Ningún fiscal puso en aprietos al gobernador que se despide
Durante los tres mandatos no hubo causas penales que alcanzaran a la persona del gobernador Juan Schiaretti. Ni siquiera las dos investigaciones, por licitaciones diferentes de los gasoductos troncales, pasó el primer peldaño de un expediente penal. Mientras en los países donde actuó Odebrecht causó un tembladeral político con imputaciones a presidentes, en Córdoba no movió el amperímetro. Las denuncias presentadas se archivaron.
Son contados con los dedos de una mano –y sobran– los funcionarios investigados y juzgados por sus gestiones. Hubo sólo dos condenas: al exintendente Germán Kammerath, por negocios incompatibles con la función pública, y al exsecretario de Ambiente, Raúl Costa, por incumplir la ley ambiental.
Dos expedientes recientes tuvieron impacto político: la condena a 12 policías –dos recibieron la pena máxima de prisión perpetua–por el crimen de Valentino Blas Correas en agosto del 2020 y la investigación por ataques y asesinatos a recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal.
En el primer caso, después de la sentencia hubo derivaciones en el Fuero Anticorrupción para analizar la conducta del exministro de Seguridad, Alfonso Mosquera y la rápida reacción del gobernador hizo que se impulsaran dos medidas importantes: la extensión de 10 meses a tres años de la formación de policías y la creación del Órgano de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad y Penitenciarias fuera de la órbita policial. La primera tuvo una contracara difícil de sobrellevar: por tres años hubo baja de efectivos y no se incorporaron nuevas camadas.
En la causa del Neonatal la pirámide de responsabilidades llegó hasta el exministro de Salud, Diego Cardozo.
No obstante la gravedad de los hechos, en cada elección la voluntad popular respaldó la gestión, lo que permite deducir que no impactaron negativamente en la imagen de Schiaretti, incluso como candidato presidencial. En la
campaña, ninguno de estos casos tuvo preponderancia.
Actualmente hay otro expediente caliente que investiga la presunta corrupción en el Servicio Penitenciario de la Provincia. Por el momento no escala más arriba.
Podrá conjeturarse que el Fuero Anticorrupción, creado por José Manuel de la Sota, fue diseñado con el objetivo de tamizar las denuncias por presuntos hechos de corrupción, dejándolas en el camino sin la mínima posibilidad de que querellantes pudieran intervenir para movilizar los expedientes. De hecho, el gobierno ni siquiera sufrió el sobresalto por el ingreso de querellantes a esas causas que pudieran controlar, empujar u ofrecer prueba en cada investigación. Cuando un grupo de exlegisladores –Aurelio García Elorrio, Liliana
Montero y Juan Pablo Quinteros– decidió formar ‘Asoma’, una asociación en contra de la corrupción, el Tribunal Superior de Justicia le vetó la posibilidad de litigar en estos casos.
Todos admitieron que la letra chica de la ley que creó el fuero prohibió la participación de terceros. El único damnificado es el Estado, la administración pública; pero si se investiga a un funcionario es imposible que se permita acusar a actores de la gestión propia.
Fue la vocal Aída Tarditti quien reconoció públicamente la inoperancia del Fuero Anticorrupción e hizo lo que tenía a mano: crear un espacio virtual para que fiscales y jueces informen sobre las investigaciones a funcionarios públicos. Aportó transparencia, no mucho más que eso.