Una competencia fuera de tiempo
De Bullrich a Milei, piden sanciones porque se adelantaron al cronograma electoral cuyo inicio está previsto el 24 de junio.
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De Patricia Bullrich a Javier Milei y de Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta a Juan Schiaretti la justicia abrió una investigación por “campañas anticipadas”: lanzamientos con eslogan, sello partidario y cargo aspiracional antes del tiempo regulado por el calendario electoral, según el cual la competencia empieza el próximo 24 de junio. Carrera que en todos estos casos empezó antes como el caso del aspirante a presidente de la ultraderecha que arrancó con las primeras gráficas en mayo de 2022. Lo que se investiga es la competencia desleal no sólo contra otros aspirantes sino contra las y los votantes que no tienen a todas las ofertas al mismo tiempo. El sistema naturalizado desde hace años, permite que la tarasca regule la centralidad de candidatos: se impone el que tiene más nafta y aparato para soportar, extendiendo además una suerte de campaña permanente que altera todas las reglas de juego.
La denuncia la hizo un ciudadano llamado Emiliano Martín Rodríguez en el mes de abril, y está en manos del fiscal Ramiro González y del juzgado con competencia electoral de María Servini. Uno de los casos más documentados es el de Patricia Bullrich, precandidata a presidenta del PRO. Según la presentación, vive al tope del rating con una campaña extendida desde mediados de 2022. Aunque no suele presentar en sus gráficas el clásico “votame”, usa el sello partidario y su cargo aspiracional en todo tipo de formato. Desde las plataformas digitales como Twitter, Instagram, Facebook, YouTube hasta la gráfica clásica: pintadas, volantes, publinotas y afiches en autopistas o paredones. El 16 de julio de 2022, por ejemplo en una de las primeras, anunció su presencia en Entre Ríos. “Patricia va a tu lugar”, decía la gráfica. “Te invitamos junto a Patricia Bullrich en su visita a Paraná”. Anótense, congregó el cartel que incluyó: Patricia Bullrich - Presidenta.
También recuerda otro episodio de febrero de 2023. Una entrevista en TN en la que ella apareció nuevamente “asumiendo una clara postura de candidata a Presidenta 2023”. Allí mencionó: “Si la gente me elige como presidenta, el orden va a ser mi meta”. Poco después, en marzo, hizo una gira registrada en el portal Noticias de Necochea que dio cuenta de una conferencia de prensa en la sede del club Náutico convocando a lo que llamaron “Mesa Patricia Bullrich 2023” en apoyo a su carrera a la presidencia.
“Amén de los casos expuestos –prosigue el escrito–, cabe señalar que en las redes sociales de comunicación masiva se encuentran cuentas con muchísimos videos que son de público acceso (muchos con pauta de difusión) y demuestra el inicio de la Campaña Electoral” por parte de la ahora “expresidenta del PRO”. Según Rodríguez, “no hace falta que explícitamente cada publicación o intervención pública de la aquí denunciada consigne las expresiones ‘vótenme’ o ‘quiero ser presidente’ ya que desde el momento que la interesada públicamente dio a conocer su intención de ser Candidata (...) su actividad política pasa a ser la de captación de votos”.
Morales infringió la regulación por lo menos desde su lanzamiento del Gran Rex en el temprano 15 de marzo, con símbolo y eslogan: “Gerardo Presidente. Demos vuelta la Argentina”. Larreta no usa habitualmente el sello del PRO, dice el texto, pero no le hace falta porque su sola figura “demuestra la pertenencia al sello del partido”. A partir del 23 de febrero, también él reveló la categoría a la que aspira con el lanzamiento muy publicitado en la Patagonia. “Quiero ser presidente”, dijo. Milei, en tanto, es uno de los que sostuvo la carrera más larga y primereó en mayo de 2022. Ya entonces exhibió sello de partido, símbolo del león y su aspiracional: “Javier Milei Presidente 2023”.
“Se observa una verdadera competencia desleal”, dice la denuncia y sostiene que eso “promueve el gasto de campaña sin control: al estar fuera de la campaña electoral y desarrollarse fuera de la formalidad de los partidos políticos, todos los gastos que demanda la actividad” “están fuera del control legal que tienen los partidos políticos para el financiamiento de campaña y sus respectivos gastos”.
De la denuncia se desprenden dos datos. Uno, las penalidades. Desde la obligación de cesar en las campañas, una obligación que debería resolverse antes del 24 de junio para no quedar en el vacío hasta el pago de una multa. El otro tema es la discusión más amplia acerca de qué es una campaña política, dato que la denuncia también busca definir, y corrobora. El financiamiento es monitoreado por la Cámara Nacional Electoral. Y los partidos deben dar cuenta de los gastos de campaña, incluido estos anticipos. Nadie lo hace. ◢
“Nosotros, la familia Mitre, estamos unidos en la lucha contra esta estafa. Y vamos a seguir diciéndoles ladrones a los ladrones”, afirma Esmeralda Mitre, una de las herederas del grupo La Nación, en diálogo con PáginaI12. Hace unos días, ella recibió una carta documento que pretende ponerle un bozal e impedir que siga denunciando la existencia de una maniobra para quitarle las acciones tanto del matutino como del canal La Nación+. Sucede que un apoderado del fallecido Bartolomé Mitre, padre de Esmeralda, fue descubierto en una reunión con los directivos de La Nación, lo que muestra un contubernio para sacar de la cancha a los verdaderos herederos del fundador del diario centenario. Es público y notorio que Bartolomé Mitre era el director y accionista mayoritario del grupo hasta su fallecimiento en 2020. Pero, repentinamente, se argumenta que existe una sociedad KMB S.A. propietaria de gran parte de las acciones del grupo La Nación y, a su vez, dos fideicomisos en Nueva York, a los que presentan como dueños de KMB S.A. Todo se creó a partir de sociedades, operaciones y dinero que circuló por bancos de Islas Vírgenes y el Peñón de Gibraltar, más que sospechados como paraísos fiscales. O sea, dueños misteriosos, que la Inspección General de Justicia (IGJ) desconoce y sobre los cuales no se aportó ninguna documentación. Por lo tanto, la IGJ reconoce a Esmeralda Mitre, sus hermanos y una tía como dueños de gran parte del grupo La Nación. Sin embargo, quienes conducen el diario y el canal, la familia Saguier y sus socios, le exigen silencio a la actriz, carta documento mediante, y que no siga denunciando que, a sus espaldas, se teje el plan para desplazar a la línea de los históricos dueños del matutino y, por supuesto, consolidar la alianza con el PRO.
En la historia de los últimos 20 años se produjeron episodios que sólo se explican por las complicidades políticas, económicas y judiciales:
■ Cuando el diario La Nación estaba en una gravísima crisis recibió un asombroso crédito de 50 millones de dólares. Es obvio que los Saguier no tenían ni poder económico ni respaldo para conseguir esos fondos. Esmeralda piensa que el dinero vino del Grupo Clarín.
■ El rastreo de ese dinero exhibe la oscuridad de la maniobra. Los 50 millones de dólares pasaron por un banco de las Islas Vírgenes y luego terminaron en otra entidad financiera del Peñón de Gibraltar. Nunca estuvo clara la forma en que se hicieron entrar los fondos en Argentina para pagar