Industria del juicio: baja la litigiosidad, pero los fraudes se hacen más sofisticados

Lo advierte el fiscal Enrique Gavier, quien ya investigó tres causas complejas. Tiene en carpeta otras 18. Gavier aseguró que no está dispuesto a apañar a colegas en estos casos.

Desde 2005, la cantidad de demandas laborales y reclamos judiciales de empleados que manifestaban enfermedades, accidentes e incapacidades generadas en el ámbito laboral, experimentó un aumento progresivo.

Esa curva tuvo un pico máximo en 2009 cuando la cantidad de litigios en la provincia ascendió a más de 13.000, lo que implicaba que Córdoba reunía casi el 30% del total de las demandas del país. “Eso encendió la alarma en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación, que hizo denuncias y empezamos a investigar los patrones comunes que mostraban las denuncias. En dos años analizamos 5.500 denuncias que fuimos agrupando en paquetes de demandas, según el empleador.

Un paquete fueron denuncias por enfermedades de empleados públicos contra la aseguradora de riesgos de trabajo (ART) de la Municipalidad de Córdoba, otro paquete de empleados contra ingenios tucumanos y un tercero de empleados que demandaban a la ART del Hospital Italiano”, explica el fiscal Enrique Gavier, de la Fiscalía 1 turno 1, quien llevó esas investigaciones.

En el primer caso, el de la Municipalidad, se investigó una fracción de las denuncias (300 casos) y se constató que eran demandas fraudulentas. Con un escenario similar se encontraron cuando se investigaron las denuncias contra los ingenios tucumanos (800 casos) y contra la ART del Italiano (140 casos).

Modus operandi. “La operatoria es muy similar en casi todos los casos. Recibíamos masivos reclamos laborales por enfermedades discapacitantes que al poco tiempo de presentada la demanda se llegaba a un acuerdo, antes de llegar a juicio. Las demandas estaban patrocinadas por los mismos abogados, los mismos médicos certificaban las incapacidades y las dolencias eran las mismas. Era imposible desde la probabilística. A los empleados los convencían los propios abogados laboralistas. Les cobraban entre un 20% y 30% de comisión en caso de llegar a un arreglo con el empleador demandado. De los 300 primeros casos que analizamos y revisamos médicamente de empleados de la Municipalidad, el 80% no presentaban enfermedades, el 15% eran el resultado de la edad del actor, el 5% era atendible, pero solo el 1% correspondía ser indemnizado. Ahí vimos que había que ordenar medidas urgentes”, dice Gavier.

Efectos. Mientras se espera que esas tres causas avancen judicialmente, Gavier remarca que el escenario de alta litigiosidad que concentró Córdoba derivó en un duro golpe contra la competitividad de las empresas, ya que el costo de las pólizas de las ART llegó a ser de hasta un 30% superior al que se pagaba en otras jurisdicciones: “En lo inmediato había un perjuicio contra la ART, pero luego contra el empleador al que se le encarecía la póliza y, finalmente, contra el empleado, porque la empresa reducía su personal por no poder afrontar estos costos”, grafica Gavier. Desde 2009 a la fecha la cantidad de demandas laborales en Córdoba se redujo un 55%, contra un aumento nacional del 200%. Nuevas demandas. Luego de esos tres “paquetes” de causas, la fiscalía que comanda Gavier tiene en carpeta otras 18 investigaciones con varias decenas de casos cada una. Y con una particularidad: hay un mayor grado de sofisticación en el armado de los argumentos en las demandas que se presentan.

“Las demandas que investigamos no revisten las características de los casos anteriores, por lo que podría sospecharse que hay un refinamiento de la modalidad delictiva”, dice Gavier.

En relación con la posición del Colegio de Abogados, que advirtió que no existe una industria del juicio en Córdoba, el fiscal afirmó: “Esto que se investigó no es ficticio, era realmente una industria, una línea de montaje: empleados reclutados, los mismos abogados, los mismos médicos certificando, las mismas enfermedades”, señaló Gavier. Y agregó: “Podemos hablar de industria de juicio por lo que hemos comprobado. Defender esto institucionalmente, para solidarizarse con algunos colegas, es discutible. Es como si yo defendiera a un juez coimero”, señaló.