Recurso estratégico
Que finalmente el poder político declare al litio como recurso estratégico es fundamental para el futuro de nuestro país; sin olvidar que si se confirmara llega con décadas de atraso. Luciano Catalano, jefe de geología de la Nación entre 1922 y 1930 descubrió los yacimientos de litio de la Puna Argentina y fue enfático en que el país debía tener el control sobre su explotación y comercio. En 1964 como subsecretario de minería de Arturo Illia declaró ante el Congreso de la Nación: “El litio ha adquirido el carácter de elemento crítico de alta importancia en la defensa nacional, ello impone restablecer, con urgencia, la reserva fiscal de todas nuestras reservas nacionales”.
La dictadura de Augusto Pinochet declaró al litio como recurso estratégico en 1976 y en 1983 promulgó un nuevo Código de Minería que dejó explícito que no se darían concesiones mineras a privados y extranjeros en los yacimientos de litio (Ley N°18.248). Bolivia declaró al litio recurso estratégico en la Constitución Nacional de 2009 y cuenta con un marco normativo específico. El Estado boliviano controla la propiedad, la explotación, el acceso y las actividades de extracción y producción. La participación de empresas privadas se da para la transferencia de tecnología e incorporar el conocimiento e inserción en las cadenas comerciales globales, obligando a las empresas extranjeras interesadas en el acceso y explotación de sus yacimientos a hacerlo siempre en asociación con la empresa nacional y en minoría accionaria, y solo para las fases de producción de baterías y de materiales catódicos.
Tanto en la dictadura militar de Pinochet que llegó a extremos de privatizar ríos y cuerpos de agua; hasta el gobierno indigenista de Evo Morales, pasando por la reciente nacionalización del litio por el gobierno mexicano de López Obrador y la declaración del gobierno de Donald Trump del litio como mineral estratégico para la seguridad nacional de Estados Unidos; el poder político global entiende el rol absolutamente estratégico del litio en la transición energética y capitalista actual; excepto en Argentina, que sigue sin un mínimo plan nacional más allá de correr atrás de los posibles negocios a los que ya estamos llegando tarde.
Esta declaración de por sí no va a generar ningún cambio si no se acompaña de difíciles pero urgentes decisiones y acuerdos políticos. En primer lugar, si bien la constitución reformada por el menemismo da la tenencia de los recursos naturales a las provincias, esto no impide tener un plan y una empresa nacional. Países unitarios como Chile y federales como México van en esa dirección, esto no afectaría en lo más mínimo los ingresos a las arcas provinciales, muy por el contrario, las negociaciones con las corporaciones globales desde el poder nacional tendrían resultados mucho más efectivos; hay que recordar que el producto bruto regional de las provincias litiferas en nuestro país son menores que por ejemplo una cadena de heladerías en Norteamérica. Países como Alemania todavía tienen dificultades para fabricar baterías de ion-litio para autos eléctricos debido a la complejidad de estas nuevas tecnologías, para Argentina sería un desafío gigantesco, aun en el marco del mercado ampliado del Mercosur, desde la soledad de las provincias del norte es simplemente imposible industrializar el litio y participar de las cadenas globales.
El litio no se debe considerar sujeto a regulación por el Código de Minería porque la Ley 24.804 de Actividades Nucleares aprobada en 1997 le otorgó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) la jurisdicción sobre el litio en Argentina. El Código Minero fue pensado y formulado teniendo en mente los metales de la industria minera tradicional, los combustibles fósiles que alguna vez fueron regulados en Argentina por el Código Minero fueron sustraídos y regulados por ley específica, lo que permitió desarrollar la mayor empresa del país YPF. Lo mismo sucedió en Chile y Bolivia con el litio; mantener al litio bajo el régimen del código minero actual es el mayor impedimento para consolidar una empresa nacional de litio y beneficiarse de las riquezas litiferas, la declaración como recurso estratégico es solo el primer paso.
* Responsable del área ambiental del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz y coautor de los proyectos de ley: Régimen legal de la explotación del litio y sus derivados: 2598-D-2016 y 2733-D-2014.