Se complica para Córdoba debate sobre la distribución de los fondos coparticipables
La Nación no cederá recursos de la recaudación del Impuesto al Cheque. Por otro lado, los ahorros por eliminación de subsidios se utilizarían para pago de servicios de deuda. Van quedando pocas alternativas para las provincias.
Dos noticias producidas en esta última semana anticipan lo sinuoso que se pondrá el camino de las provincias para negociar un nuevo esquema de coparticipación federal.
Por un lado, el ministerio de Hacienda de la Nación ingresó por mesa de entradas de la Cámara de Diputados el proyecto de prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2019, del llamado Impuesto al Cheque, con un cambio fundamental: el 30% será coparticipado con las provincias y el 70% restante irá a la Anses. Claramente, el gobierno nacional advierte que la situación de la seguridad social no puede correr riesgos y asegurará su financiamiento.
Actualmente, de lo que recauda el Impuesto al Cheque (unos $197.000 millones, proyectados para el 2017), de modo efectivo llega a las provincias un 17,2%, un 80,5% va al Tesoro y un 2,3% va a la Anses.
Si se aprueba la iniciativa de la Nación, las provincias recibirían unos $59.100 millones en lugar de los $33.884 millones que perciben ahora. Es más dinero, sí, pero no lo que tenían previsto solicitar a cambio de una virtual caída del Fondo del Conurbano Bonaerense (FCB).
En efecto, los gobernadores especulaban con una hipótesis de máxima que era obtener la coparticipación plena y efectiva del Impuesto al Cheque o, una de mínima, que pretendía sumar al 17,2% actual un 30% adicional como compensación por pérdida del FCB. Vale decir: querían el 100% del impuesto o algo cercano al 50% de lo que recaude; tener que conformarse con 30% sonará ‘a poco’.
La masa de fondos en juego es significativa. Según muestra la página 58 del mensaje de elevación del Presupuesto Nacional 2018, el próximo año el gobierno espera percibir por el gravamen al cheque unos $201.737,9 millones (1,63% del PBI). Las provincias quieren al menos $95.220 millones de ese pastel, que para Córdoba derivaría unos $10.284 millones.
A la hora del debate, la Na- ción, seguramente, recordará a los gobernadores que con esta masa de dinero (que ahora priorizará a la Anses, no al Tesoro nacional) se auxiliará a los déficits de las cajas previsionales. Esto es cierto y la Caja de Jubilaciones de Córdoba se beneficiará; sin embargo, el Tesoro provincial es el que puede verse resentido porque en el 2018 la Provincia deberá empezar a reducir la presión impositiva y, por ende, resignará recursos también por esta vía.
Sobreestimados subsidios.
La segunda carta (más política que económica) que buscan jugar los gobernadores -con el mandatario cordobés al frente de la iniciativa- es exigir a la Nación que elimine todos los subsidios con que actualmente asiste a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires. Sobre esto también hubo novedades en los últimos días. Según confían fuentes del ministerio de Hacienda de la Nación, quienes más conven- cidos están de que deben hacer esto son precisamente el presidente Macri y el ministro Dujovne; pero, eso sí, no tienen la más mínima intención de pasar a las provincias los fondos que se ahorren de este modo. Hay una razón: el creciente pago de intereses de la deuda, que este año escaló a 10% del presupuesto.
En lo que va del año, los subsidios ya sufrieron una reducción que supera los $ 20.000 millones, mientras que en igual período, los intereses de la deuda suman $ 56.000 millones.
Observando en detalle el Presupuesto Nacional 2018 se aprecia que el gasto primario se ajustará en un 1% del PIB ($100.000 millones) y más de la mitad del recorte ocurrirá por menos subsidios económicos.
En estos términos, el supuesto debate que el gobernador Schiaretti pretendía encabezar por el tema subsidios pierde entidad como estrategia de lucha; la Nación ya está encaminada en ese sentido. Es verdad que, según los cálculos de Córdoba, el gobierno nacional debería dejar de pagar $79.000 millones en subsidios, y lo que recortará llegaría a $50.000 millones. Pero aún cuando la eliminación sea total, ese ahorro muy probablemente tendrá como prioridad solventar los intereses de la deuda.
Los intereses de la deuda nacional ya significan un 10% del Presupuesto.