Tibia declaración del Consejo Superior
El 25 de junio, el Consejo Superior de la UNC emitió una declaración para pedir un “pronunciamiento justo, equitativo y ajustado a derecho que preserve el derecho a manifestarse del conjunto de la comunidad universitaria”. “Nos comprometemos a redoblar los esfuerzos para que toda situación conflictiva que suceda en nuestro ámbito –continuó– sea resuelta con los mecanismos del cogobierno, la autonomía, la deliberación y el consenso a través de todas las vías institucionales que la Universidad dispone”. El contenido de la declaración es lo que, evidentemente, no ocurrió en 2018 cuando la ocupación se llevó a cabo, se extendió durante poco más de un mes y desembocó en un expediente judicial que avanzó hasta la instancia actual, en que 27 estudiantes se encuentran procesados con requerimiento de juicio. Eludió pedir el sobreseimiento de los procesados.
En los considerandos, el órgano que reúne a decanos, vicedecanos y consiliarios estudiantiles, docentes, no docentes y egresados, se definió al margen de la intervención de la Justicia al indicar que la UNC “no solo ha asumido la clara postura de no presentarse en el carácter de denunciante, debido a la previa intervención de las autoridades judiciales y del Ministerio Público competentes, sino que tampoco manifestó propósito alguno de constituirse como querellante, tal como surge de las actuaciones judiciales”.
Lucas Cocha es abogado defensor de otro grupo de estudiantes procesados. “No planteamos como alternativa un acuerdo, preferimos ir a juicio. Sentaría un precedente pernicioso para la democracia”, opinó. Y dijo que la perspectiva de llevar a la justicia a quienes protagonizaron la protesta “perjudica la noción de autonomía universitaria, porque este conflicto estuvo presente en todas las universidades, no solo en Córdoba”. En ningún otro lugar, desembocó en imputaciones.
Cocha destacó que en todas partes “hubo negociaciones porque reconocieron a los manifestantes como interlocutores”. Y dijo que, en este caso, no hubo intervención de las fuerzas de seguridad, ya que cuando iban a desalojar se levantó la toma.