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Matriz neoliberal

- Por Bruno Fornillo y Ariel Slipak *

Se habla y se miente demasiado acerca del litio, se sabe poco, casi nada cambia. El litio en la Argentina no es estratégic­o porque su precio haya aumentado de 7 mil a 70 mil dólares la tonelada. Tampoco porque lo requiera la industria de la electromov­ilidad global para imaginar que podría remplazar la incontable flota fósil por una eléctrica. Ni siquiera es un gran dato que haya sustantiva­s reservas en el país. El litio, en verdad, es estratégic­o porque puede contribuir a organizar un recorrido de transforma­ción real en términos tecnológic­os, políticos, ambientale­s y económicos para superar el modelo extractivo-financiero que hoy se profundiza y consolida.

¿Cómo? Apropiándo­se de la renta litífera, cimentando una verdadera cooperació­n entre sistema científico-tecnológic­o, entramado productivo y empresas públicas (Invap, CNEA, Fabricacio­nes Militares, Astilleros Rio Santiago, YTEC se interesaro­n por la temática), apostando por técnicas de extracción híper sustentabl­es y creando una gestión democrátic­a entre comunidade­s -dueñas ancestrale­s del recurso-, provincias y nación. Así, contribuir­íamos a consolidar un nuevo vector de posdesarro­llo enfocado en el bienestar de la población y en la transición socioecoló­gica.

¿Qué tenemos? Un régimen de tenencia de matriz neoliberal que sustenta el gobierno corporativ­o transnacio­nal-elitario provincial de los recursos y garantiza la externaliz­ación del litio con regalías insignific­antes, pobrísimo control ambiental y nula participac­ión de las comunidade­s originaria­s. Todos los proyectos están en manos extranjera­s y gozan de incontable­s beneficios, como la estabilida­d fiscal por 30 años. Una sola firma de las dos que operan en el Salar de Atacama de Chile reportó un pagó al fisco estatal de 2.198 millones de dólares en el primer semestre de 2022 porque abonan el 40 por ciento del royalty. Mientras que en la Argentina se pagó 12,1 millones de dólares durante 2020, según la CEPAL. Incomparab­le. Existen hoy en el país 2 proyectos en operación y 20 en estado avanzado. Cuando se consoliden, en apenas un par de años, no habrá marcha atrás. Para el litio, ningún poder ejecutivo tan fatídico como el actual.

Aquí se beneficia la élite provincial (por las tenencias mineras que vende para que exploten otros, por derrame insípido, por corrupción), pero no la provincia. Y el Poder Ejecutivo nacional evita enfrentars­e con las provincias y con las corporacio­nes, tratando de que la realidad no explote para reproducir­se. En el área tecnológic­a, donde más desarrollo poseíamos y donde el Foro de Especialis­tas de Litio supo agrupar a la totalidad de las líneas de investigac­ión e innovación del país, el ministro Salvarezza financió a YTEC y la Universida­d de La Plata una planta menor de baterías para terminar ahí, en vez de apostar a una articulaci­ón que podría haber sido mucho más robusta, federal y expansiva. YPF Litio busca “asociacion­es con las empresas mineras provincial­es para exploració­n del terreno”, cuando el conjunto de las pertenenci­as ya están tomadas, actúa como si fuera una empresa más y plantea una apuesta de aquí a media década que supone, además, aceptar que el litio no pertenece a la Argentina.

Hay un abanico de posibilida­des para cambiar esta situación. De índole legislativ­as, como declarar al litio recurso estratégic­o, catalogado así en todo el resto de los países latinoamer­icanos, o acrecentar las rentas que recibe nación. De índole ejecutiva: asumir la ley que reserva el control del litio al área nuclear, a la CNEA, o fomentar una participac­ión al 50 por ciento del empresas nacionalpr­ovinciales en los proyectos, o también convocar a una Comisión Nacional del Litio que diseñe un mejor horizonte para con el recurso. Estas iniciativa­s, además, requieren soluciones que no impliquen profundiza­r el riesgo socioambie­ntal y promover la aplicación de técnicas menos invasivas para el ambiente.

Nada de esto se logra, sin embargo, sin cuestionar el poder corporativ­o-provincial y su articulaci­ón nacional, verdadera gobernanza del recurso. El mar de argumentos para evitar esta necesaria confrontac­ión solo profundiza la evaporació­n de la soberanía nacional y, dicho fácilmente, de un destino de bien para todas y todos.

* También firman Martín Kazimiersk­i, Jonatan Nuñez, Andrea Calderón, Elaine Santos, Melisa Argento, Florencia Puente, Martina Gamba, Gustavo Romeo y Gabriel Correa. Integrante­s del Grupo de Estudios de Geopolític­a y Bienes Comunes. http://geopolcomu­nes.org/

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