Trama narco y poder político
La abogada rosarina ofrece alternativas frente al punitivismo que sólo castiga a los eslabones más débiles de la cadena delictiva.
En los últimos 15 días el asesinato al azar de dos taxistas, un colectivero y un playero en sus lugares de trabajo sumieron a Rosario en un estado de duelo y alarma. Algo cambió. Lo que algunos describen como un corrimiento de la frontera de “lo matable”, otros resumen como la sensación de que “te pueden balear en cualquier momento”. En los barrios del centro temen que los crímenes empiecen a concretarse en las zonas más acomodadas de la ciudad y al azar. En la periferia, las disputas territoriales entre bandas de narcomenudeo, con muertes incluidas, son parte del paisaje.
Matilde Bruera es abogada especializada en DD.HH., titular de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Rosario y legisladora provincial con mandato cumplido. Por su experiencia de 15 años como Defensora Pública en Rosario es alguien que puede dar cuenta de lo atraviesa esta ciudad más allá de la espectacularización de la guerra contra el “narcoterrorismo”. Sobre todo, en momentos como éste, en los que la intervención de las fuerzas federales y la militarización se presentan como solución final. Bruera ofrece una alternativa a las miradas que sólo castigan a los últimos eslabones de la cadena comercial y delictiva, y hacen la vista gorda ante los que grandes beneficiarios del negocio.
“La policía regula el narcotráfico a través del Poder Judicial”, dice Bruena, con una comprensión del asunto capaz de abarcar los vínculos que van desde la triangulación entre narcomenudeo y fuerzas policiales, pasando por otras complicidades menos obvias: las financieras, las empresas portuarias, los bancos, las constructoras o los fondos de inversión donde desagota el dinero que proviene del mercado de las sustancias ilegales.
–Si los crímenes y otros delitos relacionados con el narcomenudeo son en Rosario asunto casi diario, ¿qué cambió para que la situación actual se interprete como particularmente crítica?
–La tasa de homicidios rosarina triplica la media nacional. Si bien ha tenido períodos de amesetamiento, luego ha vuelto a crecer. Pero la sensación del rosarino (y también la realidad) es que esto pasaba en ciertos barrios de la ciudad, y que eran peleas territoriales de bandas de narcos. Sobre todo a partir de que fueron presos algunos jefes de las bandas. Eso desorganiza a las bandas, que empiezan a disputar espacios. La gente del centro vivía esto como algo ajeno y lo sufrían las personas que habi
taban esos barrios. Pero por lo que pasó en los últimos 15 días la sensación del rosarino ahora es que te pueden matar en cualquier momento y en cualquier lugar.
–¿Qué opina de la hipótesis de que el disparador esta vez fueron represalias contra presos vinculados con las bandas narco?
–Desde que asumió, el gobernador Pullaro se dedicó a hacer publicidad de una política de seguridad al estilo Bukele, sobre todo en lo que hace al control de las cárceles, desde donde se planean muchos de los atentados de los que venimos hablando. Las cárceles son de por sí problemáticas por el alto grado de hacinamiento y de corrupción. En los últimos 10 años se triplicó la cantidad de presos que las habitan. Se vienen topar.
mando medidas que bajo la pretensión de ordenar las prisiones, las terminaron de desordenar, y eso repercutió en las calles. Con la imitación publicitaria de bukelismo, cortaron las visitas, los víveres, etc. Esas medidas generan violencia, porque en definitiva todo circula igual o peor, favorece los actos de corrupción del propio servicio por carriles ilegales. Parte de la explicación sobre los asesinatos de trabajadores en las calles rosarinas hay que buscarla en estos graves errores.
–¿Qué otros elementos se deberían considerar?
–Los dos homicidios de los taxistas fueron ejecutados con un arma policial, la misma en ambos hechos, y balas policiales. En los dos homicidios les dejaron una zapatilla a cada una de las víctimas y ambas del mismo Los autores eran los mismos. Y luego balearon la seccional policial 15. Entonces es posible pensar que se trata de una interna policial de sectores corruptos que están reclamando participación en la recaudación. En Rosario, las bandas de tráfico de drogas son narco-policiales, según lo ha acreditado la justicia en casi todas las causas más importantes. O bien, hay un tráfico de armas desde ámbitos policiales hacia el narcotráfico. La ley que se aprobó en diciembre pasado, para pasar el narcomenudeo a la Justicia Provincial, ha potenciado el manejo de cajas de recaudación ilegal. Es muy difícil no leer todos los homicidios de inocentes como un mensaje al poder político.
–¿Cuál sería la relación entre la ley de narcomenudeo y la activación de una nueva caja?
–Todos los delitos vinculados al tráfico de drogas eran de competencia de la Justicia federal: lo controlaban los fiscales y jueces federales. Con la nueva ley, se pasan a la provincia los delitos de ventas minoristas, o micromenudeo, los cuales los empiezan a trabajar exclusivamente la policía local con los jueces y fiscales de la provincia, es decir, se les entrega el control del comercio minorista de drogas a una policía que tiene amplios sectores de corrupción. Esa policía no ha sido depurada y a partir de la provincialización adquieren el manejo exclusivo del comercio minorista, que es el que en definitiva termina en las financieras locales y se lava en inversiones diversas.
–¿Por qué suele decir que en Rosario “la policía regula el narco a través del Poder Judicial”?
–Meten presos a los que están en la última cadena de distribución, es decir, el narcomenudeo. Cuando fui defensora pública federal, de los casos que entraban al Tribunal Federal, la defensa pública tenía entre el 85 y el 90 por ciento. Los que llegan a los tribunales son todos pobres, no pueden acceder a defensas privadas. Como a alguno tienen que llevar preso, la policía lleva presos a los que son fungibles.
–Se habla de “las hormigas pero no se habla del hormiguero”, se dice en relación a que no se investiga la ruta de ese dinero.
–En Rosario no hay ninguna duda de la relación con las financieras. Acá hay algunos financistas muy conocidos investigados. Pero son excepciones. No se investiga la ruta del dinero narco y de las bandas locales, solo caen presos los últimos eslabones de la cadena. De vez en cuando cae alguno más importante.
–Y las financieras, al fin y al cabo, son intermediarios…
–La plata pasa por ahí pero va a negocios privados o a los bancos. Hay bancos lavadores de los negocios narcos. Hay una cantidad de inversiones en Rosario, sobre todo inmobiliarias, cuyo origen nunca ha sido controlado. Puerto Norte es una zona sobre el río donde hicieron un montón de edificios violando todas las normas del código de construcción. Privatizaron la costa para hacer edificios “de categoría” que están vacíos.
“Lo que está pasando es un mensaje trágico hacia las autoridades provinciales a través del asesinato indiscriminado de personas.”
–¿Y la complicidad del sistema judicial?
–Es imprescindible. Pero también hay que mirar la legislación civil. Las modificaciones que Mauricio Macri propuso para la ley de Sociedades fueron pensadas para facilitar el lavado. Los Monos aprovecharon esas sociedades de acción simple para lavar. Acá empezaron en el 2011, con las concesionarias de autos. Se suele escuchar en relación a este tema frases como “el Estado se retira para que el narco actúe de forma paralela”. En verdad, actúa de forma oficial. El Poder Judicial y político actúan de forma oficial.