El penúltimo regreso del expresidente Lula da Silva, un análisis de Marcelo Taborda

La anulación de todas sus condenas y la recuperación de su condición de “elegible” devolvieron a Luiz Inácio Da Silva al centro de una escena política que nunca abandonó. Lava Jato y Lawfare, ejes de fallos y debates.

Eligió una vez más la sede de los trabajadores metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en el cinturón industrial del estado de San Pablo, donde irrumpió hace más de cinco décadas como dirigente sindical. Allí veló en febrero de 2017 a su segunda esposa, Marisa Leticia, la compañera de siempre que lo cuidó cuando en 2011 un cáncer de laringe puso su vida en puntos suspensivos y la que, según él, “murió triste por las acusaciones de los canallas”.

Fue en esa misma sede donde sus partidarios lo rodearon antes de que el 7 de abril de 2018 se entregara para cumplir en Curitiba las condenas impuestas por Sérgio Moro, el entonces juez estrella de la ponderada Operación Lava Jato. Y fue ahí donde regresó a comienzos de noviembre de 2019,

580 días después de habitar una celda y luego de que el Supremo Tribunal Federal (STF) revisara la constitucionalidad de su ingreso a prisión. “Quisieron encarcelar una idea, pero las ideas no se encierran”, dijo entonces.

“Me siento joven para luchar… la palabra desistir no existe en mi diccionario”, proclamó este miércoles Luiz Inácio Lula da

Silva a sus 75 años y dos días después de que el juez del STF Edson Fachin anulara las condenas que le había impuesto Moro y restituyera al ex presidente de Brasil sus derechos políticos y su condición de “elegible”.

Aunque el fallo de Fachin fue apelado y será analizado por el plenario del máximo tribunal, sus efectos políticos e institucionales comenzaron a verse de inmediato dentro y fuera de Brasil. Fachin, uno de los más proclives en la Corte a lo que fue el accionar de magistrados intervinientes en el más promocionado y mediático operativo anticorrupción de esta parte del mundo, alegó cuestiones de competencia para anular lo actuado por Moro y ordenar que todo vuelva a foja cero, pero en un juzgado federal de Brasilia.

Más allá de que su decisión cambió el estatus procesal y político de quien a fin de 2010 se retiró del Palacio del Planalto con un 80 por ciento de popularidad tras ocho años de gestión, no son pocos los que ven en el dictamen de Fachin un guiño al ahora ex juez Moro, sobre quien existe un proceso en contra por parcialidad.

Este proceso, abierto en la Sala II del STF, pasó a un cuarto intermedio el martes, cuando el juez Kassio Marques Nunes, pidió más tiempo para expedirse sobre la conducta de Moro y los fiscales del Lava Jato encabezados por Deltan Dallagnol, principales artífices de la persecución, condena e inhabilitación política de Lula en los

comicios presidenciales de octubre de 2018, que catapultaron a la presidencia a Jair Bolsonaro.

Otros jueces de la Sala II (de cinco miembros), como Ricardo Lewandowski o Gilmar Mendes condenaron el accionar de Moro, cuya credibilidad y reputación sufrieron una irreparable estocada el día en que aceptó convertirse en ministro de Justicia y Seguridad de un Bolsonaro a quien las decisiones del juzgado de Curitiba ayudaron a llegar a donde hoy está. “Estamos frente al mayor escándalo criminal dentro de la Justicia”, sostuvo Mendes esta semana acerca del proceder de Moro. “El del Lava Jato fue un tribunal soviético con procedimientos de la dictadura militar brasileña”, agregó este juez, que considera necesario sancionar a quienes llevaron adelante esa operación. No todos piensan como él.

“Anular cuatro procesos por incompetencia es una realidad muy distinta a una declaración de suspensión… La suspensión de Moro puede tener efectos gigantescos”, dijo Fachin, a quien Moro ponderó este viernes por su apoyo en todos estos años. Marques Nunes, nombrado en la Corte por Bolsonaro pero también crítico de los “excesos procesales” del Lava Jato, no fijó plazos para su decisivo voto.

Una condena al devaluado “justiciero” abriría las puertas a una revisión de una estrategia que sentó en el banquillo a muchos poderosos, políticos y empresarios, pero que también dejó a salvo o benefició selectivamente a muchos otros con procedimientos vidriosos. Como las delaciones premiadas, que no siempre fueron espontáneas ni “libres”.

Lo concreto es que el fallo del lunes ha dado nuevos

argumentos a quienes denunciaron en su momento que el ex tornero mecánico pernambucano era acaso la víctima más paradigmática del Lawfare. Algo que esta semana convalidó el juez Mendes, ubicado en las antípodas del Partido de los Trabajadores del que Lula fue fundador en 1980. Este magistrado afirmó que muchos periodistas, entre ellos del poderoso grupo Globo, fueron una suerte de “asesores de prensa” de fiscales del Lava Jato para que determinados procedimientos tuvieran más impacto.

Ocurrió en marzo de 2016, cuando Lula fue llevado por la policía a declarar en una dependencia del aeropuerto paulista de Guarulhos, tras un aparatoso procedimiento “sorpresa” del que la prensa había sido anoticiada mucho antes. O cuando se divulgó una conversación entre Lula y la entonces presidenta Dilma Rousseff, quien le ofreció ser su jefe de Gabinete en una decisión que analistas presentaron como intento de sumar un articulador político que pusiera a salvo del impeachment a ella y garantizara la impunidad de él. La difusión de ese diálogo en el clima político del Brasil de entonces tuvo el efecto de lacerar la imagen de ambos. Y algo parecido sucedió seis días antes de la primera vuelta de las presidenciales de 2018, en las que Lula fue inhabilitado, cuando se difundió parte de la delación premiada del ex ministro Antonio Palocci, con evidente intención de esmerilar las chances del PT y su candidato, Fernando Haddad.

Una Justicia selectiva no es justicia y en el STF, una corte de 11 miembros, debieron saberlo. Aunque de la Operación Lava Jato se desprendía que la trama de corrupción que involucraba a Petrobras, Odebrecht, OAS, JBS y otros gigantes abarcaba a políticos de todo el espectro partidario, las diferencias fueron evidentes.

Ni Aécio Neves o José Serra, ex popes del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB); ni Michel Temer, el vice que traicionó a Dilma y se convirtió en el tercer presidente que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) insertó por un atajo institucional, padecieron el mismo rigor que el PT. Y eso que Temer hasta tuvo una cámara oculta del “arrepentido” Joesley Batista, en la que avalaba comprar el silencio de su correligionario y ex titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Y entre los empresarios sentenciados, Marcelo Odebrecht, “el Príncipe” y CEO de la compañía que fundara su abuelo, recibió una condena a 19 años de prisión que luego se redujo a la mitad y que, al cabo de poco más de dos años, se convirtió en un arresto domiciliario en su mansión de tres mil metros cuadrados.

Todo eso podría entrar en revisión si al fallo de Fachin se le suma una condena de culpabilidad de Moro. La parcialidad del ex juez y ex ministro quedó al desnudo a mediados de 2019 con el “Vaza Jato”, la filtración de sus comunicaciones con el fiscal Deltan Dallagnol, para conducir y direccionar de modo ilegal las causas en contra de Lula y el PT.

Esas filtraciones, que un hacker acercó al periodista Glenn Greenwald y que éste difundió en su sitio The Intercept quizá sean la bisagra de estos últimos cinco años de la historia de Brasil.

Lula demostró este miércoles la vigencia de su retórica. No anunció candidatura alguna, pero avisó que está ahí y que piensa volver a recorrer su país continente. Comenzó a tender puentes y puso el foco en el desmanejo de Bolsonaro de una pandemia que ya mató a más de 275 mil brasileños.

El primer efecto fue inmediato en La Alvorada. Allí, el actual gobernante – al que Lula fustigó por desdeñar cada pedido de epidemiólogos–, apareció con barbijo. En su escritorio, un reluciente globo terráqueo acompañó la alocución de un Bolsonaro al que Lula había endilgado el “terraplanismo” de tantos negacionistas del virus.

“Bolsonaro, que se rehusaba a usar barbijo para evitar la pérdida de vidas, pasó a usarlo ahora para evitar la pérdida de votos”, sintetizó contundente Marina Saliva, ex ministra de Ambiente y líder del partido Red. En medio de la tragedia sanitaria que colapsa a Brasil, para octubre de 2022 falta una eternidad, pero el fallo a favor de Lula puede acelerar algunos tiempos.

“No será el más formado, pero sí el más inteligente en llegar al Planalto”, nos dijo una vez Helio Jaguaribe para describirlo. Lula vuelve al ruedo, aunque –en verdad– nunca se fue.