerdo
La negociación giraba en torno a tres ejes: la actualización de la paritaria julio 2021 a junio 2022, que cerró con un aumento de 50 por ciento en un periodo que la inflación ascendió a 64 por ciento; la discusión paritaria 2022-2023, que las empresas habían ofrecido 38 por ciento y por lo tanto los trabajadores decidieron comenzar el paro; y un aumento del pago de las horas extras de 100 a 200 por ciento.
Para la paritaria 2021-2022, los trabajadores aceptaron un au◢
La Aduana descubrió que una serie de exportaciones a Chile en las que la mercadería involucrada había sido declarada como ácido graso en realidad era aceite de soja. Los casos detectados y denunciados hasta ahora involucran más de 80 toneladas, por lo cual toda la operatoria de la firma se encuentra bajo análisis.
Aduana informó además que tiene razones para creer que la empresa exportadora argentina y la importadora chilena pertenecen al mismo grupo económico, que mediante el ardid coordinado buscó evadir a varios niveles. Por un lado, los precios declarados en las exportaciones de ácidos grasos –específicamente, oleína: un producto de la industria química obtenido de reprocesamiento de aceites usados– se encuentran alrededor de un 30 por ciento por debajo de los precios oficiales fijados para las exportaciones de aceite de soja. Pero luego, dadas las diferencias en el tratamiento tributario de ambos tipos de mercadería, el organismo que dirige Guillermo Michel concluyó que la reducción indebida de los derechos de exportación es superior al 90 por ciento. Asimismo, cabe añadir que la oleína cuenta con plazos más de diez veces mayores para ingresar las divisas de sus exportaciones al país.
La Aduana denunció penalmente la operación y por orden del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza se llevaron a cabo dos allanamientos sobre la firma involucrada y el despachante, en los que fueron secuestrados soportes informáticos, documentación y demás elementos de interés para la causa.