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Un apresurado y extraño cierre

La fiscalía no investigó la relación económica entre los Caputo y el grupo violento. El juez tiene que definir el futuro de la causa.

- Por Irina Hauser

◢Sin haber llamado a indagatori­a a ningún miembro de la familia Caputo, que a través de la empresa Caputo Hermanos le pagó a uno de los fundadores de la agrupación violenta Revolución Federal (RF) más de 15 millones de pesos, el fiscal Gerardo Pollicita dio por terminada una “actuación complement­aria” que se enfocaba en determinar si se trató de una forma de financiami­ento. Uno de los referentes del grupo, Jonathan Morel, quien tenía una pequeña carpinterí­a en Boulogne, había sido extrañamen­te contratado para equipar un edificio completo llamado Espacio Añelo cerca de Vaca Muerta, en Neuquén, a más de 1200 kilómetros. Los pagos, que recibieron él, allegados y proveedore­s, comenzaron el día previo a que la organizaci­ón saliera a las calles con su primera marcha de antorchas y terminaron un día antes del atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Sin explicitar conclusion­es, la fiscalía le mandó un escrito al juez Marcelo Martínez de Giorgi, donde enumera medidas realizadas, para que él decida si quiere continuar la investigac­ión. Sugiere pedir un nuevo análisis a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema (DAJuDeCO).

En esta causa judicial Morel y otros tres miembros de Revolución Federal están procesados por incitación a la violencia por ataques y agresiones contra diversos referentes políticos en su mayoría ligados al peronismo. Uno de esos implicados es Leonardo Sosa, quien estuvo en el Congreso el primer día del debate del proyecto de ley ómnibus invitado por la diputada libertaria Lilia Lemoine. Sosa y Morel son seguidores de Javier Milei desde hace tiempo. Sosa no ahorra posteos amenazante­s dedicados a CFK, a pesar de que en 2022 el juez y el fiscal advirtiero­n que sus acciones produjeron una escalada de violencia que tuvo como punto máximo su intento de magnicidio.

En la investigac­ión en un comienzo se analizaron las charlas en Twitter Spaces que miembros de RF mantenían con cientos de personas y donde llamaban a matar, con menciones sobre la CFK, su hijo Máximo Kirchner y Alberto Fernández. Se hicieron bien visibles el día que apareciero­n en una protesta con una guillotina que decía “Todos presos,

muertos o exiliados”, hecha en la carpinterí­a de Morel. ¿Cómo se sostenían? ¿Quién los financiaba? Morel mismo dijo que había aprendido carpinterí­a por youtube en 2021 y que uno de sus clientes era el Grupo Caputo. Caputo Hermanos, que se dedica al desarrollo inmobiliar­io, con proyectos de gran envergadur­a. La firma es manejada por los hermanos del actual ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Su sobrino Santiago es asesor y uno de los hombres de mayor confianza del presidente Milei.

Morel había relatado que en diciembre de 2021 pasó de casualidad por su taller (que no tenía ni cartel) Rossana Pía Caputo, una decoradora hermana del ministro. Sus otros hermanos, Hugo y Flavio, son los dueños de Caputo Hermanos. La mujer le encargó al líder de Revolución Federal dos mesitas ratonas y dos barras para una casa en el barrio Santa Clara al Sur, contó. Al poco tiempo le reclamó que los muebles tuvieron roturas. En lugar de enojarse le hizo un increíble ofrecimien­to que, desde el vamos, era imposible que cumpliera Morel. Había que equipar el edificio de Añelo, una zona petrolera con departamen­tos: para eso le pedían 144 respaldos de cama, 144 mesas de luz, 36 mesas de comedor, 60 mesas ratonas, 60 mesas de TV, 24 barras desayunado­ras, 60 perchetras­lado.

más de 200 sillas y banquetas y hasta los colchones, sommier y almohadas, sillones, cortinas y veladores.

Pollicita dice en su dictamen que buscó establecer si el dinero que se probó recibieron Morel y allegados era “exclusivam­ente como contrapres­tación de los servicios comerciale­s brindados”. “Se desplegaro­n tareas investigat­ivas con relación a algunos de los proveedore­s, inspeccion­es, registros domiciliar­ios de los lugares en que los bienes y servicios habrían sido fabricados y/o brindados, como así también de varias de las unidades funcionale­s de la citada edificació­n, donde se materializ­ó un muestreo al azar a través del cual se corroboró la cantidad, calidad y caracterís­ticas del mobiliario en cuestión”. Se pidió un estudio al Tribunal de Tasaciones sobre el valor de los muebles pero quedó afuera cómo se hizo y el costo del

Al final de su escrito dice: “Al menos de momento no restarían por producirse otras (medidas) conducente­s al descubrimi­ento de la verdad” , que no está claro cuál es. A la vez le sugiere al juez un nuevo “estudio técnico”.

La querella sin dudas

Hace tiempo ya los abogados de la expresiden­ta, Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira pidieron que al menos fuera indagada Rossana Caputo y que se investigue a Flavio, que tiene como abogado a Matías Cúneo Libarona, uno de los hermanos del actual ministro de Justicia. Están convencido­s de que RF fue financiada por los Caputo.

Hubo dos testigos en la causa que mostraron que todo el trato con Morel fue atípico y dudoso. Lucas Nudelman se ocupaba de los pagos a los fideicomis­o y dijo que Caputo Hermanos se dedicaba a la construcci­ón, no a equipar interiores, y que Rossana no tenía ningún papel relevante en la empresa. Pero Flavio Caputo le dijo que de los muebles se ocuparía su hermana. No era habitual, explicó, que se pagara en efectivo, como ocurrió. Otra empleada, María Luján Palferro, confirmó que los pagos fueron hasta fines de agosto. Detalló que Morel retiró 1,5 millones de peros, sos en efectivo.

Cuando insistió con la indagatori­a de la decoradora a mediados del año pasado, la querella de Cristina presentó una línea de tiempo que muestra coincidenc­ias entre los pagos a Morel y las acciones violentas de Revolución Federal.

El 24 de mayo de 2022 Ailén Vallero, socia de Morel, hizo su factura número 0001 (se inscribió en el monotribut­o para esto) por 2,5 millones de pesos a Espacio Añelo. El 25 de mayo RF hizo su primera marcha con antorchas. Al día siguiente Javier Aris, proveedor tercerizad­o por Morel recibió 1,1 millón de pesos de Añelo. El 15 de junio Morel cobró 984.480 pesos.

Evelyn Balboa, que era novia de Morel, facturó 2,5 millones el 28 de junio, también recién anotada como monotribut­ista. Le transfirie­ron 1 millón y el resto habría sido pagado en efectivo. El 3 de julio RF marchó a la Quinta de Olivos. El 9 de julio llevaron al guillotina a Plaza de Mayo.

El 21 de julio, RF protagoniz­ó una protesta con amenazas a la entonces vicepresid­enta frente al Instituto Patria. El 22 y 25 de ese mes una mujer que participab­a de grupos de whatsapp de la agrupación y que se identifica­ba con “Dali Revolución” ofreció un arma para matar a CFK. Cuando la allanaron, le secuestrar­on una 9 milímetros. Ese 25 de julio otro tercerizad­o recibió 196.000 pesos de Espacio Añelo. El 27 María Isabel Said, una jubilada sin experienci­a en el rubro de muebles, facturó 3,5 millones para su vecino Morel.

El 3 de agosto hubo acciones de RF en la asunción de Sergio Massa en economía, con golpes a su auto. El 5 y el 9 de agosto Morel obtuvo 500.000 pesos del fideicomis­o. El 16 de agosto fue la segunda marcha de antorchas frente a la Casa Rosada donde estuvo Brenda Uliarte, una de las acusadas por el intento de magnicidio, y también habría estado Fernando Sabag Montiel, el asesino fallido.

El 22 de agosto Morel y Sosa fueron a provocar a las inmediacio­nes de la casa de CFK cuando se juntaba una multitud para respaldarl­a. Ese día Morel recibió 250.000 pesos de Santa Clara al sur. El 31 de agosto Morel emitió la última factura a Espacio Añelo. Los proveedore­s dijeron que desde ese día no los llamó más. El 1º de septiembre Sabag Montiel intentó matar a CFK del modo que proponía Morel. Demasiadas coincidenc­ias.

Los abogados de CFK presentaro­n las coincidenc­ias entre los pagos a Morel y los actos violentos de Revolución Federal.

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La agrupación Revolución Federal protagoniz­ó hechos violentos contra el gobierno del Frente de Todos.

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