Programa Potenciar Trabajo por ubicación geográfica -beneficiarios cada mil habitantes-
Potenciar Inclusión Joven. Tiene un alcance en cantidad de personas mucho menor al Potenciar Trabajo y en el presupuesto 2024 se proyecta alcanzar a 60.000 personas beneficiarias. En este programa, la gran mayoría de los beneficiarios se encuentra en la Provincia de
Buenos Aires, representando el 61,5%. Si se suma Caba, que contiene el 3,4% de beneficiarios, el total en esa zona geográfica asciende a 65% del total.
Tarjeta Alimentar. Asistirá en 2024 a 2.340.000 titulares del beneficio, con el objetivo
de garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria a familias que se encuentran en extrema vulnerabilidad. Allí, la concentración de recursos en Amba es menor: entre provincias de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires se distribuye el 40,2% de los fondos.
Para los investigadores la mayor falencia en la gestión de estos recursos es la falta de un criterio claro y en todo caso prevalece un manejo discrecional de los recursos, sin tener en cuenta los índices de necesidades básicas insatisfechas, desempleo u otros indicadores.
“No hay criterio definido. El gasto social lo ejecuta principalmente el Ministerio de Desarrollo Social y los dos grandes programas son la Tarjeta Alimentar, que ahora se llama Prestación Alimentar, y el Potenciar Trabajo. Entre los dos ocupan el 90% del gasto y cuando uno mira la composición del gasto por distribución geográfica vemos que la provincia de Buenos Aires concentra el 50% del gasto de Potenciar Trabajo, pero el 37% de la Tarjeta Alimentar. Si hubiera un criterio de pobreza o de NBI tendríamos valores similares. No hay criterios”.
Volviendo al programa Potenciar Trabajo, si se analiza su distribución por cada 1.000 habitantes se tiene que Córdoba es una de las jurisdicciones que menos beneficiarios tiene. Capta el 3,6% de los recursos, pero mientras en Buenos Aires 36 personas cada 1.000 son beneficiarias en esta provincia ese valor baja a 11.
“Mirando números reales hay mucha concentración en Buenos Aires. Vemos que todos estos programas sociales son manejados con mucha discrecionalidad y son las organizaciones sociales las que administran buena parte de estos programas, dependiendo del lugar donde tengan más fuerza o incentivos para canalizarlos. El presupuesto del Ministerio de Desarrollo social que se maneja para transferencias es de 3,2 billones, los valores nominales cambian, pero en cantidad de beneficiarios viene más o menos consolidado desde 2021. Está proyectado 1,3 millón de beneficiarios para el Potenciar Trabajo. Eso no ha cambiado y no ha cambiado la falta de criterio. En ese sentido hay una continuidad y es lo mismo que pasa con el manejo de subsidios”, dice Quaglia.
–¿A qué atribuyen la falta de criterio y la discrecionalidad en el manejo de fondos?
–Lo que nosotros planteamos es que esta época de crisis social, política, económica, es un buen momento para poner sobre la mesa aspectos centrales que hacen al desarrollo. Y el federalismo es un aspecto que es transversal a todas las políticas públicas y tiene que ponerse en agenda en este momento. Cuando uno mira a través de la lupa del federalismo cómo se manejan las políticas públicas encuentra asimetrías por todos lados. Cuando se discute sobre los recursos de Vaca Muerta o del litio siempre se habla en términos nacionales, pero no tanto sobre dónde deberían ir las ganancias. ¿Van a seguir subsidiando al Amba o van a ir al interior permitiendo su desarrollo o en los lugares donde se produce? Esa discusión no está presente y genera un movimiento de incentivos y de desincentivos muy importante para que los recursos y las inversiones se concentren en algunas provincias en detrimento de otras.