Qué espera la Justicia de la gestión Llaryora: respeto por su independencia y más recursos
Hay expectativas por quiénes encabezarán las dos carteras claves para el vínculo con el Poder Judicial: Justicia y Seguridad. En el área Penal urgen más designaciones e infraestructura para
La prolongada transición provincial que finalizará el 10 de diciembre hoy cumple 119 días. Sin embargo, sigue la espera por conocer los nombres de quienes ocuparán dos carteras claves en el vínculo con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal: las de Justicia y Seguridad. La falta de anuncios enerva a varios en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y en la Fiscalía General, tanto como la inacción de la gestión actual que se encuentra en retirada. “Ni contestan el teléfono” acusó una de las fuentes consultadas.
Las demandas son urgentes, en especial en materia Penal donde la crisis social y económica tiene un impacto directo en la curva ascendente de delitos que se reportan y en las problemáticas sociales que desembocan en la Justicia. De ahí que no sólo importe quién asumirá al frente de ese ministerio: también será trascendente quién se hará cargo del área de Seguridad y deba gobernar a la Policía de Córdoba, cuestionada en su efectividad por la sociedad.
Martín Llaryora no es un desconocido para la mayoría de los vocales del TSJ. En su gestión como intendente de San Francisco tuvo relación directa con Luis Angulo, cuando éste era ministro de Justicia. Uno de los proyectos hacer frente al incremento del delito. Lo propio en Violencia Familiar y de Género, donde la demanda creció 170%. En materia Laboral, la reforma procedimental que agiliza los procesos sólo se
que concretaron fue el de cárcel abierta en 2010.
Ya como intendente de Córdoba, recientemente, sumó la Municipalidad al programa de Justicia Restaurativa para menores punibles y no punibles.
Todos le reconocen un perfil proactivo en materia social. También, habilidad política para acumular poder. Por eso esperan que el alineamiento que lo ubica a la par de Juan Schiaretti para repeler lo que consideran un avance del kirchnerismo hacia el Poder Judicial a nivel nacional, lo mantenga coherentemente en Córdoba. Respeto a la división de poderes, a la República y a la independencia del Poder Judicial fueron las frases más escuchadas en los últimos días en los pasillos tribunalicios.
Las apreciaciones pueden pudo concretar en un cuarto de las demandas que ingresan. Tironeos para confeccionar el Presupuesto 2024, que será enviado a la Legislatura cuando concluya su revisión.
interpretarse como una respuesta a una versión surgida del entorno del gobernador electo sobre las expectativas de vacantes que puedan generarse en el seno del TSJ por jubilación de dos vocales. Días pasados, Luis Rubio se sintió aludido y ratificó su permanencia por lo menos “durante los próximos tres años”. El resto marcó la cancha: pide independencia, respeto y construcción de consensos.
Las designaciones de los vocales del TSJ son exclusivamente políticas. Domingo Sesín, Aída Tarditti y Luis Rubio fueron nombrados por el exgobernador Ramón Bau
tista Mestre. En tanto, Mercedes Blanc de Arabel, María Martha Cáceres de Bollati y Sebastián López Peña, por José Manuel de la Sota; y Luis Angulo, por Juan Schiaretti.
Desde el 10 de diciembre, Llaryora tendrá cuatro años para que se produzca alguna vacante. No hay gobernador que no desee tener un jurista de confianza en la cabeza del poder que tiene el control de legalidad de todas las decisiones del Ejecutivo.
Además, en la Fiscalía General cayó muy mal la mención de que alguien pueda imaginar al actual jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), Adrián Salcedo, para incorporarse al gabinete provincial en el área de Seguridad. Lo analizaron como una intromisión en otro
Llaryora deberá esperar cuatro años para que se produzcan vacantes en el TSJ
poder. “La fuerza y Salcedo dependen de la Fiscalía General”, advirtieron molestos tras los trascendidos periodísticos.
Temor por la posible parálisis de proyectos.
La Justicia tiene reformas en marcha y a medio camino sobre un nuevo sistema integral de flagrancias para atacar el delito mientras es ejecutado; sobre Justicia Restaurativa en materia Penal Juvenil para abordar el
tratamiento de niños y adolescentes que delinquen, y sobre la Reforma de Procedimientos Laborales para acortar el tiempo de los juicios, entre otras urgencias. A la par, el crecimiento exponencial del delito y la problemática de violencia familiar y de género le demandan más atención.
Por eso hay reclamos de más recursos, aunque se sabe que en la actual crisis económica que atraviesa el país no puede haber pedidos desmesurados.
Sistema integral de flagrancias. El proyecto está avanzado pero requiere definiciones. Consiste en montar una estructura para tramitar los delitos que se detectan mientras son cometidos. Eso permitirá desagregar este cúmulo de expedientes de las causas que requieren mayor atención y presentan complejidad. Prometen agilidad en la investigación, juicios abreviados y salidas alternativas a condenas de cárcel como la reparación a las víctimas.
La Legislatura aprobó la creación de más fiscalías, pero no se sabe dónde funcionarán.
También se dispuso un terreno en barrio La France para levantar el Centro de Recepción de Aprehendidos fuera de la alcaidía del Polo Judicial de barrio Observatorio, pero se licitó y la obra no comenzó. También se consensuó levantar otro centro similar para la zona sur de la ciudad, en Circunvalación entre Camino a San Antonio y Camino a 60 Cuadras, pero todo quedó en declaraciones y la gestión está paralizada.
Justicia Restaurativa Penal Juvenil.
Uno de los fenómenos preocupantes es el crecimiento exponencial de delitos cometidos por adolescentes, en particular en menores de 16 años que la ley argentina excluye de punibilidad. Qué hacer con ellos es el eje de uno de los programas que el TSJ puso en marcha este año. Se trata de analizar en cada caso la situación del joven y contribuir a que salga del delito a través de políticas de inclusión educativa, sanitaria y
social. Se encuentra en una primera etapa, en plan piloto, pero aspira a abarcar a todo el fuero. Para ello es esencial la interacción con el municipio, la Provincia e instituciones privadas.
Violencias de Género. Este año, el Polo de la Mujer registró un 170% más de consultas. La Unidad Judicial que concentra la atención de las mujeres está desbordada. Se esperan más recursos en personal para dar abasto y cubrir con respuestas efectivas la demanda creciente.
Antinarcotráfico. Se aspira a finalizar la sede de la FPA en Marcos Juárez y otra en Río Cuarto, ya que resulta más barato tener bases en las ciudades antes que trasladar estructuras y logísticas en cada operativo que se realiza.
Nuevo procedimiento laboral.
Con éxito comenzó a implementarse el nuevo procedimiento declarativo abreviado
El proyecto de
Flagrancias está avanzado, pero requiere definiciones
Con el nuevo procedimiento laboral, los juicios ahora tardan seis meses
en este tipo de juicios, pero sólo absorbe un 25% de las demandas que llegan al Fuero. Si bien agilizó la resolución de las causas –tardan seis meses cuando antes los juicios duraban varios años– y se alcanza la conciliación en más del 60% de litigios, aún faltan jueces. Hasta ahora son 13 los que implementaron el nuevo plan. El Poder Ejecutivo otorgó siete cargos y el Consejo de la Magistratura puso en marcha los concursos. Cuando haya 20 jueces con sus respectivas secretarías se podrá avanzar y cubrir el 70% de causas, dicen en tribunales. Mientras ello no ocurra, se seguirá a ‘media máquina’.