Ecuador, espejo de varias caras para quienes quieran mirarse
Hace casi unas tres décadas atrás, cuando se asomaba al estudio de la Criminología Crítica de la mano del maestro Roberto Bergalli en Barcelona, quien suscribe estas líneas tuvo ocasión de entrevistar al sociólogo francés Alain Touraine, quien advertía acerca de las problemáticas condiciones –por entonces coexistentes– que convertían a Colombia en un Estado fallido.
La pérdida del monopolio de la fuerza y la coerción por parte del Estado frente a otros actores como las guerrillas insurgentes, los grupos paramilitares y los carteles del narcotráfico, pero además la desidia con que diferentes administraciones fueron resignando funciones estatales para mediar en una sociedad marcada por la desigualdad y la pobreza, asomaban en aquella pintura sobre Colombia que con los años podría ilustrar a otras realidades.
El repliegue o la inacción del Estado frente a las demandas básicas de vastos sectores de población, facilitaba la tarea a quienes –entre los bolsones de marginalidad y desempleo de generaciones con futuro incierto o hipotecado– ganaban adeptos o reclutaban mano de obra para grupos o bandas con cada vez más poder, en especial en la producción y comercio ilegal de drogas. Más de 30 años después, aquel diagnóstico puede traspolarse a un Ecuador que, en los últimos años, pasó de modo vertiginoso de ser un lugar de tránsito a convertirse en centro clave de acopio y distribución de cocaína, en especial la destinada a Estados Unidos y Europa. De ser, hace poco más de un lustro, una de las naciones más seguras de Latinoamérica a ostentar uno de los más altos índices de homicidios por cada 100 mil habitantes.
Esta semana, Daniel Noboa, quien asumió el 23 de noviembre pasado como el presidente más joven de este país y cuyo mandato expirará en mayo de 2025, al completar el período fallido del banquero Guillermo Lasso, declaró el ‘estado de excepción’ primero y de ‘conflicto armado (guerra) interno’, un día después, contra 22 organizaciones del crimen organizado a las que identificó como “terroristas”.
La espiral de violencia de los últimos días y el estado de guerra interna decretado por su presidente, Daniel Noboa, pusieron en foco al país que se convirtió en principal exportador de cocaína. Una realidad y recetas para combatirla que traspasan fronteras.
Fuga y escalada. La actual escalada detonó con la fuga de Adolfo Macías o ‘Fito’, líder de la temible banda de ‘Los Choneros’, una de las dos organizaciones con más integrantes e infiltraciones en estamentos de poder y en un sistema penitenciario permeable y corrompido que tampoco pudo mantener tras las rejas a Fabricio Colón Pico, jefe de ‘Los Lobos’, el otro grupo delincuente de mayor influencia.
La sucesión de motines y violencia sincronizada en distintas cárceles, diferentes ataques con explosivos –sobre todo en zonas costeras y ciudades portuarias–, la irrupción de encapuchados en universidades y la confusa toma en vivo de un canal de TV, que se saldó con la detención de los 13 muy jóvenes secuestradores sin disparar un solo tiro (lo que alimentó versiones de un montaje), dieron paso a la situación actual. Por –al menos– 60 días rige toque de queda entre las 11 de la noche y las cinco de la mañana en todo el país, militares patrullan en las calles y el gobierno –sin tener mayoría en la Asamblea (la oposición tiene la bancada más numerosa en el Congreso)– cosechó avales para hacer frente de manera drástica al crimen organizado.
Incluso el expresidente Rafael Correa dio su apoyo y reclamó “unidad nacional” frente al momento de tensión e incertidumbre que al promediar la semana se adueñó de buena parte del país.
Objetivos militares. La instauración del estado de conflicto armado interno y la identificación como ‘terroristas’ de quienes sean identificados como integrantes de algunos de esos 22 grupos convierte a los 20 mil ecuatorianos –que según el gobierno revistarían en ellos– en ‘objetivos militares’, a quienes las fuerzas regulares pueden disparar a matar.
La identificación de Noboa como un ‘presidente en guerra’ y su propuesta de combatir al delito con las fuerzas armadas, que en campaña había prometido someter a consulta popular, se inscribe en recetas de mano dura como las que empleó el expresidente Felipe Calderón en México. Allí la guerra contra el narcotráfico no sólo no desmanteló sino que multiplicó el poder y la cantidad de los carteles que, como en el caso del de Sinaloa con ‘Los Choneros’, o el de Jalisco Nueva Generación con ‘Los Lobos’, tienen hoy sus conexiones de ‘negocios’ con Ecuador.
La idea de cárceles flotantes para narcotraficantes, como estrategia para reducir el margen de acción de cabecillas de bandas detenidos, remite a las promocionadas acciones de Nayib Bukele contra las Maras en El Salvador, tan efectistas como polémicas y cuestionadas por organismos y entidades internacionales de Derechos Humanos. Pero la realidad y la ubicación geográfica de Ecuador, situado entre Colombia y Perú, dos principales productores de cocaína, diferencian su presente del salvadoreño, con quien sin embargo comparte el fenómeno de la dolarización.
Dolarización y lavado. Fue el propio Noboa, cuando aún no había asumido la presidencia ecuatoriana, quien apuntó a la dolarización como uno de los factores clave para entender la proliferación del narcotráfico y el crimen organizado.
Sin tener que efectuar cambio de divisas, el lavado de dinero proveniente del narcotráfico se potenció en los últimos años en diferentes lugares y emprendimientos, razonó el actual mandatario y coincide con él desde Quito Luis Pozo, historiador y periodista consultado por PERFIL CÓRDOBA.
Pero Pozo también apunta a otro ingrediente fundamental. “El retiro de lo público, de lo estatal de diversas áreas y funciones… Esa idea de que el Estado no debía interferir ni actuar sin fuentes de financiamiento fue dejando vacíos que otros cubrieron”.
“Carteles de Colombia y México y mafias, como la albanesa, fueron ganando espacio en cinco provincias que dan a la costa del Pacífico y tienen ciudades portuarias”, señala Pozo.
“Desde sectores de la derecha le endilgan responsabilidades por esta crisis al expresidente Rafael Correa por haber sido ‘dialoguista’ con algunos líderes de estos grupos, pero en su época las organizaciones eran sólo
dos y hubo detenciones de sus líderes. Desde que se fue Correa (a inicios de 2017) y le sucedió Lenín Moreno primero y Lasso después, tuvimos un Estado en retirada, con recortes en áreas sociales, salud, educación… Fue un repliegue sin anunciarlo como (Javier) Milei en Argentina, pero con el Estado retirándose cada vez más y dejando a jóvenes sin educación ni empleo convertidos en mano de obra baratísima para las bandas narcos”, acota el periodista e historiador.
Pozo cita el caso de su hermana Marta, profesora de Ciclo Básico en el Colegio Nacional de Ibarra, una ciudad al norte de Quito, quien al caer la tarde debe suspender sus clases a adolescentes de entre 13 y 15 años, porque nadie repone las luces quemadas para iluminar el aula. Una precariedad a la que se suma el estado en que concurren estudiantes a quienes les cuesta conciliar la atención en clases con el estómago vacío.
En contraste con los números de la macroeconomía o de la inflación que se ufanan de haber controlado los mentores de la dolarización, la precaria situación social de la mayoría de los ecuatorianos produjo dos estallidos en los últimos años. Uno en la presidencia de Moreno, en 2019, y otro durante el mandato de Lasso, en 2021, cuando un incremento en los combustibles enmarcado en exigencias del Fondo Monetario Internacional, derivó en la rebelión de los organizados pueblos indígenas, produjo una marcha atrás del ajuste y puso en cuenta regresiva el mandato de un presidente (Lasso) que decretó en 2023 la “muerte cruzada” de su gobierno y del Congreso que estaba a punto de destituirlo en juicio político.
Tres años. Volviendo al inicio de esta escalada violenta, hay analistas que la sitúan en 2020, cuando la pandemia castigó con especial virulencia a Ecuador y desnudó desigualdades y falencias en materia de salud. En 2020 ocurrió la muerte de José Luis Zambrano (alias Rasquiña) asesinado a poco de salir de prisión y quien entonces lideraba a Los Choneros, cuya fragmentación y disputas de poder posteriores precipitaron la irrupción de múltiples grupos. Ese año también tuvo otros hitos.
“Hace tres años, desde 2020 o después de la pandemia, Ecuador se convirtió en el país que más cocaína envía a Holanda. El 30 por ciento de la cocaína que se confisca en el puerto de Rotterdam viene en bananas desde Ecuador”, le dijo a PERFIL CÓRDOBA Damián Zaitch, doctor en Ciencias
Sociales, docente e investigador de la Universidad de Utrecht y quien desde hace años se especializa en estudios de criminalidad compleja.
El sociólogo, nacido en Buenos Aires pero que desde hace tres décadas reside en Países Bajos, sostuvo que el problema de narcotráfico en la nación sudamericana se complejizó con la “mejicanización” de algunas organizaciones y subrayó que “Ecuador pasó de ser un
país transportista a uno exportador”.
“A muy pocos kilómetros de su frontera está el gran punto de producción mundial y luego se traslada directamente desde puertos ecuatorianos por la ‘ruta del Pacífico’ hacia Estados Unidos o pasando por el Canal de Panamá y luego hacia Europa. Hoy Ecuador supera incluso a Brasil que era el primer exportador (distribuidor) mundial de cocaína. La cocaína viene
en la banana que transportan empresas legales”, detalló Zaitch.
Sobre este último punto, el sociólogo e investigador es contundente: “El tráfico internacional de cocaína es un excelente ejemplo de la relación estrecha entre una criminalidad organizada y una de cuello blanco, producida por actores legales, por gente que tiene empresas exportadoras e importadoras”.
El actual presidente ecuatoriano es hijo de Álvaro Noboa, el magnate empresario de las bananas, principal riqueza del país, y quien intentó seis veces sin éxito llegar al cargo que hoy ocupa su heredero. Un dato más pero no menor de una intrincada trama en la que meses atrás se registró el asesinato del periodista y candidato presidencial, Fernando Villavicencio, tras denunciar connivencias entre las mafias y el poder político y económico.
Más allá de las cinematográficas intervenciones callejeras de tropas o de los operativos reproducidos en tiempo real contra bastiones identificados como “crimen organizado”, el combate al narcotráfico exige además atacar sus finanzas y el blanqueo de ellas. Eso y sociedades más igualitarias, donde este flagelo no sea la única salida para excluidos o desesperados. Tarea mucho más compleja que arrestar en Guayaquil a quien porte en su piel un tatuaje.