Toma de la UNC. La mayoría de los imputados apuesta a hacer caer la acusación en el juicio.
Marcan falencias en el encuadre legal. Qué dicen las propuestas de conciliación. El rectorado y el Consejo Superior se corrieron del plano judicial. Casación resolverá quién hará el juicio.
Entre el pragmatismo y la resistencia se dividen las estrategias defensivas de los 27 estudiantes procesados por la toma del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) durante un mes, en septiembre de 2018.
El espíritu de resistencia anima a quienes mantienen la firme convicción de que no hubo delito y la acusación se caerá por sí sola en un debate oral. Y un sentido pragmático llevó a cuatro estudiantes –hasta ahora– a proponer acuerdos de conciliación avalados por el fiscal y la universidad, para conseguir el sobreseimiento; es decir, borrar cualquier antecedente penal en su contra.
La discusión está centrada en si aquella protesta estudiantil está amparada por los derechos de petición y libre expresión, de raigambre constitucional, o si el modo y el tiempo en que se concretó determinó la comisión de delitos. Cuando el juez federal Hugo Vaca Narvaja dictó los procesamientos de los 27 participantes identificados de la toma del Pabellón Argentina, analizó las conductas en el marco de ese dilema.
Finalmente, confirmó los procesos por el delito de usurpación por despojo, según el artículo 181 del Código Penal, advirtiendo que hubo “desproporción” en la modalidad de la ocupación y “exceso” en el tiempo y el espacio.
Su decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. La causa se elevó a juicio y actualmente se espera conocer qué tribunal realizará el debate oral y público. Ricardo Bustos Fierro y Alejandro Sánchez Freytes se apartaron por diferentes razones y la Cámara Federal acaba de rechazar su competencia para dirimir la cuestión.
Por ese motivo, el 8 de julio pasado –último día hábil antes de la feria–, Sánchez Freytes elevó el incidente a la Cámara Federal de Casación Penal que finalmente decidirá si él o su colega del Juzgado Federal N°1, presidirá la audiencia del juicio.
Qué dicen los acuerdos propuestos. La defensora oficial, Mercedes Crespi, asesora a tres estudiantes que procuran cerrar el capítulo penal. Emprendieron esta estrategia por diferentes razones personales, según cada caso. El objetivo es obtener el sobreseimiento total, es decir que se extinga la persecución judicial y no queden rastros en sus antecedentes. A cambio, ofrecen realizar una pasantía de tres meses en el Observatorio de Derechos Humanos de la UNC.
Pero la discusión sobre qué juez quedará a cargo del expediente imposibilita materializar el juicio y también ha frenado la homologación de los acuerdos de conciliación. Crespi presentó un recurso de reposición a la negativa del juez Sánchez Freytes a autorizar los acuerdos, al indicar que es un convenio aceptado por todas las partes, sin ninguna oposición y, por lo tanto, sin controversias.
El otro abogado que también defiende a una estudiante que decidió idéntica estrategia es Justiniano Martínez.
A debate abierto. Hasta el momento, los restantes 23 estudiantes procesados han resuelto afrontar el juicio oral. Sergio Castro Moravenik defiende a tres de ellos. En diálogo con PERFIL CÓRDOBA sostuvo que la acusación adolece de “falencias técnicas” y “orfandad probatoria”. Un dato significativo en su análisis es la decisión de la UNC de apartarse del proceso judicial.
El 28 de agosto de 2018 el vicerrector Pedro Yanzi Ferreyra anotició a la Justicia Federal que un grupo de estudiantes había ingresado por la fuerza al hall del Pabellón Argentina y se había instalado sin permitir que nadie más lo hiciera.
Esa presentación abrió el expediente judicial. Sin embargo, se excluyó a la institución universitaria y a sus autoridades como denunciantes, por un pedido expreso de la UNC. El dueño del bar que funcionaba en el lugar, Gustavo Alejandro Posadas Carranza, al promediar la ocupación mencionó perjuicios económicos cuantiosos, pero nunca se presentó como querellante ni demandó civilmente a los supuestos ocupas.
“Es como si alguien entra a un supermercado y se lleva un paquete de fideos sin pagar, pero el dueño no lo denuncia. No hay delito”, graficó Castro Moravenik. La explicación cobra sentido si se tiene presente que a los estudiantes se los acusa de usurpación. Pero si no hay quién se sienta ofendido por el despojo, cabe la pregunta sobre si se configuró el delito.
Un grupo de estudiantes considera que no cometieron ningún delito
El juez Vaca Narvaja confirmó los procesos por usurpación por despojo