El sistema de salud, en crisis descontrolada
Durante el año pasado fueron noticia permanente los cobros indebidos de “copagos”, “bonos contribución” y todo tipo de maniobras realizadas por los prestadores de servicios de salud para combatir el desfinanciamiento y la mora por parte de las prepagas.
Algunos sanatorios llegaron al punto de publicar comunicados en los que se anunciaban este tipo de medidas ilegales, pero en la práctica no sancionadas ni perseguidas por los órganos de control. Particularmente la Superintendencia de Servicios de Salud no emitió una resolución que las prohíba. Esta situación ya daba cuenta de los graves problemas económicos en el funcionamiento del sistema de salud, y del trato indigno que se brindaba a los usuarios desprevenidos, que pensaban que la obra social o prepaga les cubría las prestaciones básicas sin tener que realizar nuevos desembolsos.
Actualmente, la situación devino insostenible frente a la desregulación sorpresiva con relación a los aumentos de las cuotas, incluida en el Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Milei, titulado ‘Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina’, que dispuso una batería de modificaciones en la legislación vigente, especialmente por la vía de la derogación más que por modificación o creación normativa.
Concretamente estamos hablando de aumentos irrazonables en las facturas de los usuarios, en muchos casos del 40% en el mes de enero y del 30% para febrero, y sin ninguna certidumbre respecto de cuánto será el valor de la cuota en los meses por venir.
Esta situación motivó, desde su aparición en el decreto mencionado, el repudio por parte de las asociaciones de consumidores frente a la expectativa de aumentos desorbitantes que inmediatamente se comprobaron, con la consecuente desesperación de cientos de miles de personas que simplemente no podrán seguir abonando la cuota por su incremento excesivo y sin parámetros de razonabilidad, ni el menor atisbo regulatorio por parte de un Gobierno que insiste en la idea de que toda la normativa del DNU le otorgó más libertades al ciudadano.
Lo cierto es que estos aumentos se replicaron en la mayoría de los prestadores, a punto tal de ser presentados por los principales jugadores como “consensuados”, lo que ya motivó una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia contra las empresas de medicina prepaga que integran la Unión Argentina de Salud (UAS), por incurrir en una cartelización para incrementar los precios a usuarios y proveedores de manera coordinada.
No se trata de algo reciente: debemos admitir que el control por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación a las empresas nunca dio muestras de eficacia frente a las enormes fallas en el funcionamiento de las prestaciones, en particular en lo que hace a la información, atención y trato digno debido a los usuarios. Paradójicamente, el nuevo funcionario designado para controlar a las empresas hasta el año pasado se desempeñó como director de la empresa de mayor número de afiliados.
El panorama es desolador y ya se están multiplicando las causas judiciales colectivas e individuales en defensa de los derechos de los usuarios. Se encuentra en trámite una acción de clase en contra del Poder Ejecutivo, planteando la inconstitucionalidad de esa parte del DNU, y al menos dos procesos colectivos contra las prepagas, por los aumentos irrazonables.
Por otro lado, las acciones individuales van logrando cautelares en todo el país, hasta ahora todas en el fuero federal, con trámites de final incierto pero que a los fines de impedir los aumentos recurren a diversas fórmulas, como atar las subas a índices como el RIPTE o el IPC. Algo similar a lo que ocurrió hace ya varios años en relación a los autoplanes, con causas que aún no fueron resueltas, o lo fueron en sentido favorable a las empresas.
Y es que en definitiva estamos ante un problema cuyo origen es más de carácter político que jurídico. La interpretación de que “el mercado por sí mismo solucionará sus problemas” luce anacrónica desde la Economía, pero desvergonzada desde el punto de vista de los consumidores.
Es cierto que si no se soluciona la inflación será imposible llegar a comprender si los aumentos de precios son reales o nominales, y que la propia carencia de un sistema de precios genera una multiplicidad de conflictos a las empresas. Pero de ninguna manera los intentos de solución pueden pensarse desde el desprecio por la parte más débil, sino contemplando justamente que son los intereses económicos de los consumidores y su salud (art. 42 de la Constitución Nacional), a lo que están llamados a proteger las autoridades.
Deberían ser la prepagas, y no los pacientes, las que demanden en los Tribunales los problemas que les causa la inflación. Que ocurra lo contrario es síntoma de que la balanza está desequilibrada a favor de los poderosos. Y si así fuera, amerita preguntarnos ¿para qué está el Gobierno?