Las injurias de los negacionistas
La presentación de Ramiro Ortega Peña apunta al video oficial del 24 de marzo. “Es un relato cruel y mentiroso”, advirtió.
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El polémico video negacionista publicado por el Gobierno el 24 de marzo sigue generando controversias y rechazos. Ramiro Ortega Peña, hijo del abogado y exdiputado peronista Rodolfo Ortega Peña, inició una querella contra la administración de Javier Milei y contra Juan Bautista “Tata” Yofre, exdirector de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante el menemismo, una suerte de portavoz informal de la actual gestión libertaria. Los acusó de “injurias” vertidas contra su padre en el relato que hizo Yofre en el spot difundido por el gobierno nacional.
“Es un relato cruel y mentiroso”, planteó Ramiro Ortega Peña en diálogo con PáginaI12 respecto a los presuntos “negociados con los derechos humanos” que se denunciaron desde el discurso negacionista oficial, y en los cuales Yofre aseguró que el padre del querellante tuvo participación.
Ramiro Ortega Peña exigió que desde el Gobierno “se retracten y modifiquen el contenido de este video”, realizado con el respaldo del Estado. Además, remarcó que el motivo de la presentación es la búsqueda del derecho a la verdad, que “en este caso es que mi padre fue asesinado por la Triple A el 31 de julio de 1974”, sostuvo.
Quien fuera uno de los principales abogados de presos políticos en la década de 1970 fue acribillado a balazos a la salida de su estudio, ubicado en Arenales y Carlos Pellegrini, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. Al momento de su homicidio, era el único diputado del ala izquierda del peronismo que continuaba en el Congreso, ya que el resto había renunciado por desacuerdos con el rumbo que había adoptado el gobierno de Juan Perón. Durante su velatorio en la sede de la Federación Gráfica Bonaerense, la policía desató una represión que culminó con alrededor de 400 detenidos.
Ortega Peña (h) detalló las instancias procesales de la presentación realizada en sede judicial, cuyo paso inicial fue el envío de cartas documento tanto a la Secretaría General de la Presidencia como a Yofre, hace más de diez días. “No han dado respuesta desde ninguna de las partes ni han suspendido el video, por lo tanto, consideramos que al no responder están validando aquello que publicaron”, aseguró. “De no rectificarse, iremos a un juicio por el derecho a la verdad”.
Por otra parte, remarcó la anacronía del planteo realizado por Yofre respecto de la figura de Rodolfo Ortega Peña: en el video, habla de “leyes reparatorias que surgieron 15 años después del crimen” cometido contra quien era diputado nacional, víctima de la organización parapolicial que lideraba el entonces ministro de Bienestar Social José López Rega.
El querellante reivindicó la figura de su padre y denunció que el Gobierno, a través de lo que llama ‘batalla cultural’, busca deslegitimar “las luchas populares desde la figura de Ortega Peña, como abogado defensor de presos políticos, de obreros, de sindicalistas, y como historiador”.
Añadió que los libertarios buscan imponer su propia visión de la historia, que es “la mirada del autoritarismo, la represión y la impunidad”, y destacó la necesidad de evitar que el discurso de Milei y Victoria Villarruel se expanda en la sociedad: “El concepto negacionista está puesto sobre la mesa en todo su esplendor, y de alguna manera, a través de los medios de comunicación y la Justicia, tenemos que dar esta discusión sobre el derecho a la verdad, para no permitir que ese relato cruel e impune de los genocidas esté presente en los discursos y las representaciones que el Estado hace con sus publicaciones”. ◢
Mauricio Macri quiere dar por cerrado el capítulo del espionaje a los familiares del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017. El expresidente le pidió al juez federal Julián Ercolini que levante todas las medidas cautelares que pesan en su contra, lo que implicaría dejar sin efecto el embargo por 100 millones de pesos y la obligación de reportarse cada vez que sale al exterior.
El líder del PRO volvió a la escena pública esta semana con su participación en la cena de la Fundación Libertad, donde se estrechó en un abrazo con el presidente Javier Milei y se dispensó un trato distante con Patricia Bullrich. Lejos de esas luces, Macri se mueve para que las épocas en las que estuvo procesado por espiar a las familias de los 44 marinos queden en el pasado.
Su abogado, Pablo Lanusse, le pidió a Ercolini que levante las medidas cautelares en la causa que se inició en septiembre de 2020, cuando la entonces interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, denunció que la delegación Mar del Plata de la ex SIDE había seguido y fotografiado a los parientes que reclamaban saber qué había pasado con los tripulantes del submarino de la Armada Argentina.
En diciembre de 2021, el juez federal Martín Bava –que subroga en Dolores– procesó a Macri. Entendió entonces que él posibilitó que la AFI espiara a los familiares y se nutrió de los insumos que los espías conseguían. Menos de 20 días después de que Bava dictara el procesamiento y el embargo de Macri, la Cámara Federal de Casación Penal le sacó todas las causas de espionaje que tramitaban en el juzgado de Dolores: la del ARA San Juan, la del llamado “Proyecto AMBA” y la que orbitaba alrededor del falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio.
En julio de 2022, la Cámara Federal porteña –con los votos de