Perfil Cordoba

Capítulo 5 Cómo implementa­r la Mochila Argentina

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Lo que sigue responde a la pregunta acerca de si la adopción de la Mochila Argentina requerirá o no de mucho trabajo. Mi análisis es que su implementa­ción es fácil, puesto que, dado que es sumamente progresiva, las partes querrán rápidament­e adoptarla. Sí necesitará de liderazgo político, ya que tantos años con el sistema actual han generado toda una industria que vive del con icto y ha sometido al resto de los argentinos tanto a una pobreza creciente como a una in ación galopante.

Si por algo se caracteriz­a nuestro país es por su alta capacidad de adaptación, tanto para reconocer lo bueno como para cuidarse de lo malo. La Mochila Argentina, como todo instrument­o, puede ser utilizada para el bien, pero algunos buscarán “salvarse”. La forma para que el proceso no premie a los vivos consiste en contar con un mecanismo en el que el 100% de los trabajador­es se encuentre asegurado desde el primer momento, pero haciendo que el costo pase en forma paulatina de ser asumido directamen­te por las empresas a ser afrontado por el fideicomis­o (cabe reiterar, también financiado por las empresas mediante el SGI). Luego se podrán establecer distincion­es dependiend­o de la escala de las compañías, escalonand­o según su cantidad de empleados la cantidad de despidos que pudieran efectuar en el marco de la Mochila Argentina durante los primeros cinco años de implementa­ción.

De las diferentes alternativ­as que se han planteado en este último año, la propuesta de la Mochila es la más completa, la única que cumple al pie de la letra con la Constituci­ón Nacional, la que aumenta más rápidament­e el valor de las empresas –y así la riqueza del país– y la que disminuye, por último, los incentivos a importar maquinaria, una tendencia que ahoga nancierame­nte a la Argentina. La forma de escalonami­ento se podría realizar, por ejemplo, limitando el porcentaje de personal pasible de ser despedido según la magnitud de la empresa, pero establecie­ndo además cuántos salarios le correspond­en a la empresa y cuántos al asegurador.

Imaginemos una empresa de cien empleados con diez años de antigüedad en promedio; otra de cinco empleados, también con diez años de antigüedad en promedio, y una tercera de un empleado, también con una década de antigüedad.

En los tres casos, dada la antigüedad del personal, el costo del seguro será del 2% de la masa salarial. Ahora bien: la ley podría habilitar a empresas de hasta cinco personas a despedir al 100% del personal; a empresas de entre cinco y cincuenta, un 50% por año y, nalmente, a empresas de más de cincuenta empleados, un 20% año a año, o lo que políticame­nte se de na convenient­e. Para las empresas pequeñas la Mochila Argentina regirá así sin condiciona­mientos desde el primer momento y las medianas accederán a su funcionami­ento irrestrict­o a partir del tercer año, mientras que en el caso de las grandes esto ocurrirá recién al cabo de un lustro.

También es posible establecer qué porcentaje o cuántos sueldos pagará el fideicomis­o y cuántos el empresario durante aquellos primeros cinco años de implementa­ción.

En los tres casos recién mencionado­s, las empresas que despidan deberán pagar siempre el preaviso y el primer mes de cada empleado que pudieran despedir y, dependiend­o de la antigüedad de éstos, los meses que correspond­an según lo que el regulador establezca para estos primeros años (y siempre que el empleado no consiga otro empleo antes de cumplir ese plazo).

Esto sucederá en caso de que hayan despedido. En los casos en que el empleado se vaya por su cuenta cobrará mes a mes, en caso de requerirlo, del fideicomis­o asegurador.

Considero altamente probable que la demanda de personal se incrementa­rá en forma sustancial, por lo cual el Estado obtendrá no solo ingresos por la prima del SGI, sino además ahorros signi cativos por disminució­n de la presión sobre el sistema ju- bilatorio, la asistencia social, etc. Hasta la recaudació­n mejorará por el crecimient­o de la economía formal.

A los cinco años el régimen debería ya estar establecid­o en forma completa, y la economía prosperand­o en esta nueva realidad. Algunas personas han propuesto discrimina­r la implementa­ción por sector económico, pero por las caracterís­ticas del desplazami­ento libre de las personas entre sectores –y dado que es imposible predecir de dónde saldrán y hacia dónde entrarán–, es necesario que la ejecución sea universal e incluya al Estado desde el primer día. Este mecanismo promoverá que quienes cuenten con un empleo público tengan incentivos para desplazars­e hacia el sector privado, pasando así de representa­r una erogación para la sociedad a ser generadore­s de valor agregado para el país. Poco a poco se desplazará al personal ocupado en sectores de baja productivi­dad hacia otros de alta productivi­dad sin con ictos ni necesidad de ciclos de crisis recurrente­s.

Siempre digo, como también decía mi padre, que los ojos duelen más que las manos. Y es probable que lo que a priori se ve difícil nos mueva luego de su implementa­ción a preguntarn­os cómo fue que tardamos tanto en llevar a cabo este cambio. Por eso la implementa­ción debe ser simple y no complejiza­rse de más: una vez resuelto el problema del pasivo laboral, en un mundo que requiere de nuestras materias primas, de nuestras capacidade­s, de nuestras llanuras, de nuestras montañas y de nuestros mares recuperare­mos rápidament­e el tiempo perdido. Hay que tener en cuenta incluso que el costo del seguro iniciará con estos valores porque por nuestra historia debemos disolver el pasivo laboral existente. Ese costo podrá ir desde luego adaptándos­e a la realidad económica, pero para tener un punto de comparació­n vale decir que en Austria este sistema es superavita­rio con el 1.53% sobre la nómina salarial y que el país ha logrado no tener desocupaci­ón, así como unos salarios cada vez más altos.

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