Llaryora trabaja en profundos cambios en la Policía y esperaría dos renuncias en el Tribunal Superior
Mientras se prepara para asistir al segundo debate de candidatos presidenciales, que tendrá lugar hoy en Buenos Aires, acompañando a Juan Schiaretti, el gobernador electo Martín Llaryora avanza en la definición de sus equipos, que debutarán el próximo 10 de diciembre.
Seguridad y Justicia siguen ocupando los primeros puestos del ranking de temas a resolver por las futuras autoridades provinciales y en ese marco se analizan fuertes cambios en el accionar de la Policía de la Provincia, según relataron fuentes llaryoristas a este medio.
“Se acotará el margen de acción de las distintas funciones administrativas, y si se quiere de logística, que cumple actualmente la Policía para priorizar la vigilancia, prevención y combate al delito”, indicó un hombre que tiene diálogo diario con el todavía intendente de la ciudad de Córdoba. “Policías en la calle” parece ser la consigna que hace unos meses instaló Llaryora, la cual debería ser acompañada por otra frase complementaria: civiles a las oficinas.
Entre las funciones que dejará de tener la policía uniformada figura el control del 911, que centraliza todas las llamadas por emergencias vinculadas a bomberos, Comando de Acción Preventiva (CAP) y Defensa Civil, entre tantas otras. Eso pasará a ser organizado y manejado por civiles, de acuerdo con el proyecto oficial.
El monitoreo de las cámaras de seguridad también dejará de estar bajo la órbita de los uniformados y pasará a un área civil, que se abocará a la administración de esa actividad.
Por otro lado, la comunicación de lo que la fuerza tenga que decir públicamente dejará de estar dentro de la órbita clásica. Desde el riñón del llaryorismo se puso especial énfasis en contar que habrá civiles que coordinarán esa actividad, lo cual implica cambios significativos respecto a lo que viene sucediendo hasta el presente. Si bien no se conocen las fechas de implementación del proyecto general, se especula con que será en el corto o mediano plazo.
En tanto, habrá otro foco de atención: la formación de los policías que –por algunos hombres del entorno del mandatario provincial electo– es considerada una falencia.
Hasta el momento no trascendieron eventuales candidatos a ocupar la jefatura de Policía, aunque está bastante claro que no continuará la actual jefa, Liliana Zárate Belletti, cuya gestión concluirá el próximo 10 de diciembre y no es del interés de Llaryora en retenerla en su cargo.
Tribunal Superior de Justicia.
Para los escuderos del gobernador electo es necesario renovar “aunque sea parcialmente” el Poder Judicial de la Provincia. Por eso, tienen en
En el plan del gobernador electo, los uniformados resignarían funciones, como el monitoreo de las cámaras de seguridad en la calle y el control
mente que se produzcan algunos cambios en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
En principio, los voceros indicaron que “se analizan” dos cambios en el máximo tribunal de la provincia, “un hombre y una mujer”, cuyos nombres no trascendieron. De todas maneras, los informantes aclararon que el magistrado y la magistrada deberían renunciar porque el Ejecutivo no está habilitado para removerlos, salvo que sea a través de un jury (juicio a jueces y fiscales, además de asesores letrados y otros funcionarios de rango superior).
De momento –aclararon– del 911. Tampoco tendrían a su cargo la comunicación pública de sus acciones. Todas esas tareas serían desempeñadas por civiles. Además,
ninguno de los dos habría sido notificado oficialmente de la situación o se le formuló alguna sugerencia para que den un paso al costado y se acojan a los beneficios de la jubilación, siempre de acuerdo a las aseveraciones de los asesores del gobernador electo.
En cuanto al Ministerio de Justicia hay un sórdido enfrentamiento entre varios postulantes que ya causa algún mal humor en la mesa chica de lo que será el nuevo poder provincial. Los anotados son Juan Manuel Cid (legislador provincial), Ignacio Segura y Eduardo Bittar e Ignacio Segura (presidente y vicepresidente, espera modificaciones en la conducción del Poder Judicial de la Provincia pero aún no se dieron mayores contactos para lograrlas.
respectivamente, del Colegio de Abogados de Córdoba), pero las fuentes aclaran que “no sea cosa que Martín se canse y decida nombrar a un tapado”. Los llaryoristas, en su momento, habían puesto en esta carrera al actual ministro de Gobierno Julián López.
Sobre el nombre del titular de la Secretaría de Seguridad hay diferentes consideraciones. Primero, los informantes remarcan que este caso se resolverá en conjunto con la Municipalidad de Córdoba para armar un buen equipo. Nombres para ambas funciones sobran. Sobre el filo de la semana
pasada se mencionaron al exfiscal general Alejandro Moyano y al propio Gabriel Bermúdez, que parecía estar destinado a otra función. “Ojo con las operaciones”, trinan desde los despachos próximos al alcalde saliente.
El futuro de Gill y Grahovac.
En el entorno de Llaryora insisten en que hay ministerios y organismos cuya conformación dependerá del resultado de las elecciones presidenciales. Explican que si el ganador de la compulsa es Sergio Massa, “es más que posible” que Martín Gill se vaya a trabajar a la Casa Rosada con una función importante, por lo que hay que esperar este desenlace antes de seguir avanzando.
A Gill se lo ve como un probable ministro de Educación en Córdoba, pero si no puede acceder a esta función, el candidato es el actual titular del área en la Municipalidad, Horacio Ferreyra, hombre que mantiene sólidos vínculos con Walter Grahovac, titular del área en la administración de Schiaretti.
A propósito de Grahovac, en el entorno de Llaryora entienden que el todavía ministro de Educación se irá a trabajar a Buenos Aires si Massa llega a la Presidencia de la Nación, lo que pareció un dato sorpresivo.
Más allá de las especulaciones, hay una cosa que está absolutamente clara: hasta que no haya definiciones a nivel nacional y se sepa quién es presidente o quién va al balotaje, Llaryora no definirá su equipo de colaboradores.