¿Por qué no bajar la edad de imputabilidad?
Esta semana fue noticia que el ministro de Justicia de la Nación, Cúneo Libarona, impulsa un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Inclusive, días atrás, la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue quien se comunicó de forma personal con los papás de Joaquín Sperani Flores para comunicarles este proyecto.
Recordemos que el 2 de julio de 2023 en la ciudad de Laboulaye, Córdoba, después de cuatro días de una búsqueda denodada de la familia y toda la comunidad, fue hallado el cuerpo sin vida de un joven de 14 años edad. Ese joven era Joaquín Sperani Flores, alumno de segundo año del colegio Ipem N°278 Malvinas Argentinas, que fue interceptado en el hall de ingreso del establecimiento por su compañero, L., también de 14 años de edad, quien lo condujo a una casa abandonada a unos escasos metros, propinándole golpes con un elemento contundente hasta acabar con la vida de Joaquín. El caso tomó relevancia mediática y causó conmoción en la sociedad no sólo por la edad de la víctima y la brutal forma de ejecución del delito, sino por su minuciosa premeditación en manos de un “niño” que tiene 14 años de edad.
El homicidio de Joaquín marcó un antes y un después en la historia criminal argentina y volvió a plantear el debate en torno a la edad de imputabilidad. ¿Puede un adolescente de 14 años comprender la criminalidad del acto? Haciendo un somero repaso por la legislación comparada encontramos que Argentina, junto con Cuba, son los dos únicos países con más alta edad de imputabilidad del mundo: 16 años. En el extremo opuesto está Irlanda, cuya edad de imputabilidad se encuentra en los 7 años. Hay una verdad incuestionable: el niño primero comprende lo que está mal, el “no”. Por ello no en vano el Código Civil establece que a los 10 años los menores ya comprenden los actos ilícitos y a los 13 los actos lícitos. En efecto, no caben dudas de que a los 14 años un adolescente comprende cabalmente la criminalidad del acto.
Ahora bien, el siguiente dilema que se plantea es establecer cuál debe ser la sanción para este adolescente de entre 14 y 18 años que delinque. Primeramente, hay que poner el foco en fomentar en estos jóvenes un sentido de responsabilidad por los actos propios. Al igual que para el régimen penal de adultos, deberá conformarse un régimen penal juvenil con graduación de penas, de acuerdo a la gravedad del delito pudiendo adoptarse alguna alternativa no punitiva para delitos menores. Pero está claro que quien haya cometido un delito tipificado por el código penal deberá responder y reparar, penalmente, el daño causado. Se deberá hacer hincapié en la reeducación de los jóvenes, procurando que adquieran pautas de comportamiento y de convivencia aceptadas por la sociedad.
Hoy los familiares de víctimas de delitos en manos de menores inimputables deben cargar además del propio dolor que les causó la muerte violenta de un ser querido, con un plus adicional de impotencia ante la impunidad de los autores del hecho. Los programas que devuelven a los adolescentes que han delinquido, punibles o no, a sus progenitores con la fachada de “tratamientos tutelares” no dan resultados, no sólo para los jóvenes “beneficiarios” sino que además representan una amenaza latente en la sociedad, especialmente para los familiares de las víctimas, configurándose una especie de licencia para cometer nuevos delitos bajo un manto de impunidad otorgada por las autoridades judiciales, que a su vez se ven imposibilitados de darle otro tratamiento porque la ley se lo prohíbe. En consecuencia, lo “arrojan” nuevamente a la comunidad sin juicio, sin castigo y sin control. Basta con mirar las noticias, más allá de los dudosos índices oficiales, que afirmar que el índice de criminalidad de los menores inimputables es bajo.
Más allá de las discusiones doctrinarias y las posturas ideológicas, está claro que el sistema penal en Argentina, tal como está planteado, fracasó y seguirá fracasando. Después de tantos años de una política abolicionista fomentada e impulsada por el aparato estatal, urge un cambio de paradigma que ponga el foco en la víctima de los niños que cometen delitos, en algunos casos aberrantes, como el de Joaquín Sperani Flores. Pero no sólo alcanza con esto sino también hay que dar la batalla cultural y derribar ciertos mitos que se instalaron como verdades absolutas tanto en la opinión pública como en las aulas a través del adoctrinamiento político, para lograr avanzar en un nuevo modelo penal que le devuelva a la ciudadanía el sentido de justicia, seguridad y funcionamiento de las instituciones. Uno de esos mitos es que el reconocimiento de derechos a las víctimas menoscaba las garantías de los imputados. Otro, que las penas privativas de la libertad o el agravamiento de las mismas no ayudan en la prevención de delitos ni en la reinserción de los delincuentes.
Bajar la edad de imputabilidad no es una tarea sencilla. Queda un largo camino por delante. Habrá que trabajar no sólo en políticas preventivas, sino adecuar las leyes penales juveniles provinciales, construir centros de alojamientos, capacitar al personal que estará a cargo y en especial que la Senaf trabaje coordinadamente con los establecimientos educativos.