Subejecución, desviación, burocracia e ineficiencia
Uno de los objetivos que llevó al PNUD a construir el Índice de Desarrollo Sostenible Provincial (IDSP) es “estimular la recolección de información pertinente y de buena calidad a niveles provinciales, algo en lo que Córdoba podría avanzar significativamente”, señala el responsable del IDSP, doctor Rubén Mercado. Por ello es que resulta determinante saber qué sucede con la ejecución del gasto social de la Provincia.
Según un análisis realizado por la legisladora Liliana Montero (Córdoba Podemos), sobre la Cuenta de Ejecución Presupuestaria del primer semestre de este año, “al menos 34 programas sociales y de inclusión fueron subejecutados con menos del 40% del presupuesto comprometido”. Al mismo tiempo, “se registró un sobrejecución de las partidas previstas para las Agencias del Estado, las cuales manejan dinero sin control democrático”. De acuerdo al destalle de su investigación, los programas subejecutados son los que están destinados a atender las problemáticas más graves y a las personas más vulnerables de la provincia: niñez, violencia familiar, adicciones, nutrición y medioambiente. “Cuando, a la par, ya se gastó el 90% de los $600 millones presupuestados para publicidad y propaganda”, advierte Montero.
Según la legisladora, en la gestión de los recursos del Estado se ha afianzado un modus operandi que entraña cuatro grandes problemas: “El presupuesto dejó de ser ‘la ley de leyes’, hoy nada nos dice acerca de cuáles son las políticas públicas que está llevando adelante el gobierno”, afirma. Y agrega: “En algunos casos hay subejecución de partidas y en otros, desvíos a fondos específicos. Adicionalmente, está claro que la plata se está quedando en la cadena de la burocracia estatal, de la contratación de servicios o en la distribución de esos fondos, porque no está llegando donde debe llegar”. Para Montero, “lo grave es que el monto asignado a muchos de estos programas, al no ser ejecutados, pasan a engrosar el FU- COR (Fondo Unificado Córdoba) y a atender cuestiones que nada tienen que ver con lo que manda la ley”.
Los magros resultados de Córdoba en el IDSP en materia de inclusión se vuelven consistentes cuando se advierte que programas como Salas Cuna fue ejecutado en 34%, Mejoramiento De La Educación Rural, 11%; Finalización de Estudios para Jóvenes y Adultos (Fines), 0,7%; Asistencia y Reinserción Social del Liberado, 0%; Contención y Protección de Víctimas del Narcotráfico, 7%.
“No hay políticas de evaluación de impacto y ahora se creó un Observatorio de Políticas Sociales, que está conducido y controlado por miembros del propio Poder Ejecutivo”, señala Montero. Y apunta dos temas más acuciantes aún: “En tanto y en cuanto no diseñamos programas donde la utilización partidaria, ‘punteril’ y política desparezca vamos a seguir teniendo mucho presupuesto, pero lo que llegará a la gente no será lo que debe llegar”. Además, “hay una nueva realidad –sostiene– el puntero político, que no deja que el dinero del gasto social llegue a la gente si no pasa por él, está generando una simbiosis con la figura del líder narco”.
La Provincia está subejecutando gasto que debería
atender a los más vulnerables.