La vida por un celu
Al mediodía de un jueves le robaron el Iphone a mi hijo en Plaza San Martín, casi Florida. Su primera reacción fue la impotencia. Sin embargo, el rastreador remoto le permitió dar con la ubicación precisa del ladrón. Yo, un adulto bastante bobo, me sumé a la búsqueda junto a él. Fuimos entonces a tratar de recuperarlo por nuestros medios. Mi pibe iba siguiendo al chorro con una aplicación de georreferenciación. Primero llegó a una plaza, luego terminó en una galería comercial. Con ese dato preciso, hicimos la denuncia en sede policial. “Ahora hay que esperar que el fiscal decida qué hacer”. Estábamos, ya mismo, a cien metros del aparato que nos había costado (en parte a él y en parte a mí), medio millón de pesos. Pero había que esperar…
El daño que produce el robo de celulares está subestimado por el sistema judicial y policial.
El teléfono celular no es un ornamento. Menos aún para los chicos jóvenes. Ni siquiera es un dispositivo como tablets o laptops. Nos guste o no, los celus son un componente indispensable de la vida en nuestra sociedad conectada. Para la mayoría, es el componente de capital en los procesos laborales, para hablar con el jefe, para coordinar reuniones, para despachar y recibir servicios y mercancías. El marketing marcará la diferencia entre una marca y otra. Pero eso es otro tema.
Para todos los oficios, los servicios personales de mensajería como el whatsapp son instancias indivisibles de la tarea por la que se pagan sueldos. Para los que trabajan en transporte, en taxis, en delivery, es tanto o más valioso como el auto, la moto y la bicicleta que conducen.
Además, el celular es un dispositivo caro. Quien lo adquiere invierte (o gasta) una parte importante de su renta.
Y vaya si lo sabré.
El cuerpo propio y el celular conforman una unidad indivisible en la esfera de la socialización, pero también en la generación de valor agregado, plusvalía o como se quiera llamarlo. Sin duda, es también un componente central del consumo de información y productos culturales. Noticias, series, películas y contenido audiovisual de las redes sociales constituyen la e-ciudadanía de la modernidad digital. Este orden de derechos que constituye la ciudadanía digital (derecho a la información, a la privacidad, al acceso a servicios públicos y a la salud incluso…) en la práctica depende de un dispositivo técnico: el celular.
Por esa razón la banalización del robo de celulares por parte del sistema judicial, político y policial, que surge de la consideración del celular como si fuera un electrodoméstico, es parte del problema.
Un problema que se mide en millones de pesos de daño
por robo de los aparatos carísimos, encarecimiento de seguros, y pérdida de empleo (y si no, pregunten a los trabajadores precarizados de Uber cómo les impacta en la calidad de vida el hurto de sus celulares), entre otras.
Un informe realizado por la empresa BTR Consulting el año pasado arrojó algunos datos que deben servir de referencia. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se denuncian aproximadamente 9 mil robos de celulares diarios.
La cadena de valor de las mafias del robo de celulares produce un impacto económico amplificado. Como si se tratara de una bola de nieve.
O una avalancha más bien. El perjuicio económico debido al robo por año de entre tres y cuatro millones de aparatos en el país, debe estimarse por los efectos colaterales en todo el ecosistema económico ligado a los servicios digitales: el comercio, el transporte, la logística, etc.
La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, registró el robo de mil celulares por día entre enero y abril de 2023. Esta cifra –entre trescientos y cuatrocientos robos por hora– ciertamente no es el total de robos, pues muchos (imposible de ponderar cuántos) sencillamente no se denuncian porque los ciudadanos lo consideran una pérdida de tiempo.
El resultado de las acciones judiciales –encuadradas en el tipo penal de “encubrimiento”, a no ser que en circunstancias del robo se produzcan lesiones o eventualmente la muerte de la víctima– fue la recuperación de 1.610 de esos celulares en la jurisdicción porteña en el período indicado. La cifra parece desproporcionadamente pequeña en comparación con el volumen de lo sustraído, pero no lo es. Porque cada uno de esos dispositivos recuperados es producto de investigaciones que permiten construir la estructura y modus operandi de las redes, que sostienen esta industria criminal.
Nos encontramos ante un delito mal ponderado por los servicios del Estado. No es homicidio, no es trata de personas, ni narcotráfico. Pero las esferas de la criminalidad no son espacios estancos. Lo que ordena al crimen es la búsqueda de una renta. El robo de celulares, como el auto, suele ser parte de la diversificación de bandas que alternan tipos delictivos. Por eso muchas de esas investigaciones por “encubrimiento” saben dar con reincidentes que adaptan su “savoir faire” a lo que el mercado de lo ilícito pasa a cotizar más caro. Si hay cierre de importaciones, el robo de neumáticos cotizará en alza. Y si las circunstancias económicas, encarecen desproporcionadamente los aparatos con los que los eciudadanos coordinan trabajos, o encuentros familiares o entre amigos y amores, pues las corrientes criminales llevarán a un incremento sostenido, como el actual, de robo de celulares.
El Estado, aunque cascoteado, tiene la obligación de medir las prioridades del empleo de sus recursos en base a datos e ir más allá del sentido común al ponderar riesgos, amenazas y perjuicio económico.
De lo contrario, el descrédito y la frustración (como al de mi hijo a cien metros de su celular comprado con meses de su sueldo), seguirá agitando desencantos.
El daño que produce el robo de celulares está subestimado por el
sistema judicial