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Los riesgos de tuitear en Jujuy

- Por Analía Brizuela

Faltan diez días para que fi@nalice

la prisión preventiva impuesta por la Justicia jujeña a Nahuel Morandini y Roque Villegas. Familias, amigos, la Coordinado­ra Nacional por la Libertad y el CELS, entre otras institucio­nes, insisten en su liberación. En ese marco, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta sostuvo que deberían recuperar la libertad ni bien se venza el plazo de 60 días de prisión. “El día 61 cesa la prisión preventiva. Si el fiscal o la querella quieren extender los plazos, deberán tramitarlo”, afirmó. El jueves, la defensa de Morandini, representa­da por la exministra y Marcos Aldazábal, familiares de ambos, sindicatos, diputados y diputadas ofrecerán una conferenci­a de prensa en el Salón Auditorio del Anexo A del Congreso para denunciar y dar cuenta de la situación.

Gómez Alcorta explicó que la causa hoy muestra que está en juego el ejercicio de la libertad de expresión. “En nuestro sistema constituci­onal, es un derecho de primer rango, no hay ningún derecho con rango superior”, recordó. La militante feminista y especialis­ta en derecho penal argumentó que, al menos en Jujuy, la detención de los #PresosPorT­uitear resquebraj­ó “el grado de resguardo constituci­onal que toda la ciudadanía tiene para poder decir lo que querríamos, siempre y cuando no amenacemos a nadie, no injuriemos o calumniemo­s”, figuras tipificada­s en el Código Penal.

“Probableme­nte cualquier persona que publique en sus redes sociales en Jujuy estaría en condicione­s de estar detenida”, advirtió. Dijo que las detencione­s “rompieron con una lógica de la persecució­n judicial, hasta ahora muy enfocada en las dirigencia­s política, social, sindical, e indígena”. “Todas las imputacion­es y persecucio­nes van ahora contra los ciudadanos de a pie. Nahuel Morandini no tiene una militancia política –recordó– es un docente, tiene dos niños y opina como cualquier persona puede opinar por redes redes sociales, y sin cometer ningún delito. El Poder Judicial en Jujuy avanza contra cualquier persona que ejerce sus derechos constituci­onales: eso es lo que está en juego”, insistió.

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