¿Por qué defendemos al Tribunal de Cuentas de Córdoba?
Respondamos dos preguntas iniciales para tratar de entender la crisis constitucional en la que estamos inmersos los cordobeses. La primera: ¿qué pasaría si Juan Schiaretti, todavía gobernador, le pidiera a su mayoría parlamentaria que le apruebe una ley mediante la cual, con el pretexto de modernizar, digitalizar y agilizar el funcionamiento del Poder Ejecutivo provincial, de paso, le quite funciones esenciales para ejecutar el gasto y administrar lo público?
Probablemente, el gobernador entrante estaría gritando a los cuatro vientos que su antecesor en el cargo quiere boicotearlo; que quiere quitarle funciones que la Constitución le confiere para cumplir con la misión que el pueblo le asignó: ejecutar las leyes y administrar los recursos de todos los cordobeses.
Claro está: de poco le serviría a alguien llegar a gobernador, con el acompañamiento del voto de la gente en las urnas, si luego no va a poder nombrar personal, decidir el destino de las partidas presupuestarias, supervisar las obras y servicios que están en marcha, etcétera. Sería un gobernador con el título de tal, y probablemente también, con la posibilidad de que le permitan ingresar al Centro Cívico del Bicentenario (el ‘Panal’).
Sin embargo, es sabido en el mundo del trabajo, y más en la era de la comunicación virtual, que ir no es lo mismo que trabajar, como tampoco es necesario ir para trabajar.
Sería, en efecto, un gobernador fantoche.
La segunda pregunta es la siguiente: ¿de qué forma podría un gobernador quitarse de encima los controles que le son molestos, porque quienes los llevarán adelante no responden a sus órdenes, sin tener que removerlos del cargo mediante un juicio político, para el cual necesitaría una amplia mayoría de dos tercios de la Legislatura y, además, tener que invocar una causa justa?
Como ya no es tan fácil remover a una autoridad pública electa por el pueblo a punta de pistola, como era común en nuestro país durante el siglo pasado y tampoco se puede remover por juicio político a quien todavía no asumió, la solución que encontró alguna mente maquiavélica al servicio del señor proveniente de San Francisco, fue la siguiente: los dejamos en el cargo muy tranquilos, pero sin poder cumplir con la misión esencial que le confirió, primero la Constitución, al crear el Tribunal de Cuentas, y segundo, el voto mayoritario del pueblo de Córdoba el día 25 de junio pasado.
En resumen: lo que ocurrió este miércoles en Córdoba tiene nombre. Fue un golpe.
¿El objetivo? Que la gobernación de Martín Llaryora sea absoluta, no tenEn ga límites, no pueda ser fiscalizada, supervisada, escrutada, controlada, ni limitada.
¿Qué nos queda? El todavía gobernador Schiaretti puede vetar la ley que el miércoles pasado aprobó la Legislatura.
De hacerlo, estaría cumpliendo con su juramento de cumplir y hacer cumplir con la Constitución Provincial, la cual en su artículo 127 define que el Tribunal de Cuentas de la Provincia deberá controlar “todo” (subrayo la palabra todo) acto administrativo que implique un gasto y de manera preventiva.
Esta alta responsabilidad, crucial para prevenir la corrupción, quedó en manos, por primera vez, de una mayoría política distinta a la que se quedó con la gobernación. Sin embargo, el gobernador entrante decidió, pensando en su propio interés y no en la voluntad popular, que esto era demasiado molesto para los tiempos que pretende imprimirle a su administración y, en especial, a su campaña presidencial.
En caso de que Schiaretti no vete la ley, será la hora del Poder Judicial.
Finalmente, en caso de no encontrar la nulidad de esta medida por parte del Poder Judicial cordobés, acostumbrado a la sumisión, quedará recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, eventualmente también, ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pero la lucha por el derecho, la lucha por la ética pública, que le dan sentido a la actividad política, no van a ser detenidas por nadie ni nada.