Las irregularidades de la Justicia cordobesa
El decreto de citación a juicio es la resolución que marca el final de la llamada investigación penal preparatoria (IPP). Es una decisión que toma el fiscal, pero que procesalmente tiene un requisito: la investigación debe estar completa, es decir, se tienen que haber tomado todas las medidas que permitan acreditar la existencia del hecho, la participación del imputado y la calificación legal a seleccionar. Nada de esto ha sucedido en la decisión tomada por el fiscal Raúl Garzón que sólo evidencia la urgencia del poder político provincial para elevar a juicio la causa que tiene como imputada a Brenda Agüero, separándola del resto de la investigación donde están involucrados funcionarios del Hospital Neonatal y del Ministerio de Salud, todos bajo la conducción de Diego Cardozo, un hombre estrechamente ligado al Gobernador Juan Schiaretti, que quiere acallar todas las voces que pongan en crisis su alicaída candidatura a presidente. Brenda Agüero, no sólo es inocente, sino que es víctima de esta verdadera vergüenza para la Justicia de Córdoba, que es la temeraria investigación por la descompensación de ocho bebés y la muerte de cinco en un hospital público. Desde un principio, los funcionarios se ocuparon de ocultar los hechos: los primeros ocurrieron en marzo del 2022, pero la investigación se inició en julio, debido a la denuncia de un ingeniero casado con una médica del nosocomio. No conforme con eso, hicieron desaparecer dos partidas enteras de medicamentos (vitamina K y potasio) que no se sabe si estaban vencidos, si eran adulterados o formaban parte de remedios experimentales, para usar como conejillos de India a los bebés de las familias más pobres que acuden al Neonatal. No se sabe porque los funcionarios hicieron desaparecer esas partidas de remedios que no se sabe dónde están. Para redondear su empresa delictiva, el epicentro de lo ocurrido, el centro obstétrico (compuesto de obstetricia, neonatal y cuidado de madres) fue absolutamente desmantelado, lo cual constituye un delito previsto por el Código Penal, que castiga con prisión a quien destruya o haga desaparecer pruebas útiles para una investigación policial. Una vez que concretaron ésto, por medio de un sumario interno que usaron para ‘apretar’ empleados, salieron a la caza de un ‘culpable’ (así lo demuestran escuchas telefónicas incorporadas al expediente) para cubrir “la parte médica” y cuando tuvieron todo cerrado, publicaron una foto de Brenda Agüero y exigieron su detención. El fiscal Garzón, cumpliendo directivas que bajaban desde el Poder Ejecutivo provincial, cumplió su rol y detuvo a Brenda. Desde entonces, no ha podido incorporar ni una sola prueba que la vincule con lo sucedido. Toda y cada una de las sospechas se fueron desmoronando como un castillo de naipes. Una pericia informática demostró que los pdf que se encontraron en el celular de Brenda y que la policía y Garzón decían que habían sido bajados por ella para llevar adelante su cometido homicida contra los bebés, resultó que ella los había recibido a través de un grupo de WhatsApp, enviados por médicos y enfermeras que habían hecho una capacitación en el Garrahan sobre dosificación de medicamentos. La pericia psicológica demostró que Brenda Agüero no sufría ninguna patología que evidenciara que su personalidad y perfil la llevaran a cometer delitos. La pericia médico interhospitalaria expresó que la causa de la muerte y de la descompensación de varios bebés, no ha podido ser precisada y que habrá que profundizar ese punto. No hay ni una sola prueba directa, ni indirecta, en contra de Brenda Agüero y los indicios se han debilitado a punto tal que en las últimas semanas el fiscal optó por la llamada “prueba invisible”, que es hacer circular por los medios de comunicación información falsa (como fue el hecho que el perfilamiento criminal vinculaba los hechos con nuestra defendida) sobre el contenido de las medidas probatorias, para preparar el terreno para la elevación a juicio. Sin embargo, eso no es lo más grave. Lo alarmante de lo resuelto por Garzón es la separación de las causas para que mientras Brenda Agüero vaya a juicio, los funcionarios compartan toda una causa que salga de la órbita de Garzón y vaya directo al Fuero Anticorrupción, donde seguramente llegará el tiempo del archivo y la impunidad. El escenario ha sido armado para que una vez más la Justicia de Córdoba se ocupe de ser impiadosa con los débiles y genuflexa con los poderosos. Se viene una oposición a esta vergonzosa maniobra porque quedan más de 25 testimonios solicitados que no han sido receptados y pericias relevantes (pericia informática, pericia criminológica y reconstrucción virtual de los hechos), sin las cuales la investigación no está completa, como exige la ley.