Precios Justos en versión 3.2
Se busca reducir la inflación con una pauta de aumento mensual del 3,2 por ciento.
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El Gobierno presentará este viernes una ampliación del programa Precios Justos, que constituye una herramienta central en el dispositivo del Ministerio de Economía para encarar la disputa para bajar la inflación de cara al año electoral. El programa va a ampliarse en 50 mil productos de diversos sectores del consumo popular, con una pauta de aumento mensual del 3,2 por ciento hasta el 30 de junio. Así, el Ejecutivo busca moderar las expectativas inflacionarias, que están todavía bastante por encima de esa pauta. Se espera que la inflación de enero se ubique entre el 5 y el 6 por ciento.
La presentación de la nueva etapa de Precios Justos se realizará a las 11.30 en el Centro Cultural Kirchner (CCK), con la presencia asegurada del secretario de Comercio, Matías Tombolini, y del ministro de Economía, Sergio Massa. También se espera la participación de los referentes de las cadenas de supermercados y de la industria alimenticia.
Herramienta
Precios Justos fue lanzado en noviembre pasado, como una forma de renovar la confianza en los acuerdos de precios, luego de que la eficiencia de Precios Cuidados cayera paulatinamente en los últimos años. El nuevo programa contempló el congelamiento de los precios de 1788 artículos de consumo masivo hasta marzo, con la participación de 102 empresas de todo el país.
Además, las compañías participantes se comprometieron a no subir los precios de los productos no incorporados al listado oficial por encima del 4 por ciento, de modo de comenzar a marcar la cancha de las expectativas inflacionarias en general. También se fueron incorporando otros productos, como combustibles, con la pauta del 4 por ciento mensual hasta marzo.
Ahora, el Gobierno busca adelantarse al cierre de aquel convenio, previsto para fines de febrero, y extender el horizonte temporal hasta el 30 de junio mientras reduce la pauta, de 4 por ciento a 3,2 por ciento. “La mejora de las condiciones macroeconómicas permiten bajar el incremento previsto”, explican en la Secretaría de Comercio.
En esta nueva etapa, la pauta de 3,2 por ciento mensual va a ser bastante más abarcativa que la anterior, ya que la cantidad de empresas se eleva hasta 480 en 15 sectores de la economía, no solamente los artículos esenciales de la canasta básica. Por ejemplo, va a incluir rubros como la canasta escolar, calzado, indumentaria, materiales para la construcción, artículos del hogar, celulares, bicicletas y motos.
Por el lado de los casi 2 mil productos cuyos precios quedaron fijos al ingresar al programa, en noviembre, ahora la idea es que dichos artículos puedan salir y entrar de acuerdo a las necesidades de las empresas. En este punto será muy importante que el Gobierno tenga estrecho control de la situación para evitar fuertes subas de precios en artículos que luego entran al “congelamiento”, así como los incrementos desmedidos en aquellos bienes que salen del listado.
Controles
La renovada apuesta sobre Precios Justos aparece en medio de las dificultades en el cumplimiento del acuerdo por parte de las empresas participantes, que motivó al Gobierno a movilizar a las organizaciones sociales para que fiscalicen la situación en las góndolas.
De acuerdo a los últimos datos de la Secretaría de Comercio a los que accedió PáginaI12, el Gobierno detectó que en el 88 por ciento de los casos, los precios acordados se respetan en góndola, mientras que en un 81 por ciento se mantiene el “sendero” del 4 por ciento mensual que se negoció para los productos que están fuera del acuerdo. En el ca
La pauta del 3,2 va a ser abarcativa, ya que la cantidad de empresas sube a 480 en 15 sectores de la economía.
so de presencia de señalética, el cumplimiento es del 75 por ciento. Sin embargo, el tema más sensible, del abastecimiento en góndola, se respeta en un 61 por ciento de los casos.
Para las organizaciones sociales que están realizando relevamientos, el grado de cumplimiento es mucho más bajo en el conurbano bonaerense y en varios casos Precios Justos es directamente inexistente en el Interior del país.
La medida aparece en medio de dificultades en el cumplimiento del acuerdo por parte de las empresas.