Cronología violenta de una muerte anunciada
Mensajes, amenazas, empujones, daños a vehículos, exhibición de armas y acusaciones de traición, fueron los ingredientes que cocinaron el desenlace trágico del 9 de septiembre en el Club Yapeyú, donde Gabriela Pérez terminó siendo el blanco accidental que pagó con su vida una escalada de violencia que nadie detuvo: ni los protagonistas ni los organismos involucrados de diferente modo. El telón de fondo de esta tragedia es el proceso electoral en Soelsac.
Las denuncias realizadas desde mayo son prueba elocuente de ese derrotero.
El 17 de ese mes sucedió el primer hecho denunciado. En las afueras de una escuela de Villa Azalais se produjo una agresión mientras miembros de ‘Más Soelsac’ circulaban en un Volkswagen Bora. Relataron amenazas y “violencia física y psicológica”. El vehículo fue, además, chocado por un Fiat Siena. En la presentación aludieron desafiliaciones arbitrarias de trabajadores no afines a Fittipaldi, hechos que fueron notificados al Ministerio de Trabajo de la Nación. La fiscal Patricia García Ramírez imputó y ordenó la detención de María José Varela, Gonzalo Nicolás Miranda (sobrino de Sergio Fittipaldi, secretario General del Soelsac) y de Tomás Tello por los delitos de amenazas calificadas, daño y lesiones reiteradas. Actual
se encuentran libres.
El 8 de agosto último el abogado Alexis Kohmann, patrocinando a Sergio Fittipaldi, presentó en la misma Fiscalía otra denuncia relatando una serie de episodios ocurridos entre el 2 de junio y el 18 de julio pasados. La fiscal García Ramírez analizó cada hecho y resolvió que las denuncias por posteos de Franco Saillén en sus redes sociales desafiando y desacreditando la gestión de Fittipaldi, audios de WhatsApp y mensajes a afiliados convocándolos a votar a ‘Más Soelsac’, no encuadraban en amenazas sino en injurias y resolvió archivarlas. La contra denuncia por el ataque del 17 de mayo en la escuela de Villa Azalais, sobre el que Fittipaldi ofreció una versión inversa, aclaró que estaba en investigación y, por último, sobre otros dos sucesos dijo que había expedientes ya abiertos en otras fiscalías por lo que debían seguir su curso en esas oficinas. La semana pasada, el defensor de los imputados, Kohmann, se opuso al archivo mencionado por lo que un Juzgado de Control revisará la decisión.
Los otros dos sucesos se refieren a dos denuncias.
Una de ellas fue presentada en la
Unidad Judicial el 2 de julio por Javier López. Señaló que se presentaron en su casa dos personas, Miguel Velázquez y Carlos Zárate. Lo trataron de ‘traidor’, le dijeron que por más que denunciara “cuando te agarremos, te vamos a quebrar” y le enviaron mensajes con imágenes de dos armas de fuego, de las cuales una era una Bersa Thunder. El fiscal Guillermo González imputó la semana pasada por presuntas amenazas calificadas a Velázquez y Zárate.
La otra fue realizada por Norma Beatriz Yáñez. La mujer relató que el 18 de julio cuando se dirigía a un acto del gremio en el Club Argentino Peñarol fue interceptada por un grupo de personas de ‘Más Soelsac’ quienes la atacaron. La fiscal Jorgelina Gutiez imputó por ese hecho a Franco Saillén, César Alderete y Matías Romero por el presunto delito de amenazas y daño.
Por último, hubo una presentación el viernes 9 de septiembre, el mismo día en que Pérez fue asesinada. A través de un correo electrónico a la Fiscalía del Distrito I Turno 6, a cargo de José Bringas, que ingresó a la 1 de la madrugada, Sergio Fittipaldi relató haber recibido amenazas a través de terceros. Un funcionario judicial dijo a este medio: “Tiró una bomba, pero la mandó por mail por lo que no ingresó al sistema”. Recién el lunes lo leyeron. En ella, Fittipaldi asegura que fue amenazado de muerte por dos barrabravas, uno del sector ‘La Igualdad’ del Club Atlético Belgrano y otro de Talleres. Da nombres y refiere que uno tiene antecedentes por narcotráfico, que teme hasta por su libertad porque podrían plantarle droga. En el mismo correo pide seguridad para la asamblea que debía realizarse el jueves 14 de septiembre y que el Ministerio de Trabajo de la Nación suspendió porque no fue comunicada en los plazos previstos por ley.