Un avión en el tablero geopolítico
La empresa reclama su “inmediata” devolución. El juez argentino dice tenerlo liberado, pero le abre el juego a Estados Unidos.
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Parece el cuento del Gran Bonete. ¿Yo señor? No señor. ¿Pues entonces quién lo tiene? El Gran Bonete. El avión venezolano de Emtrasur cumplirá la semana próxima ocho meses estacionado en Ezeiza. El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, afirma que él ya lo liberó, pero que hay un pedido de preservación preventiva de la aeronave, originado en un juzgado de Columbia, Estados Unidos.
La empresa y el gobierno de Venezuela sostienen que ya pasaron ocho meses y que está excedido el plazo de esa incautación preventiva, que, además, ni siquiera tiene que ver con un delito, sino con una infracción al régimen comercial norteamericano, algo totalmente ajeno a la Argentina. El gobierno nacional tampoco le pone un límite a la colaboración preventiva con Washington, marcándole al Departamento de Comercio y de Justicia de Estados Unidos que no hay ninguna causa judicial que justifique seguir reteniendo el Jumbo 747-300. Lo más grave de las últimas semanas es que el magistrado autorizó a una empresa designada por Estados Unidos, especialista en desguace y remate de aviones, a que haga el mantenimiento, como si el Jumbo ya fuera propiedad norteamericana.
El saldo de semejante embrollo es que, pese a que ya se determinó que no hubo delito alguno en la llegada del avión, que todos los tripulantes ya están en Venezuela e Irán, el aparato sigue sin devolverse a la empresa venezolana Emtrasur que, según la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), es la legítima dueña del Jumbo.
Un conflicto político
La única manera de entender lo que sucede con el avión es que se trata de una maniobra geopolítica, con la derecha norteamericana y la DAIA como protagonistas. De entrada hablaron de una operación de inteligencia, de contrabando, que alguno de los pilotos era terrorista y de otras versiones con las que llenaron las tapas y tapas de los diarios. No encontraron nada. Aun así apelaron la decisión de permitir que la tripulación vuelva a sus respectivos países. El 13 de septiembre la Sala III de la Cámara Federal de La Plata le ordenó a Villena que defina la situación y tras un demorado proceso, el 18 de octubre terminaron de salir de Ezeiza todos los tripulantes, 14 venezolanos y 5 iraníes.
En todos esos meses, ni la fiscal Cecilia Incardona ni Villena encontraron ningún delito. Aún así, el magistrado sólo les dicto una falta de mérito y no el sobreseimiento. De hecho, todos los tripulantes están en sus países, pero sin que se haya cerrado el expediente en su contra.
El 11 de agosto pasado, Villena ordenó la incautación del Jumbo porque un Tribunal del Distrito de Columbia pidió la retención del Boeing 747-300. El pedido fue de “incautación de un bien sujeto a decomiso”. Es decir, se trataba de una medida provisional, esperando que un juez norteamericano resuelva el decomiso. Amparado en la existencia de un tratado de cooperación judicial, el juez consideró que correspondía el aparato.
El cuestionamiento es que ya pasaron ocho meses desde que el avión llegó a la Argentina y los pedidos de esa naturaleza no son eternos. Los abogados de la empresa aérea venezolana, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, presentaron escritos durante estos meses y esta semana los reiteraron, pidiendo la inmediata devolución del avión ya que “no hay ninguna razón para que siga incautado”. Rusconi señaló: “De entrada había una sospecha de un ilícito de la tripulación. El juez ordenó infinidad de medidas de prueba. Y quedó claro que no hubo ningún ilícito. El avión ya no juega ningún papel en la causa penal. Lo único que están haciendo es generar daños al aparato, gastos para el Estado argentino y un reclamo ante la OACI en Canadá”.
Estados Unidos mete la mano
preservar
A lo largo de la tramitación se produjo un hecho llamativo. A pedido de la Unidad de Bienes Personales, División de Confiscación de Bienes, Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, el juez Villena aceptó la contratación de una empresa con sede en Fort Lauderdale, Florida, para realizar “tareas de mantenimiento”. La medida de Villena fue apelada ante la Cámara Federal de La Plata por Emtrasur. Rusconi y Palmeiro sostienen que Emtrasur debe mantenerlo y evitar que siga el deterioro. El otro dato llamativo es que la empresa norteamericana se especializa en incautaciones de aeronaves y no registra antecedentes en mantenimiento sino en comercializar y vender naves decomisadas. Los norteamericanos subcontrataron a una empresa argentina, proveedora de Shell.
El pedido norteamericano no se origina en un delito penal sino en una infracción a las normas comerciales de EE.UU. Un bien –un avión– fabricado en el país del Norte no puede ser transferido sin el visto bueno del Departamento de Comercio y para eso existen restricciones: por ejemplo, Mahan Air, la empresa iraní original del avión, no estaba autorizada a venderlo a la venezolana Emtrasur. Y la autorización no iban a dársela porque Estados Unidos afirma que Mahan le suministró material militar u oro a la organización libanesa, pro-iraní, Hezbollah. Sobre eso no se presentaron evidencias ni existe una causa. Sólo una objeción comercial. Por eso, sólo interviene el Departamento de Comercio.
Pero más allá de la trama entre EE.UU., Irán y Venezuela, lo cierto es que no se cometió ningún delito en Argentina. Y, por lo tanto, si no se presenta evidencia y un pedido sólido de decomiso, transcurrido un tiempo lógico, el Jumbo debió ser liberado. Cuando se habla de aviones, tenerlos parados tiene un alto costo, ocho meses es más que el tiempo lógico.
¿Yo señor? No señor
Lo cierto es que el avión que llegó al país el 6 de junio de 2022 sigue en Ezeiza. El juez podría permitir que vuelva a Emtrasur con un embargo preventivo, o sea con impedimento de venderlo. Y seguramente hay otras medidas posibles y menos gravosas que tenerlo parado. También hay áreas de conflicto en el horizonte:
■ Argentina puede considerar que el caso del avión amerita denegar la asistencia porque se refiere a un delito político, contemplado en el tratado con EE.UU. ■ Venezuela podría reclamar en tribunales internacionales, pero está tratando de preservar la relación con Alberto Fernández.
Y también hay dos factores en juego. La Casa Blanca ya no está en una actitud tan beligerante con Nicolás Maduro como Donald Trump. Y el Boeing no tiene un real valor económico. Es un avión viejo, en desuso, caro, que sólo puede ser utilizado por un país
El cuestionamiento es que ya pasaron ocho meses desde que el avión llegó a la Argentina y los pedidos de esa naturaleza no son eternos.
El magistrado autorizó a una empresa designada por EE.UU., especialista en desguace y remate de aviones, a hacer mantenimiento.
como Venezuela que cuenta con combustible barato. Para Venezuela fue importante para buscar vacunas.
Por lo tanto, el caso tiene mucho –casi todo– de emblema político. No tiene lógica ni judicial ni comercial. Y, además, parece rancio, desgastado, porque la bandera antivenezolana y antiiraní quedó en la nada desde el momento en que la justicia argentina admitió que no hubo ningún delito en la llegada del avión al país.