Rubén Arroyo, un imprescindible
la madrugada del jueves pasado murió Rubén Arroyo, presidente honorario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) y exintegrante de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), creada a instancias del presidente Raúl Alfonsín, que elaboró el informe Nunca Más, donde se detalló el plan sistemático de exterminio orquestado por la dictadura cívico militar iniciada el 24 de marzo de 1976.
Arroyo comenzó su militancia en favor de los derechos humanos y contra las dictaduras en la década de 1960, cuando el general Juan Carlos Onganía derrocó al presidente Arturo Illia, en 1966. En esos años, como abogado del Sindicato de Luz y Fuerza, trabó amistad con Agustín Tosco hasta su muerte en la clandestinidad y perseguido por la Triple A, en noviembre de 1975.
Cuando el gobernador cordobés Ricardo Obregón Cano fue derrocado por la policía cordobesa, en febrero de 1974, Rubén Arroyo tuvo una activa participación en defensa de los perseguidos por el golpista Antonio Navarro, el interventor Raúl Lacabanne y las bandas paraestatales del Comando Libertadores de América: “El genocidio no comenzó con la dictadura, no hay que olvidar que a un gobernador constitucional como (Ricardo) Obregón Cano lo derrocaron dos años antes al 24 de marzo de 1976; que el terrorismo de Estado comenzó en 1974, y que el Comando Libertadores de América operó bajo el amparo del Estado”, repetía Arroyo.
Así, meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Arroyo se dedicó a defender a las víctimas del terrorismo de Estado y denunciar las violaciones a los derechos humanos, como fue el caso de Alberto Caffaratti, obrero de Epec y dirigente de Luz y Fuerza muy cercano a Agustín Tosco, quien fue secuestrado en enero de 1976 y llevado al centro clandestino de detención Campo de la Ribera. Caffaratti continúa desaparecido. De las 52 desapariciones de personas ocurridas desde marzo de 1975 hasta el 24 de marzo de 1976, 40 se cometieron a partir de diciembre de 1975.
Luego de iniciada la dictadura cívico-militar del Proceso de Reorganización Nacional, Rubén Arroyo siguió en su defensa de las víctimas del terrorismo de Estado. En septiembre de 1979, durante la visita al país de observadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, fue de los abogados que presentó testimonios sobre lo que sucedía en Córdoba bajo el mando del genocida Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército.
Con el retorno de la democracia, Rubén Arroyo integró junto al arquitecto Luis Rébora y otros abogados y militantes de organismos defensores de los derechos humanos, el capítulo Córdoba de la Conadep.
También tuvo una activa participación en la Convención de 1994, que reformó la Constitución Nacional.
Ya en 2006, Arroyo y un grupo de abogados presentó una denuncia ante la fiscal federal Graciela López de Filoñuk para que investigara por genocidio a los integrantes del Comando Libertadores de América, entre los que se destacaban el capitán Héctor Pedro Vergez y el comisario Carlos Yanicelli: “Los hechos aberrantes que denunciamos, de ninguna manera pueden ser tratados como excesos o hechos aislados, son delitos de lesa humanidad que componen la figura del genocidio”, señaló Rubén Arroyo al fundamentar la denuncia.
En 2020, cuando la Policía de Córdoba asesinó a Blas Correas, siguió de cerca el caso y orientó a la familia de la víctima para evitar que el Estado entorpeciera la investigación.
Hace casi una década, en 2014, Rubén Arroyo dio impulso a la reorganización de esta APDH Córdoba, que hoy lo despide con dolor, pero con el orgullo de haber compartido el camino por Memora, Verdad y Justicia y para que Nunca Más el autoritarismo y el terrorismo de Estado imperen en nuestro país.