Fiscalía General: delicado equilibrio entre el schiarettismo y el delasotismo
El 15 de marzo de 2019, Alejandro Moyano cumplió su mandato de cinco años como fiscal General. Había sido designado por José Manuel de la Sota.
Casi dos años se tomó Schiaretti para proponer a un nuevo jefe del Ministerio Público Fiscal, lo que generó la sospecha de que quería dejar con mandato vigente a un funcionario de su confianza tras su alejamiento de la gobernación. Recién en marzo de 2021 propuso a Juan Manuel Delgado, por entonces procurador del Tesoro de la Provincia. En esos dos años, la acefalía se cubrió con la conducción compartida de dos fiscales Generales Adjuntos, el delasotista Héctor David y el schiarettista José Gómez Demmel, un abogado de extrema confianza de Ricardo Sosa. Fue el modo de administrar poder en el órgano que fija las políticas criminales de persecución penal.
La llegada de Delgado no anuló la interna y potenció al ala oficialista.
Antes de asumir fue cuestionado por su cercanía a Schiaretti –aunque él niega un trato personal más allá de la función– y su posición sobre el aborto. En el expediente que cuestionaba la aplicación en Córdoba de la Interrupción Legal del Embarazo (IVE) dictaminó en contra de la ley por limitaciones constitucionales.
Hoy tiene en sus planes avanzar la habilitación de un Fuero de Flagrancias para tramitar con mayor agilidad las investigaciones de detenidos en el momento en el que cometen los delitos, particularmente robos. El tema evidenció discrepancias profundas entre vocales del TSJ y de algunos de ellos con el fiscal General.
Antes de la función pública, fue asesor jurídico de empresas. Tiene carácter ejecutivo en las decisiones, imposible en un terreno donde las decisiones deben ser estudiadas, consensuadas y dispuestas junto a un cuerpo colegiado como es el Tribunal Superior y el conjunto de jueces, fiscales y asesores.