“Hemos iniciado acciones políticas pero si hay que ir a la Justicia, lo haremos”
—¿Por qué el Colegio de Abogados tomó una posición tan crítica?
—Hay temas técnicos introducidos en el proyecto de ley con el intento de desregular todo tipo de trámites. Implica la modificación del divorcio no contencioso, lo saca de la esfera judicial y lo lleva a la administrativa; es decir que prescinde del patrocinio letrado. Respecto de las sucesiones, es el mismo planteo. En realidad, no se puede prescindir del trámite jurisdiccional como tampoco del patrocinio letrado. Como colegio y a nivel provincial, la federación y a nivel nacional la Faca, reivindicamos nuestro rol profesional y defendemos las incumbencias. Si es necesario ir a la Justicia lo haremos y también hemos iniciado acciones políticas, que son comunicaciones a todos los legisladores nacionales por Córdoba, de todos los partidos políticos, haciendo conocer la posición del Colegio de Abogados
de Córdoba sobre por qué no se puede aprobar este proyecto de ley, por qué no se puede prescindir del abogado.
—¿Por qué no se debería prescindir?
— Primero por la incumbencia profesional. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estableció las currículas en cada facultad y universidad. En el caso de la Facultad de Derecho, para ser abogado es necesario aprobar la materia de Familia y la de Sucesiones; es parte de nuestro trabajo. Segundo porque estamos para resguardar los derechos de los ciudadanos. Cuando éstos se ven afectados, en el futuro significará una mayor congestión de la Justicia y mayores costos para aquel que accedió a un trámite administrativo sin la participación de un abogado. Hay muchos temas que se omiten livianamente. —¿Qué respuesta tuvieron en los contactos políticos?
—Todos están sorprendidos, no sólo por el planteo que hacemos los abogados, sino por lo que significa la ley Ómnibus. En lo que planteamos desde el colegio estamos teniendo buena recepción por parte de los legisladores.
—Son incumbencias fuertes las que pierden. ¿Qué implican en el plano laboral?
— Se achica muchísimo el espectro de nuestras intervenciones. No son cuestiones menores, son trascendentales. No estamos dispuestos a perderlas sin dar la pelea en los ámbitos institucionales que correspondan. Este no es un proyecto nuevo. Cada gobierno que asume, del signo político que sea, siempre intenta avanzar por sobre la abogacía. Implica la invisibilización de derechos. Nos pasó con Anses y con las comisiones médicas, que logramos revertir. —¿No cree que este avance que se pretende no se debe a que la presencia de abogados genera alto nivel de litigiosidad?
—El análisis debe ser más profundo. No se trata de sacar de la cancha a los abogados y decir que la industria de juicio la genera nuestra actividad. Hay que generar una mesa de debate donde estén todos los actores sentados y discutir seriamente qué hay que llevar a la Justicia. Hay cuestiones que se pueden resolver por afuera, pero con la participación de la abogacía. Sin ella será difícil resguardar los derechos de los ciudadanos.