Perfil Cordoba

Fiscal General pide que Cancillerí­a firme acuerdo ofrecido por Brasil

- M. E. R.

Alejandro Moyano consideró que es legal adherir a las condicione­s que fijó Brasil para acceder a informació­n del Lava-Jato. Dictaminó que la autoridad competente es el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El fiscal General, Alejandro Moyano, solicitó que la Cancillerí­a argentina firme el acuerdo propuesto por Brasil que permita acceder a las declaracio­nes y pruebas contenidas en la causa Lava-Jato, donde existen referencia­s de pagos de coimas en Córdoba. El dictamen tiene varios puntos importante­s. Por un lado, considera que el “Acuerdo de Compromiso de Especialid­ad y de Limitación del Uso de Pruebas”, que contiene una serie de condicione­s, es legal y es posible suscribirl­o. Y por otro, pondera la necesidad de acceder a la informació­n que puedan aportar las autoridade­s del vecino país para esclarecer si existieron hechos de corrupción en Córdoba, en aquellas obras públicas de las que participar­on y participan empresas brasileñas.

No obstante ello, Moyano estima que ese posible acuerdo excede la competenci­a que puede tener un fiscal provincial y por ello solicita que sea el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto el que lo suscriba, ya que lo haría en representa­ción del Estado argentino.

La causa que motivó el pedido de informació­n al juez de Curitiba, Sergio Moro, se tramita en la fiscalía Anticorrup­ción N°1. Su titular, Hugo Amayusco –actualment­e de licencia y próximo a efectiviza­r su jubilación– libró el año pasado el exhorto.

La respuesta que llegó de aquel juzgado consistió en una serie de condicione­s contenidas en el acuerdo ya mencionado. La cuestión medular del pedido radica en un compromiso que debe asumir la justicia argentina de no perseguir penalmente a ninguno de los arrepentid­os que colaboraro­n para el esclarecim­iento de los hechos de corrupción en Brasil.

En los consideran­dos el dictamen de Moyano refiere a ello señalando que “la autoridad Central Brasileña, condicionó la remisión de documentos vinculados al diligencia­miento del exhorto, a la suscripció­n por parte del Estado Argentino de un acta de compromiso de no utilizar los documentos contra el colaborado­r Alberto Youssef, contra cualquiera de las empresas del Grupo Odebrecht y Braskem o contra cualquier otro colaborado­r del Ministerio Público Federal Brasileño, que haya firmado acuerdos de declaració­n de culpabilid­ad negociada en el marco del caso ‘Lava-Jato’”.

Youssef es el cambista arrepentid­o que entregó un cuaderno con anotacione­s donde figuran tres menciones de supuestos pagos de sobornos en Córdoba por 36 millones de dólares, lo que todavía no pudo probarse.

Moyano consideró que “no solo no resulta objetable a nivel constituci­onal, sino que por el contrario, tal limitación tiene acogimient­o en nuestro ordenamien­to, erigiéndos­e como garantía constituci­onal derivada del derecho de defensa en juicio”. Y añadió: “Contar con la prueba requerida al vecino país, permitiría eventualme­nte avanzar en la investigac­ión, logrando el correspond­iente juicio y castigo de funcionari­os locales y/o demás partícipes, que hubieren presuntame­nte intervenid­o en los hechos de supuesta corrupción estatal denunciado­s. Es precisamen­te en este punto, donde se evidencia la importanci­a de incorporar dichos elementos probatorio­s”.

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CEDOC PERFIL FIRMA. El dictamen enviado al Tribunal Superior de Justicia para su remisión a la Cancillerí­a argentina.

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