Legisladores insisten: el modus operandi es similar a las causas que ya se investigan en Buenos Aires
Los legisladores Aurelio García Elorrio y Juan Pablo Quinteros presentaron nueva documentación ante el titular de la Procuración de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez. Con ese material intentan armar un rompecabezas que demuestre el de las empresas cartelizadas para quedarse con la obra pública en la Provincia. Insisten en que el patrón de conducta es idéntico al que se observa en causas análogas que se tramitan en los tribunales porteños.
Presentaron copia del acta de rescisión de contrato contenida en el Decreto 443/2015 en que figuran pagos por 35,2 millones de pesos en concepto de tareas preliminares del plan de gasoductos troncales en la Provincia. Esos trabajos preparatorios consisten en gestiones para autorizaciones, permisos, licencias, obras civiles, relevamiento topográfico, entre otros. Lo llamativo es que se pagó para una obra que no se hizo. Pero añaden un dato extra. En 2012 se registró la re-determinación de precios por 7,7 millones de pesos, algo que está expresamente prohibido cuando la obra no está en ejecución, aclaró Quinteros.
Los denunciantes tienen la convicción de que hubo pagos irregulares, coimas, y que a la adjudicación caída años atrás (por la falta de avales del entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner) le siguió el actual proceso en que Odebrecht se quedó con 6 de los 10 tramos licitados. Ese es el gran desafío: probar que la ejecución actual es una retribución a la supuesta coima pagada en 2008/2009. Y que el otorgamiento reciente a Odebrecht es parte de la misma maniobra en la que antes aparecía beneficiada Andrade Gutiérrez (en UTE con IECSA S.A.), porque son parte del mismo cartel corporativo de la obra pública.
Crédito. A Rodríguez le adjuntaron también una planilla anexa al Presupuesto Nacional 2017, donde se estipula un crédito de la Nación a Córdoba con un tope de 800 millones de pesos; y la firma de un Acta Acuerdo entre los ministros de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren y el titular de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López. Todo esto para demostrar que hay afectación de fondos nacionales. ¿Por qué es importante evidenciar que hay fondos de la Nación en juego? Porque es el único modo en que Rodríguez puede declararse competente y ponerse a investigar.