Servicio Penitenciario: dos expedientes revelan una presunta trama de corrupción institucional
Qué se investiga en las causas Bouwer y Villa María. Ambas están a cargo del fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier. La próxima semana comenzarán las indagatorias. Los hechos detectados hasta el
A un mes de las primeras detenciones ordenadas por el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, en la denominada ‘causa Bouwer’, comienzan a perfilarse cuáles son las sospechas que tienen los investigadores. Si a lo largo de los años emergieron a la luz numerosos hechos de estafas virtuales, cometidas por los internos en connivencia con agentes de distinto rango – muchos ya condenados-, la pesquisa actual da el marco de una verdadera trama de presunta corrupción institucional.
En un expediente se encuentran detenidos el exsubdirector del complejo penitenciario, Sergio Alejandro Guzmán, junto a los abogados Alfredo Alberto Ciocca, Julio César Paez y los particulares Ramón Alberto Salas y Aldo Campos.
En el otro, permanecen presos quienes eran las máximas autoridades del Establecimiento Penitenciario 5 de Villa María: Andrés Américo Aciar, Edgar Ezequiel Arroyo y Néstor Gómez, director, subjefe de Operaciones y jefe de Seguridad, respectivamente. Días después se sumó el sargento de la Policía, Mauricio Agüero, que pertenecía a la Brigada de Investigaciones de Bell Ville.
Los nueve están imputados por presunta asociación ilícita. En cada causa, los inicios fueron diferentes. En la de Bouwer, un expresidiario del penal de Cruz del Eje, a la momento abonan la sospecha de un sistema de prebendas mediante el pago de coimas. Jefes, agentes, abogados e intermediarios las habrían cobrado para que funcionen verdaderos negocios
semana de recuperar la libertad, denunció que le cobraron una coima para mejorar su situación de encierro. Apuntó directamente a Guzmán. En la de Villa María, el caso estalló por personas estafadas a través de llamados telefónicos desde la cárcel.
A medida que pasan los días y se procesa la documentación obtenida en medio centenar de allanamientos en diferentes puntos de la Provincia, se advierte que el trasfondo es realmente complejo.
Las sospechas podrían sintetizarse del siguiente modo: una presunta maquinaria de corrupción que generaría y dividiría ganancias entre presos, jefes, abogados e intermediarios.
Los ‘negocios’ serían básicamente tres: el ingreso de teléfonos celulares para mantener ocupados y con recursos a los detenidos; un esquema similar a partir del acceso de estupefacientes y pagos para adelantar las fases en la ejecución de las condenas de los de estafas virtuales, ingreso de drogas y adelanto de fases de los internos. Lo que se venía juzgando como hechos aislados, hoy es analizado desde una perspectiva integral.
internos o para obtener beneficios, así como más visitas íntimas o privilegios.
Una verdadera sangría de coimas, que dejaría a cada eslabón de la cadena de peajes su propia ganancia.
En tribunales es habitual escuchar las trabas que tienen defensores para obtener buenos informes de sus asistidos y así acelerar el proceso de externación. Quizás ese sea un caldo de cultivo para este tipo de maniobras.
Lo sustancialmente diferente a otros casos ya investigados y condenados por el ingreso de drogas o de teléfonos celulares a las cárceles y de los juicios por estafas virtuales cometidas por detenidos, es que en estos dos expedientes están sindicados quienes ocupaban cargos en jefaturas y direcciones penitenciarias.
La sospecha de la posible participación de exaltos funcionarios del Servicio Penitenciario, como Guzmán en Bouwer; y Aciar, Arroyo y Gómez en Villa María, implica un avance en la investigación hacia arriba en la pirámide de la fuerza de seguridad.
La pesquisa no parece agotarse ahí. Investigadores que analizan el contenido de las pruebas que se van recolectando advirtieron que “no hay techo”. Es prematuro aventurar si lo encontrará en las personas detenidas, si subirá hacia la cabeza de la propia fuerza o si escalará más arriba, en un nivel superior de responsabilidades políticas.
Podrían caber, además, diferentes niveles de participación o de omisión. Lo que se advierte es que un sistema de esta magnitud es difícil que no termine rozando a las máximas autoridades.