El lado B de la ley de la Defensa: hay tres cargos vitalicios en juego
La norma que crea el Ministerio Público de la Defensa (MPD) fue sancionada con los votos de la mayoría oficialista, junto al apoyo de los legisladores del PRO y el aliado Orlando Arduh, aunque los opositores rechazaron los ‘cargos vitalicios’ de quienes formarán la cabeza de este organismo judicial.
Más allá del debate en la sesión, hubo señales que merecieron una lectura entrelíneas. En primer lugar, los opositores más duros rechazaron la sanción del proyecto de ley por su tratamiento exprés. Otros, cuestionaron que fue “inoportuno” faltando tan sólo dos meses para el recambio legislativo.
La iniciativa, que fue girada por el Ejecutivo, contó con el apoyo explícito del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). De hecho, fue el propio titular del máximo tribunal, Domingo Sesín, quien puso el cuerpo para defenderla en el debate en comisión de la semana pasada.
Hay que hacer un poco de memoria para analizar en clave este proyecto que no es nuevo. El expediente original, que fue ingresado con las firmas de Oscar González y Juan Manuel Cid, pasó por comisión y se frenó por dos
En su finalidad, el nuevo organismo no exhibe duras objeciones. La crítica opositora pasa por los ‘defensores vitalicios’. Ya hay danza de nombres pero
motivos: la interna que se produjo el año pasado entre Sebastián López Peña (por ese entonces presidente del TSJ) y el gobierno, por los fondos para el Poder Judicial. Y, luego vino, el escándalo del Caso González.
En este marco, el Ejecutivo reactivó la iniciativa en cuestión con una nueva presentación, que tomó estado parlamentario en la sesión del 6 de septiembre. Tres semanas después, es decir el miércoles pasado, se aprobó en sesión.
El peso de la crítica opositora recayó sobre el apuro del oficialismo por sacar leyes con la mayoría absoluta que ostenta, antes del escenario de paridad de la Legislatura que viene.
En este plano, los opositores ya ven venir los pliegos del Defensor General y de los dos la decisión será de Schiaretti. La iniciativa, que fue girada por el Ejecutivo, contó con el apoyo explícito del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Adjuntos, que constituirán la cabeza de este nuevo organismo judicial que nucleará a los asesores letrados de los diversos fueros –actualmente son 88– que pasarán a denominarse defensores públicos.
En las filas oficialistas reconocen que los pliegos de designación de esos ‘cargos políticos’ saldrán con el visto bueno de la actual composición parlamentaria. “Los nombres los pondrá Schiaretti”, aseguró una espada peronista.
En esa línea, también se enmarca el tratamiento del Presupuesto 2024. “Gente de Llaryora ya trabaja en el proyecto”, admitió una fuente parlamentaria. En el oficialismo descuentan que será aprobado antes del recambio legislativo.
Por otro lado, fuentes oficialistas y en despachos del Centro Cívico señalan que todavía “no hay nada”, respecto a quiénes serán los tres ‘defensores vitalicios’, aunque ya hay una danza de nombres.
La actual ministra de Justicia Laura Echenique suena para el cargo de Defensor General del MPD. También surgen dos nombres desde el Colegio de Abogados. Su actual titular, Ignacio Segura, aunque por estos días cayeron sus acciones por el “fuego amigo” de los carpetazos, y Martín Cortes Olmedo (asesor letrado del Colegio), en lo que se interpreta como un guiño a la UCR.