“Por la vía de la ilegalidad pude comprar un teléfono en la cárcel”
El policía condenado por el homicidio del adolescente David Moreno, el 20 de diciembre del 2001, dice que hace 44 meses no ve a su hijo. Por eso compró un celular y le mandó un video, algo que está prohibido. Desde agosto del 2020 está alojado en el complejo penitenciario de
MARÍA ESTER ROMERO
El expolicía Hugo Cánovas Badra, único condenado por el crimen del adolescente David Moreno el 20 de diciembre de 2001, sigue sosteniendo su inocencia. Hace un año presentó un recurso de revisión al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que revea por segunda vez la sentencia a 12 años y ocho meses de prisión que le aplicó la Cámara 1ª del Crimen en 2017, tras un largo derrotero de la investigación judicial que insumió más de una década y media.
Con nuevas tecnologías, su familia encargó la realización –a cargo del perito y abogado Federico Baudino– de una reconstrucción virtual del episodio cuando sucedió el homicidio, durante un operativo policial en barrio Argüello. Según ese estudio, el trayecto de la bala que mató al adolescente, que se había acercado a ver el tumulto en las puertas de un supermercado, no coincide con su posición. Por eso alega que el disparo mortal no partió del arma que empuñaba aquella tarde.
Intentó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo analizara como prueba nueva pero no tuvo éxito. Antes, el máximo tribunal del país había confirmado la condena inicial.
El 1 de septiembre del año pasado interpuso el recurso de revisión ante el TSJ. El planteo se encuentra a resolución de la Sala Penal y la decisión podría conocerse en breve.
Mientras tanto, Cánovas Badra se encuentra alojado bajo un régimen de máxima la ciudad del norte provincial. Por razones de salud su familia no puede viajar a verlo. Pide prisión domiciliaria o ser trasladado a Bouwer. Su madre presentó un hábeas corpus. Mientras, el TSJ resuelve un recurso de revisión de la condena.
seguridad en el Complejo Penitenciario de Cruz del Eje. Pugna por la prisión domiciliaria o un traslado al penal de Bouwer para estar más cerca de su familia, en particular de su hijo preadolescente quien sufrió consecuencias negativas por la interrupción del vínculo personal con su padre, y de sus progenitores, ambos con cuadros de salud delicados que les impide viajar asiduamente.
Por esa razón, Rosario Badra, madre del expolicía, presentó recientemente un hábeas corpus ante el TSJ, pero derivaron el trámite al defensor de Cánovas, Pablo Olmos, para que lo tramite en el tribunal correspondiente. En su presentación, la mujer señala que se está produciendo un “agravamiento del encierro”.
Cánovas Badra fue detenido el 19 de agosto del 2019 mientras se tramitaba el recurso
de queja ante la Corte Suprema. Al año siguiente, durante la pandemia de coronavirus, fue trasladado a Cruz del Eje.
Desde entonces, la familia no volvió a tomar contacto personal con él. Han presentado certificados de salud para solicitar la prisión domiciliaria o el alojamiento en Bouwer, pero esas solicitudes fueron rechazadas.
El cuestionamiento, además, está dirigido a los peritos psicólogos que evalúan la situación y condiciones del detenido. Señalan que no existe una recuperación y arrepentimiento de lo sucedido. Pero el abogado Olmos refuta esa conclusión por no tener en cuenta la convicción que posee Cánovas Badra de su inocencia, mientras se tramita el recurso ante el TSJ.
Para tomar contacto de algún modo con su hijo y sus padres compró un teléfono en la cárcel, con el cual grabó y envió videos. El ingreso y uso de celulares está prohibido.
Así lo relató a PERFIL CÓRDOBA.
—¿Compró un teléfono móvil dentro de la cárcel?
— Hice dos pagos de $ 15.000 a la mujer de un detenido con prisión perpetua. Ese dinero iba al jefe de Seguridad de acá, del complejo carcelario de Cruz del Eje. Eso fue el año pasado, en octubre. No me alcanzaba el dinero para pagar en una sola vez $ 30.000. Era un teléfono Samsung viejito, no tenía cobertura de red por lo que utilizaba el servicio de internet que usaban otros teléfonos que estaban dentro del complejo.
—¿Es consciente que está
denunciando a un agente penitenciario, pero también se está exponiendo a sanciones y nuevas imputaciones?
—
Obviamente. Yo busqué varias veces por la vía de la legalidad que se me permitiera una terminal telefónica, para poder estar con mis hijos. Pero es imposible porque estoy en un régimen de máxima seguridad. Por la vía de la ilegalidad sí me lo pudieron proveer, lo pude adquirir en las condiciones deplorables que le estoy comentando.
—¿El agente que menciona sigue trabajando ahí?
— Como consecuencia de varias denuncias fue trasladado a la guardia externa y después al interior.
El policía condenado pidió que se investigue el contenido del celular para comprobar que sólo lo usó para comunicarse con su familia. También que se comprueben las transferencias realizadas.
El juez de Ejecución Penal de Cruz del Eje, Facundo Moyano Centeno, es quien tiene a su cargo el cumplimiento de la condena de Cánovas Badra.
Un derrotero de 22 años.
La Justicia condenó a Hugo Cánovas Badra a 12 años y ocho meses de prisión por el homicidio de David Moreno, en la convulsionada tarde del 20 de diciembre de 2001. La sentencia la dictó en 2017 –después de 16 años del hecho– la Cámara 1ª del Crimen. Cánovas Badra la recurrió, pero el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazó sus argumentos y confirmó el fallo condenatorio.
Entonces, acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un estudio interdisciplinario que realizó el abogado experto en reconstrucción virtual Federico Baudino, por encargo de la familia. Es una reconstrucción analítica con tecnología que no existía al momento de los hechos. El experto sugiere hacer una nueva pericia interdisciplinaria porque, según la nueva interpretación, la posición de Cánovas Badra y del adolescente asesinado no coincidirían con la trayectoria, distancia y velocidad de los disparos. La Corte no analizó el contenido de la presentación y la rechazó.