Desesperado por mostrar la vocación de colonia
Después de haberse trasladado hasta Ushuaia para reunirse con la jefa del Comando Sur, el Presidente participó de otro acto con la militar norteamericana para ratificar su total sumisión.
creces. Primero congeló varias obras chinas en territorio argentino, como las represas de Santa Cruz. Y, luego, anunció públicamente su alineamiento político absoluto con los Estados Unidos.
“Quiero anunciar una nueva doctrina de política exterior para Argentina. Definir alianzas estratégicas es un elemento central de una política exterior inteligente. Pero estas alianzas no pueden estar basadas simplemente en intereses económicos, tienen que estar ancladas en una visión común del mundo”, advirtió Milei, en un mensaje que tenía por doble destinatario al gobierno norteamericano y al chino (las dos potencias que disputan geopolíticamente la región). “Con nosotros se inaugura una nueva época de las relaciones de Argentina con el mundo. Nuestra alianza con los Estados Unidos, demostrada a lo largo de estos primeros meses de gestión, es una declaración para el mundo de que, luego de décadas de discursos rimbombantes y pactos espurios,
la Argentina ha decidido retomar el rol protagónico que nunca debió abandonar”, celebró.
El discurso de Milei se celebraba pocas horas después del anuncio de su intención de sumar a Estados Unidos en la construcción de una base naval –que es, más bien, un puerto militar– en Ushuaia. Esta base ya había comenzado a ser construida durante el gobierno de Alberto Fernández y, según cuenta su exministro de Defensa Agustín Rossi a PáginaI12, la iniciativa era un viejo proyecto de las Fuerzas Armadas hace más de 15 años: “Era un proyecto estratégico para la geopolítica de nuestro país porque sería el puerto militar más austral del mundo. Nosotros llegamos solo a realizar las tareas preliminares con Jorge Taiana, pero siempre imaginamos que la base tenía que ser construida por la Argentina y operada exclusivamente por las Fuerzas Armadas argentinas”, precisó Rossi, haciendo hincapié en la importancia de no compartir
aquel punto estratégico con ningún otro país.
El gobierno nacional, en cambio, defendió el involucramiento de los Estados Unidos en la base. “La base naval integrada convierte a la Argentina y Estados Unidos en la puerta de entrada al continente blanco. Esto es parte de nuestra integración al mundo occidental y desarrollado, para afianzar nuestra soberanía ante la invasión de buques extranjeros que durante años tuvieron vía libre para depredar nuestro mar”, explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. El resto del arco político opositor, sin embargo, no terminó compartiendo esta curiosa asociación entre “soberanía” y “base naval integrada con Estados Unidos”.
Relaciones carnales 2.0
“Es una locura”, afirmaron a este diario varios dirigentes de Tierra
del Fuego, peronistas y radicales. La posibilidad de construir una base naval junto a Estados Unidos en uno de los puntos más estratégicos del país llevó a todo tipo de recriminaciones, desde llamar “cipayo” al presidente a plantear que se podría impulsar un juicio político. Diputados fueguinos de Unión por la Patria, por un lado, presentaron un proyecto de resolución exigiendo la presencia del ministro de Defensa, Luis Petri, para que brindara detalles sobre el tema. El senador radical, Pablo Blanco, mientras tanto, repudió públicamente el anuncio de Milei y adelantó que presentaría un proyecto para citar a la canciller Diana Mondino a que compareciera a la comisión de Defensa del Senado para explicar en qué consistía “el nuevo rumbo” de la política exterior argentina.
“Se discute si Milei lleva adelante esta bochornosa sobreactuación por fanatismo ideológico o por necesidad de que le ingresen urgentemente 15 mil millones de dólares que, de no llegar, significaría que el plan económico de él y Caputo se derrumbaría a pedazos. Yo creo que lo hace por esta última razón. Pero en cualquier caso se está comportando como gerente de una factoría y no como presidente de una Nación”, cuestionó, por un lado, el diputado Leopoldo Moreau. Se sumó, además, el expresidente Alberto Fernández: “Temo que el Presidente no tomó nota ni del fin de la Guerra Fría ni de la geopolítica que hoy se observa en el mundo. Su servilismo es humillante. Creo que nadie le pidió tanto. Ni las autoridades de los Estados Unidos”.
La mayoría de las críticas, sin embargo, giraron en torno a la advertencia de que cualquier operación militar extranjera en el país tenía que pasar, antes, por el Congreso. “Una base militar integrada en el sur requiere de una autorización del Congreso y de una exhaustiva explicación de los intereses que se pretenden así como la no vulneración de nuestra soberanía”, advirtió, por ejemplo, el senador chubutense Carlos Linares, a lo que se sumaron otros legisladores de UxP. El argumento es que el artículo 75 de la Constitución determina que el Congreso es el único poder que puede autorizar
Dirigentes de la oposición advirtieron que cualquier operación militar extranjera en el país tenía que pasar, antes, por el Congreso.
el ingreso de tropas extranjeras al país, por lo que la construcción de una base naval combinada debería ser aprobada como una ley.
Está, además, la experiencia de la construcción de la estación espacial china en Neuquén, que cumple funciones científicas pero que el embajador Stanley había deslizado, en una entrevista con La Nación, que habilitaba operaciones de las fuerzas armadas chinas. Si bien senadores de UxP –y hasta el propio Adorni– advirtieron que la estación especial cumplía solo funciones de investigación, no militares, incluso en este caso tuvo que intervenir el Congreso: fue la Ley 27.123, sancionada en 2015, la que vino a aprobar el convenio entre Argentina y China que habilitó la construcción de una estación de espacio lejano en la provincia. Es decir que, sin el acompañamiento de otras fuerzas políticas en el Congreso, la base naval compartida no podrá ser.
◢Las próximas boletas del servicio de agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires, cuya gestión está a cargo de Aysa, comenzarán a llegar con muy fuertes aumentos, del orden del 209 por ciento, determinó el Gobierno. La medida implica un nuevo impacto en el tan castigado bolsillo de los hogares y suma presión en la inflación de abril. Además, a partir de junio las tarifas de Aysa se irán actualizando mensualmente por una fórmula que combina inflación y evolución de los salarios.
A través de la Resolución 9/2021, la Secretaría de Obras Públicas dio curso al pedido de aumento que había presentado la empresa Aysa a comienzos de marzo. “El motivo del número del aumento 209 por ciento se vincula a la necesidad de alcanzar el déficit operativo igual a cero, en un contexto de restricción presupuestaria. Esto también incluye una mejora del 20 por ciento de los costos, que si no se hiciera, el aumento tarifario debería ser del 290 por ciento”, explican fuentes de la empresa.
Los aumentos aprobados triplican el valor de las próximas boletas. De acuerdo a las estimaciones de Aysa, la factura promedio sin impuestos por el servicio de agua y cloacas pasa de 5290 pesos mensuales a 16.346 pesos mensuales. Se mantiene el descuento del quince por ciento para los usuarios residenciales localizados en áreas con coeficiente zonal calificado como bajo. También sigue vigente la Tarifa Social, aunque la misma cada vez tiene criterios más restrictivos.
La suba del agua se encuadra no sólo en un contexto inflacionario inagotable, sino en particular en medio de un brutal tarifazo del gas, con incrementos superiores al 300 por ciento y de otro tanto en la electricidad, que todavía no está en vigencia.
Otro baldazo
Durante la audiencia pública, varios especialistas dejaron valiosas reflexiones en torno al aumento que ahora se concreta. “No es momento para realizar aumentos tarifarios del 209 por ciento. El bolsillo de los usuarios está muy golpeado. Realmente, no estamos de acuerdo en esos aumentos. Por otro lado, es necesario que haya atención personalizada sin turnos y además extender la tarifa social a sectores más vulnerables”, consideró Boada.
Diego Mielnicki, representante de la Defensoría del Pueblo de la CABA, advirtió que “la carga de las compensaciones o actualizaciones necesarias nunca puede caer del todo en los usuarios, al menos hasta que el contexto económico general así lo permita”. En tanto, Mariana Laura Grosso, por parte de la Defensoría del Pueblo de la