Capítulo 5 Cómo implementar la Mochila Argentina
Lo que sigue responde a la pregunta acerca de si la adopción de la Mochila Argentina requerirá o no de mucho trabajo. Mi análisis es que su implementación es fácil, puesto que, dado que es sumamente progresiva, las partes querrán rápidamente adoptarla. Sí necesitará de liderazgo político, ya que tantos años con el sistema actual han generado toda una industria que vive del con icto y ha sometido al resto de los argentinos tanto a una pobreza creciente como a una in ación galopante.
Si por algo se caracteriza nuestro país es por su alta capacidad de adaptación, tanto para reconocer lo bueno como para cuidarse de lo malo. La Mochila Argentina, como todo instrumento, puede ser utilizada para el bien, pero algunos buscarán “salvarse”. La forma para que el proceso no premie a los vivos consiste en contar con un mecanismo en el que el 100% de los trabajadores se encuentre asegurado desde el primer momento, pero haciendo que el costo pase en forma paulatina de ser asumido directamente por las empresas a ser afrontado por el fideicomiso (cabe reiterar, también financiado por las empresas mediante el SGI). Luego se podrán establecer distinciones dependiendo de la escala de las compañías, escalonando según su cantidad de empleados la cantidad de despidos que pudieran efectuar en el marco de la Mochila Argentina durante los primeros cinco años de implementación.
De las diferentes alternativas que se han planteado en este último año, la propuesta de la Mochila es la más completa, la única que cumple al pie de la letra con la Constitución Nacional, la que aumenta más rápidamente el valor de las empresas –y así la riqueza del país– y la que disminuye, por último, los incentivos a importar maquinaria, una tendencia que ahoga nancieramente a la Argentina. La forma de escalonamiento se podría realizar, por ejemplo, limitando el porcentaje de personal pasible de ser despedido según la magnitud de la empresa, pero estableciendo además cuántos salarios le corresponden a la empresa y cuántos al asegurador.
Imaginemos una empresa de cien empleados con diez años de antigüedad en promedio; otra de cinco empleados, también con diez años de antigüedad en promedio, y una tercera de un empleado, también con una década de antigüedad.
En los tres casos, dada la antigüedad del personal, el costo del seguro será del 2% de la masa salarial. Ahora bien: la ley podría habilitar a empresas de hasta cinco personas a despedir al 100% del personal; a empresas de entre cinco y cincuenta, un 50% por año y, nalmente, a empresas de más de cincuenta empleados, un 20% año a año, o lo que políticamente se de na conveniente. Para las empresas pequeñas la Mochila Argentina regirá así sin condicionamientos desde el primer momento y las medianas accederán a su funcionamiento irrestricto a partir del tercer año, mientras que en el caso de las grandes esto ocurrirá recién al cabo de un lustro.
También es posible establecer qué porcentaje o cuántos sueldos pagará el fideicomiso y cuántos el empresario durante aquellos primeros cinco años de implementación.
En los tres casos recién mencionados, las empresas que despidan deberán pagar siempre el preaviso y el primer mes de cada empleado que pudieran despedir y, dependiendo de la antigüedad de éstos, los meses que correspondan según lo que el regulador establezca para estos primeros años (y siempre que el empleado no consiga otro empleo antes de cumplir ese plazo).
Esto sucederá en caso de que hayan despedido. En los casos en que el empleado se vaya por su cuenta cobrará mes a mes, en caso de requerirlo, del fideicomiso asegurador.
Considero altamente probable que la demanda de personal se incrementará en forma sustancial, por lo cual el Estado obtendrá no solo ingresos por la prima del SGI, sino además ahorros signi cativos por disminución de la presión sobre el sistema ju- bilatorio, la asistencia social, etc. Hasta la recaudación mejorará por el crecimiento de la economía formal.
A los cinco años el régimen debería ya estar establecido en forma completa, y la economía prosperando en esta nueva realidad. Algunas personas han propuesto discriminar la implementación por sector económico, pero por las características del desplazamiento libre de las personas entre sectores –y dado que es imposible predecir de dónde saldrán y hacia dónde entrarán–, es necesario que la ejecución sea universal e incluya al Estado desde el primer día. Este mecanismo promoverá que quienes cuenten con un empleo público tengan incentivos para desplazarse hacia el sector privado, pasando así de representar una erogación para la sociedad a ser generadores de valor agregado para el país. Poco a poco se desplazará al personal ocupado en sectores de baja productividad hacia otros de alta productividad sin con ictos ni necesidad de ciclos de crisis recurrentes.
Siempre digo, como también decía mi padre, que los ojos duelen más que las manos. Y es probable que lo que a priori se ve difícil nos mueva luego de su implementación a preguntarnos cómo fue que tardamos tanto en llevar a cabo este cambio. Por eso la implementación debe ser simple y no complejizarse de más: una vez resuelto el problema del pasivo laboral, en un mundo que requiere de nuestras materias primas, de nuestras capacidades, de nuestras llanuras, de nuestras montañas y de nuestros mares recuperaremos rápidamente el tiempo perdido. Hay que tener en cuenta incluso que el costo del seguro iniciará con estos valores porque por nuestra historia debemos disolver el pasivo laboral existente. Ese costo podrá ir desde luego adaptándose a la realidad económica, pero para tener un punto de comparación vale decir que en Austria este sistema es superavitario con el 1.53% sobre la nómina salarial y que el país ha logrado no tener desocupación, así como unos salarios cada vez más altos.