Democratización en las comunicaciones
La expansión de internet en la década de 1990 generó la esperanza de una democratización del escenario comunicacional. La posibilidad de producir, hacer circular y acceder a contenidos sin restricciones desde cualquier punto del planeta, la proliferación de medios alternativos de información, la participación en los asuntos públicos y la multiplicación de plataformas audiovisuales representaron un momento de gran apertura y creación. Pero al poco tiempo, esta libertad se vio limitada y mostró una cara inesperadamente peligrosa: la de la violencia, el control, la censura, los negocios.
La proliferación de la minería de datos, la difusión de desinformación en consonancia con agendas políticas o empresariales y la dictadura de los algoritmos que espían nuestros gustos, hábitos y huellas comerciales nos obligan a pensar en la protección de los derechos de las audiencias en los entornos digitales y nos abre una gran pregunta: ¿qué hacer? Nuestra realidad está marcada por el cambio constante y vertiginoso de los avances tecnológicos. Por eso, todas las respuestas se vuelven efímeras, e incluso existen posiciones contrapuestas respecto de cómo seguir. De todas formas, vamos a ensayar algunos interrogantes para abrir el debate: ¿Existe verdaderamente una dicotomía entre libertad de expresión y derecho a la no discriminación? ¿Qué hacer cuando todo intento de regulación –sea de los
Estados o de los privados– es rechazado por temor a que devenga un accionar peligroso y autoritario?
¿Es sostenible el actual escenario con empresas supranacionales que muestran un crecimiento exponencial, que hacen y deshacen a su antojo, sin supervisión, a veces sin tener siquiera domicilio legal en los países donde operan, que pueden subir y eliminar contenidos ad libitum, sin que los estándares que construyen sean transparentes o por lo menos públicos?
Es probable que las plataformas tengan un modelo de negocios que se beneficia de lo que otros consideran males como las fake news y los discursos de odio. Y por eso, como dice María Ressa, Premio Nobel de la Paz, es inútil depurar un vaso de agua para después volcarlo al curso de un río contaminado. Hay que suprimir, en todo caso, la fuente de contaminación. Cómo lograrlo es el debate que les proponemos abrir.
En este libro ponemos en diálogo diferentes posiciones, resultado de dos mesas de debate que organizamos en 2022 en el Senado de la Nación, donde convocamos a especialistas de Argentina, América Latina y Europa para reflexionar sobre estos temas. Nuestro objetivo es tender los puentes necesarios para aportar un granito de arena en esta discusión que nos permita la construcción de sociedades más democráticas.
La Defensoría del Pueblo, en tanto organismo de representación y protección de los derechos de las audiencias de los medios de comunicación audiovisual, tiene como una de sus funciones principales recibir y canalizar las consultas y reclamos del público de estos medios (artículo 19 de la Ley 26.522).
En la actualidad, en lo que se refiere a las preocupaciones planteadas por las audiencias, se evidencia que una gran cantidad del contenido audiovisual considerado ofensivo, discriminatorio o vulneratorio de derechos y, por tanto, objeto de presentaciones ante la Defensoría, es recibido a través de plataformas digitales.
Lo que los reclamos reflejan es, que, por un lado, los contenidos audiovisuales que se producen y emiten por medios tradicionales (radio y televisión) son consumidos a través de plataformas digitales. En tanto que, por otro lado, gran parte del contenido audiovisual que se consume es directamente producido y emitido a través de plataformas de internet, tales como el streaming, que, en algunos supuestos, imitan el formato de producción de contenido de los medios tradicionales, al contar, por ejemplo, con grilla de programación y con responsable editorial.
A su vez, la ciudadanía viene expresando ante la Defensoría, en especial en el marco de las audiencias públicas, en qué medida la brecha digital existente afecta sus derechos, con respecto a la posibilidad y condiciones de conectividad a internet y al modo en que esa dificultad de acceso incide en el ejercicio de tantos otros derechos.
Estos elementos dan cuenta de las profundas transformaciones del fenómeno comunicacional de los últimos años y de la necesidad de profundizar el análisis sobre las particularidades de esos cambios, en clave de protección de los derechos de los distintos sectores de la comunicación.
Es en ese contexto que la Defensoría asumió el desafío de convocar a un debate plural y sumar perspectivas para definir los ejes centrales de la problemática que deberá atender una nueva regulación, así como también a repensar los alcances de las instituciones y normas existentes en este nuevo escenario.
Hoy, parte del contenido audiovisual es considerado
ofensivo