Llaryora posterga la designación en el TSJ por paritarias con empleados públicos
El Gobierno provincial tiene otras prioridades, según manifestaron voceros del gobernador. El oficialismo sabe que hoy existen problemas que no
La sorpresa invadió las oficinas del Gobierno provincial cuando se confirmó la semana pasada que la vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Mercedes Blanc de Arabel, había presentado su renuncia el mismo día que cumplía 75 años.
Casi en el mismo instante, comenzó la tradicional ola de rumores en Tribunales sobre los probables reemplazantes de la especialista en derecho laboral que se retira para jubilarse.
En paralelo y tras ser informado de la situación, el gobernador Martín Llaryora consultó sobre si la vacante generaba algún problema de funcionamiento en el máximo tribunal de la provincia y el ministro de Justicia Julián López le dijo que no, porque de los siete miembros del cuerpo, quedan seis. Y en esos casos, si fuera necesario, se convoca a un camarista o juez para que cubra el lugar en algún caso puntual o por determinado tiempo.
Laryora fue claro: existen otras prioridades en estos momentos, cuando su gestión comienza; otros delicados frentes de conflicto, como la discusión salarial con los empleados públicos que tiene casi nulas chances de llegar a buen puerto, al menos en el corto plazo. El problema es uno solo: en las arcas provinciales no hay una moneda para prometer nada, según manifiestan en el Tesoro.
Entonces, por ahora, la vacante de Blanc de Arabel no será cubierta. Antes de conocerse la decisión de Llaryora, en el mundo judicial cordobés había trascendido que la vocal sería sustituida por una camarista del fuero civil de la ciudad de San Francisco. Desde el Centro Cívico, importantes voces le restaron cualquier tipo de veracidad al comentario. “No hay nada, jamás se habló de eso”, dijeron las fuentes.
Antes, en la creciente y alocada ola de rumores que siempre se da en Tribunales cuando ocurren este tipo de hechos, había resurgido el elenco de bailarines de malambo que siempre aparecen y están dispuestos, a tono con los festivales de verano, a ofrecer sus mudanzas para cautivar al auditorio, en este caso el poder provincial. Así, en numerosos chats se mencionó al siempre dispuesto titular del Colegio de Abogados, Ignacio Segura, y a los tienen respuesta en el corto plazo: la inseguridad y afrontar el ajuste salarial de los empleados públicos, por ejemplo. Debate en la Justicia provincial sobre
fiscales adjuntos José Gómez Demmel y Héctor David como candidatos a cubrir la vacante. Ninguno corrió.
Angulo, el único. La renuncia de la jurista sorprendió a sus colegas del Tribunal Superior porque no habían sido informados. El único que tenía el dato era el presidente del cuerpo, Luis Angulo, hombre ligado al schiarettismo ya que fue ministro de Trabajo durante dos de las tres gestiones de Schiaretti, a quien también acompañó en la intervención de Santiago del Estero.
Precisamente, Angulo convocó a la reunión del TSJ cordobés y allí se presentó la edad jubilatoria de los jueces. La reforma constitucional del ’94 dice que deben retirarse a los 75 años, pero les deja una puerta abierta a la continuidad. la copia de la renuncia de la magistrada.
Hay que recordar que luego de ganar la elección provincial, se supo que Llaryora buscaba renovar los aires en la Justicia provincial y se dijo que su pretensión era lograr dos vacantes en el Tribunal Superior. No hubo nombres pero, más temprano que tarde, ‘radio pasillo’ develó los misterios: quería las renuncias de Blanc de Arabel y de Luis Rubio, el vocal más longevo del cuerpo (tiene 81 años). El otro miembro del máximo tribunal que dentro de poco podría jubilarse es Angulo, a quien le faltan dos años.
El año pasado, Blanc se mantuvo en silencio y Rubio, a través de voceros, mandó a decir que él no tenía pensado renunciar. Y el tema se acalló en medio de las versiones de todo tipo sobre el armado del gabinete del nuevo gobierno. Los allegados a Rubio vuelven a manifestar que el vocal no tiene pensado renunciar, al menos este año.
Debe decirse que por la reforma de la Constitución Nacional en 1994, los jueces deben retirarse a los 75 años, pero la misma norma los habilita a otros cinco años si vuelven a ser postulados por el Ejecutivo de turno y tienen acuerdo del Senado (artículo 99, inciso 4).
En los principales despachos de la Justicia provincial se generó un interesante debate sobre el punto, porque algunos especialistas indican que esa norma no existe en la provincia, a pesar de su rango constitucional. Si bien la norma dice que luego de los 75 años un juez puede seguir otros cinco si tiene acuerdo parlamentario, nada dice sobre si cumplido ese lustro debe jubilarse, por lo que lo volvería a habilitar. Ya pasó con el vocal de la Corte, Carlos Fayt, quien terminó retirándose de la Corte Suprema de Justicia a los 97 años.
Los jueces y la política. En el medio quedan numerosas interpretaciones políticas que desde el Gobierno provincial hoy no quieren formular. Además, hay otro tema espinoso: la actuación de los magistrados en los casos penales, materia propia del Ministerio de Seguridad. “Esa es una pelea que vamos perdiendo y debemos evitar que la derrota sea por goleada”, indicó un funcionario provincial, que recordó las palabras del cura Mariano Oberlin, quien dijo que la crisis económica favorece al narcotráfico (Ver nota en páginas 8 y 9).
Sobre eso, una fuente legislativa de la administración llaryorista reconoció que Córdoba no tiene respuestas, porque la situación excede al Gobierno provincial. “Lo mismo pasa con la negociación con los empleados públicos. Los reclamos son justos pero no hay posibilidades de afrontarlos”.
Llaman a la prudencia y a evitar respuestas drásticas en estos momentos, pese a que los niveles estrafalarios de inflación pulverizan cualquier billetera. Por eso, el reemplazante de Blanc de Arabel puede esperar.