No es lo mismo altos impuestos que malos impuestos
En la Argentina conviven dos fenómenos de naturaleza diferentes: altos impuestos y malos impuestos. Confundirlos lleva a diagnósticos incorrectos que desembocan en la crónica repetición de malas políticas.
Para argumentar que Argentina tiene altos impuestos, se suele hacer referencia a la presión impositiva. Ésta alcanzó aproximadamente el 30% en 2022, y se sitúa entre las más elevadas de Latinoamérica, pero todavía se encuentra por debajo de países europeos, como Francia (48%) o Noruega (45%). Frente a altos impuestos, la estrategia correcta es bajarlos o mejorar la calidad en la gestión del gasto público. Si los impuestos vuelven a la población con servicios hace que sean tolerables.
Un ejemplo ilustrativo lo brindan los países europeos. Allí, el Estado cobra impuestos considerablemente más altos que los aplicados en Argentina. Pero el Estado devuelve el esfuerzo tributario de la población con servicios públicos de alta calidad. Los presupuestos de las familias se alivian porque no tienen que asumir erogaciones para financiar la educación, la salud, la seguridad social, el transporte, la seguridad y otros servicios esenciales.
Un problema diferente, y mucho más complejo, plantean los malos impuestos. Las soluciones demandan estrategias más disruptivas.
Sobre impuestos buenos e impuestos malos.
La teoría económica indica que un impuesto, para ser ‘bueno’ debe, en primer lugar, garantizar la eficiencia económica, es decir los impuestos deben ser neutrales desde el punto de vista de la asignación de recursos en la producción. Esto es, no deben distorsionar las decisiones de los agentes económicos cuando deciden invertir, generar empleos, movilizar capital de trabajo y usar insumos.
Además, debieran ser equitativos, es decir, implicar que aquellos que tienen mayores ingresos o capacidades contribuyan proporcionalmente más al sistema impositivo. El sistema impositivo también debe ser simple y claro, así se reducen los costos de cumplimiento para los contribuyentes y facilitan la administración tributaria.
La Argentina no cumple con estos requisitos. Sufre un sistema tributario complejo y fragmentado. Prevalece la superposición de impuestos que emanan de los tres niveles de gobierno. Esto hace que el sistema sea difícil de entender y cumplir. Está plagado de impuestos que distorsionan las decisiones de producción y consumo, generando ineficiencias económicas.
Ejemplos de impuestos distorsivos en Argentina abundan. Las cargas sociales gravan la decisión de una empresa de dar trabajo en blanco. El impuesto a los sellos grava la
formalización de contratos, tan necesarios para generar negocios sanos, predecibles y transparentes. El impuesto a la ganancia mínima presunta grava los activos productivos. El impuesto al cheque grava el capital de trabajo movilizado por las vías formales. El impuesto a los ingresos brutos provincial y las tasas de comercio e industria municipal gravan los insumos y los encadenamientos productivos largos, tan necesarios para lograr especialización y, por esta vía, mayor productividad y calidad. Definitivamente, son impuestos antiproductivos. Como consecuencia, se tiene una elevada evasión fiscal.
¿Qué hacer con los malos impuestos?
Los malos impuestos requieren una operación de política publicas más compleja. No alcanza con bajarlos ni mejorar la gestión del gasto público a niveles europeos. Es deseable y necesario eliminarlos, ya que son impuestos que desalientan la producción, tienen impactos regresivos en la distribución del ingreso y son permeables a altos niveles de evasión.
Por estos motivos, la única solución viable es su completa eliminación. Aunque la idea de vincular su eliminación futura al crecimiento económico y la reducción del gasto público suena atractiva, en realidad resulta poco realista. Este enfoque, aunque políticamente atractivo al postergar el problema para el futuro, es de cumplimiento imposible. Con impuestos tan perjudiciales, el Producto Interno Bruto (PIB) no experimenta un crecimiento significativo y la reducción del gasto se vuelve un proceso
arduo y lento.
Un ejemplo reciente que ilustra esta dificultad es el fracaso del Consenso Fiscal firmado en 2017. Aunque se comprometió a reducir los impuestos sobre ingresos brutos y sellos, se suponía que dicha reducción se compensaría con el crecimiento de la recaudación generado por el aumento del PIB. Sin embargo, como era previsible dada la naturaleza perjudicial de los impuestos, el PIB no experimentó un crecimiento significativo. Como medida para preservar los ingresos públicos, se suspendió el cronograma de reducción de impuestos, y la medida fracasó.
Repitiendo errores.
El ministro de Economía, Luis Caputo, visitó la Unión Industrial Argentina (UIA) y afirmó con énfasis que es imperativo reducir los impuestos. Sin embargo, destacó que esta medida sólo será viable una vez que se haya logrado reducir el gasto público. El razonamiento utilizado es familiar para los argentinos: la prioridad es eliminar el déficit fiscal, ya que de lo contrario el Estado recurre al peor de los tributos, el impuesto inflacionario. Se espera que una vez alcanzada esta meta, se cree un espacio fiscal que permita la disminución de los impuestos considerados perjudiciales.
En línea con esta perspectiva, y acentuando las noticias desfavorables, el gobierno ha presentado un proyecto de ley que sigue la antigua fórmula. Bajo la justificación de que se trata de una medida transitoria, fundamentada en una situación de emergencia, se recurre nuevamente a un ajuste fiscal mediante el aumento de impuestos distorsivos. En esta ocasión, las retenciones sobre las exportaciones.
La iniciativa del nuevo gobierno guarda similitudes significativas con estrategias aplicadas en el pasado, incluyendo la implementación de un nuevo blanqueo. Argentina ha establecido un récord en condonaciones tributarias que premian los incumplimientos.
¿Hay estrategias alternativas?
Con un diagnóstico más preciso y un enfoque más imaginativo, se abren vías mucho más efectivas que los intentos fallidos de ajuste fiscal basados en el aumento ‘temporal’ de impuestos distorsivos. Reconocer que la meta de reducir impuestos no es menos importante que la eliminación de los impuestos más perjudiciales es fundamental.
La clave radica en lograr que los impuestos ‘buenos’ reemplacen a los ‘malos’. Este cambio crucial permite crear un entorno más favorable para la producción y reduce los niveles de evasión, sin comprometer el objetivo de equilibrar las cuentas públicas. No es necesario esperar a una reducción del gasto público para avanzar hacia un sistema tributario más eficaz. Postergar la reforma tributaria hasta que se
“La clave es lograr que los impuestos ‘buenos’ reemplacen a los ‘malos’”
reduzca el gasto es un planteamiento equivocado.
Tomemos el ejemplo del IVA, que es un mejor impuesto que los ingresos brutos y las tasas municipales. Aunque los tres gravan el mismo hecho imponible (las ventas), sus impactos y niveles de evasión difieren significativamente. Al absorber el IVA, los ingresos brutos y las tasas municipales se podría mejorar el funcionamiento de la economía, reducir la carga burocrática sobre los contribuyentes y el Estado y disminuir la evasión. Este cambio puede implementarse de inmediato, sin necesidad de esperar una disminución del gasto público. Sólo se requiere audacia y creatividad para alejarse de los enfoques tradicionales de ajuste.
“Postergar la reforma tributaria hasta reducir
el gasto es equivocado”