El mercado por la ventana
La mayoría de la sociedad evaluará al Gobierno más por los resultados económicos inmediatos que por las discusiones sobre institucionalidad.
Argentina ingresa en una etapa inexplorada. El nuevo gobierno propone, a través de los dos nuevos instrumentos jurídicos, el DNU N° 70 y la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos –así presentada con mayúsculas–, generar un régimen político diferente a la democracia tal como la conocemos.
Nueva refundación. Como indica el nombre de la ley, se busca promover nuevas bases con el objetivo de refundar el país. Las características de este nuevo país se pueden deducir del texto del artículo 3°, que formula “la profundización de la libertad de mercados, impulsando la interacción espontánea de la oferta y de la demanda como modo de ordenamiento y reactivación de la economía, facilitando el funcionamiento de los mercados y el comercio interno y externo, promoviendo la desregulación de los mercados y la simplificación regulatoria”.
Quien comience a leer la ley ómnibus quizá no termine de entender para qué se han tomado el trabajo de escribir 664 artículos y 283 anexos si ya en el tercero se pide la delegación legislativa en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social –prácticamente todas las materias estatales– hasta el 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de extenderse por dos años, es decir todo el mandato de Milei. Desde ya, como pasa con el DNU, esta posibilidad se enhebra con las disposiciones contradictorias de la propia CN, que en el artículo 76 prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo…salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública. Obviamente, el Gobierno aquí sostiene que el país se encuentra en una situación de emergencia. El mecanismo de delegación ha sido normalmente rechazado por los sectores republicanos ya que, obviamente, debilita la división de poderes. El argumento central que los comunicadores oficialistas exhiben actualmente es que Alberto Fernández y sus antecesores también lo hicieron, como si los errores ajenos justificaran los propios.
Rápido y furioso. Con respecto a la megaley, vale la pena seguir el análisis de Gustavo Arballo (@ GustArballo), que identifica 55 temas que en realidad deberían resultar en tantas leyes o más y que (des)regula cuestiones tan diferentes como la reventa de entradas (art. 63°), la explotación minera en la zona de los glaciares (art. 502° y 503°), la eliminación del histórico Fondo Nacional de las Artes (art. 589°), la introducción de vehículos autodirigidos (art. 628°), amén de abrir la posibilidad de la privatización de una gran cantidad de organizaciones o empresas estatales, incluyendo espacios anteriormente considerados estratégicos, como Fabricaciones Militares.
Los apuros para el envío de la ley llevan a dilemas lógicos como el artículo 654, que plantea la ratificación del DNU N° 70/23 –que está en vigencia desde el viernes último–: ¿qué pasa si el decreto es rechazado y la ley aprobada, o al revés? Otro problema se incorpora al incluir las cuestiones electorales: se debe contar con la mayoría absoluta de los miembros de las cámaras –no de los presentes– para su aprobación. La propuesta de eliminar las PASO ha estado en discusión todo el año, pero la transformación de la elección de los diputados mediante un sistema de circunscripciones uninominales –solo un ganador por distrito– (art. 443°) demuestra cierta impulsividad de los redactores ya que este sistema fortalece a los partidos más grandes –el modelo inglés es imbatible en este aspecto– y en una buena elección el peronismo podría perfectamente dominar ampliamente la cámara.
Cien por ciento lucha. La impresión general es que ambos instrumentos legales tienen amplias posibilidades de ser rechazados e incluso la ley resultar tan modificada que sea vetada por el Poder Ejecutivo. Javier Milei parece haber previsto esta situación desde el momento que da su discurso inaugural de espaldas al Congreso. Esto llevaría a una colisión política y social de extensas proporciones. Es claro que un sector de la sociedad, en principio de los votantes de La Libertad Avanza y el sector bullrrichista del PRO, festejan estas medidas, no pocos creen que el sistema democrático tal como está concebido desde 1983 es un obstáculo para el desarrollo del mercado y a algunos no les molestaría la salida a lo Fujimori. En cambio, otro espacio de la sociedad plantea –para decilo con suavidad– que se pretende provocar un golpe institucional. Paradójicamente, el conflicto está previsto en la ley y para eso se dedican nada menos que dieciséis artículos a la “organización de las manifestaciones”, llegando a incluir el imposible de que las manifestaciones espontáneas deban ser notificadas con antelación (art. 334°).
Existe –o existía– un acuerdo tácito en la política argentina de que deben hacerse cambios en el sistema económico. Cuatro de los cinco candidatos abogaron durante el debate presidencial sobre la necesidad de obtener un equilibrio fiscal y evitar que el Estado contraiga nueva deuda. También se debe observar que mucha regulación ha quedado obsoleta y que debe actualizarse, y también que el sistema tributario debe ser justo y proporcional a la capacidad contributiva. Obsérvese que los subproductos de la soja pasarán a tributar el 33% por retenciones, mientras que la actividad minera continuará con su silencioso 3%. Cada vez que se escucha al ministro Guillermo Francos, plantea que se debe negociar el plan de reformas entre oficialismo y oposición; sin embargo, parece ser una voz perdida en un tsunami de posiciones extremas.
¿Y la micro? Finalmente, debe señalarse que, más allá de los debates de las minorías más politizadas, la mayoría de la sociedad evaluará al Gobierno más por los resultados económicos inmediatos que por las discusiones sobre la institucionalidad. En un mar de inequidades y restricciones, es una necedad culparla de algo. Por algo hoy se está revaluando la quita prevista de los subsidios totales al transporte y a la energía. En un país donde un sueldo de 200 mil pesos no es un mal ingreso, es impensable un boleto de colectivo o tren a 800 pesos (o un dólar oficial). También apareció una canasta de precios aminorada –expecado colectivista– y probablemente se observen más de estas negociaciones para ralentizar los precios absolutamente desbordados.