“Hace una década se debatió y rechazó el divorcio administrativo y las sucesiones notariales”
—¿Por qué adhirió a la carta abierta?
—Cuando adherí a esa carta pensé que no se puede ir contra consensos básicos y mínimos. La modificación del Código Civil tuvo un extenso recorrido para llegar a la concreción de la norma. Se desarrolló sin inconvenientes, tuvo consenso de la sociedad argentina. El proceso estuvo acompañado por audiencias públicas a lo largo de todo el país. Si hubo una reforma democrática con un basamento legal de impacto, fue la reforma del Código Civil y que ahora, en el marco de una ley ómnibus, tengamos que tratar la ley de salud mental, el divorcio exprés y otras modificaciones me parece avezado. Son cuestiones muy complejas.
—¿Son propuestas novedosas? —En 2012, cuando se estaba debatiendo el anteproyecto de reforma del CCyC se debatió el divorcio exprés administrativo y la declaratoria de herederos tramitada por escribanos. Fue un debate profundísimo. No hubo consenso.
—¿Por qué sería objetable llevar el divorcio a la esfera administrativa?
—Hay una tendencia a decir que así como se casan ante una sede administrativa, se puede tramitar el divorcio. Pero salir del matrimonio no es lo mismo, no es tan simple decir me voy de la misma manera que entré. Cuando una persona sale, se han generado aspectos patrimoniales de peso, hay hijos y ahí es donde el asesoramiento del abogado, la escucha del juez que homologa o no un acuerdo, resultan muy importantes. Puede haber matrimonios sin hijos, que son jóvenes, no tienen bienes en común. Ahí sí sería factible un divorcio a través de un trámite, el pago de una tasa. Pero hay otras situaciones donde hay muchas tratativas entre los cónyuges que tienen un impacto muy fuerte. El tema no es light; por eso hace una década el divorcio exprés no tuvo aval.
—¿Los divorcios no conflictivos que citó son muchos?
—Desde que se instaló el divorcio incausado, donde no hay plazos de espera ni hay que invocar una causa, la mayoría se tramita a través de presentaciones conjuntas. También están los unilaterales donde es a petición de una parte y la otra realiza una contrapropuesta. En este marco, si uno decide divorciarse el otro no puede resistir. La mayoría adhiere. El problema se asienta en los convenios donde no hay consensos sobre cómo se resolverán las cuestiones derivadas de la responsabilidad parental en relación a los chicos, los bienes, la compensación económica; hay muchos aspectos que hacen a los efectos derivados de la relación jurídica matrimonial donde la gente no se pone de acuerdo. La realidad muestra que no estamos tan cerca del divorcio administrativo. Estamos lejos de una sociedad que gestiona los conflictos con madurez, más allá de que haya gente que sí lo haga. Lamentablemente, muchas familias transitan un proceso con un agudo acompañamiento profesional para no profundizar los conflictos. Los abogados acompañan a las familias en crisis. No habrá menos conflictos porque exista el divorcio exprés.
—¿Qué opina de la ley de salud mental?
—Me asusta. Si bien nos excede a los jueces de Familia porque no tenemos esa competencia, sino que la tienen los jueces civiles, es volver a un paradigma que se superó con mucho esfuerzo e implica el regreso a la manicomialización. No digo que el tema sea fácil. Es uno de los más álgidos con los que se enfrenta la familia, el Estado, el sistema y el Poder Judicial. Hay que tener cuidado ahí porque es volver a darle poder a un juez que no tiene la idoneidad como puede tenerla un psiquiatra, un equipo interdisciplinario. Se coloca en el juez la decisión de internar a una persona. Retroceder en una ley tan valiosa es, al menos, peligroso.