La Cámara Federal analiza un nuevo procesamiento a Menem
A 22 años de la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, la Justicia sigue en deuda y sin definir si le cupo o no responsabilidad penal en el hecho al expresidente de la Nación, Carlos Saúl Menem. En un nuevo episodio de la extensa causa judicial, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba dictó un fallo en el que dispuso que la Fiscalía, la querella y la defensa informen su posición. La decisión fue adoptada tras el pronunciamiento de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que en agosto revocó el sobreseimiento de Menem y confirmó el del exjefe del Ejército, Martín Balza.
La controversia sobre si el entonces presidente debe responder por las explosiones del 3 de noviembre de 1995 tuvo varias marchas y contramarchas. El último capítulo de la zaga de fallos correspondió al juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, quien el 12 de agosto de 2013 había dictado el procesamiento de Menem como instigador del delito de estrago doloso agravado por muerte de personas.
Por la voladura de la fábrica, fallecieron siete personas, hubo cientos de heridos por las esquirlas que eyectaron los proyectiles, además de los cuantiosos daños materiales que se produjeron. Por apelación de la defensa, el expediente llegó a la Sala A de la Cámara Federal de Córdoba. En febrero de 2014, por mayoría, los jueces revocaron el procesamiento apelado y dictaron el sobreseimiento, que también fue apelado.
Por eso, llegó a Casación, desde donde se ordenó un nuevo pronunciamiento y se devolvió el expediente a la Cámara Federal. Como la integración de la Sala A del tribunal cordobés ha variado y se han incorporado los jueces Eduardo Ávalos y Graciela Montesi, éstos, por mayoría – con disidencia de Ignacio Vélez Funes quien consideró que el trámite debe ser resuelto sin más por el juez de Río Cuarto-, decidieron convocar a las partes para que informen de manera escrita u oral de su posición respecto a la responsabilidad penal de Menem.
Queda por definir si será la propia Cámara la que resuelva si corresponde procesarlo o si el expediente debe ser girado nuevamente al juez de Primera Instancia en Río Cuarto.
Vale recordar que el expresidente ya fue condenado a siete años de prisión y 14 de inhabilitación para ocupar cargos políticos por contrabando ilegal de armas a Ecuador y Croacia, en un fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 y confirmado en Casación, aunque aún no está firme por un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La hipótesis que subyace es que la voladura de la fábrica riotercerense tuvo como objetivo ocultar el faltante de armas y proyectiles que fueron motivo del contrabando.