Pelea Milei vs gobernadores pone en jaque la reducción del déficit fiscal
El objetivo que se plantea el Ejecutivo nacional no depende sólo de un fuerte recorte en el gasto, sino también de un incremento en los ingresos públicos. En
La decisión del Gobierno nacional de no girar fondos que corresponderían a partidas coparticipables para la provincia de Chubut, encendió un nuevo capítulo de disputa política con el tono y el tamaño del ajuste de fondo. Cabe recordar que el gobernador Ignacio Torres salió públicamente a reclamar $13.500 millones que no fueron girados, acusando recortes intempestivos de la Nación, en el marco de retiros de partidas para el subsidio al transporte y el incentivo docente. Y fue más allá, advirtiendo que “no sale un barril más de petróleo”, si las partidas no se envían.
La respuesta de Nación no se hizo esperar con un comunicado oficial apuntando que “lamenta que el gobernador Torres se niegue a entender que no hay plata y, en consecuencia, se lance a emitir una amenaza de carácter chavista respaldada por Axel Kicillof y el resto de los gobernadores”. También se tildó la actitud de Torres de extorsión y explicó que el no giro del dinero se explica por una deuda que Chubut tiene con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
Las derivaciones políticas de la nueva disputa están lejos de resolverse, pero los economistas y analistas que miran los números y los objetivos de déficit que se plantea la administración Milei, advierten que el tamaño del ajuste que se busca pasaría de difícil a imposible si no hay diálogo y negociación política entre Nación y provincias. Esto, básicamente, porque la reducción del déficit y la meta de superávit puede alcanzarse no solo con recortes, sino también un contexto recesivo y de contracción de la actividad, es clave la negociación política con los gobernadores para avanzar en la concreción de nuevas fuentes de ingresos
con nuevos ingresos, algo que quedó trunco en el Congreso, por ejemplo, cuando las negociaciones se frustraron y se debió quitar el capítulo fiscal de la ley Ómnibus.
Para Marcelo Capello, el economista jefe del Ieral y experto en análisis fiscales, es posible un escenario de ajuste no tan ambicioso como al que como Ganancias o un blanqueo de capitales. La pelea con el gobernador de Chubut, botón de muestra de la fragilidad crónica de la gobernabilidad.
aspira Milei (bajar el déficit nacional en 5,9 puntos del PIB, lo que implica un superávit primario del 3% en 2024), pero sí uno por encima de lo pactado con el FMI (cuando se había fijado un déficit de 0,9% del PBI). Así, se podría llegar a un escenario de superávit primario del 1,5% del PBI a nivel nacional y de 0,5% de
superávit para las provincias.
Pero, como se dijo, cualquiera de esos escenarios (superávit primario del 3% o del 1,5%) requiere más que sólo recorte: “Se deben aumentar los recursos, preferentemente con impuestos poco distorsivos, o si es con impuestos muy distorsivos (PAIS), que sean realmente transitorios; lograr que las provincias también ajusten sus erogaciones, de modo que necesiten menos transferencias discrecionales desde el gobierno federal y así alivien, por esta vía, el gasto nacional”, marcan desde el Ieral. Es decir, un esfuerzo en conjunto.
–¿Pueden las provincias hacer un esfuerzo fiscal considerable?
–“Las provincias por lo general tienen pocos incentivos para hacer ajustes por motivos macro económicos, como sería bajar la inflación, porque la sociedad no evalúa a los gobernadores por la inflación. La inflación es un problema que se le asigna al Presidente o al ministro de Economía, entonces por motus propio las provincias no tienen interés en ajustar el gasto, salvo que no les alcance la plata.
–¿Y qué pasa entonces?
–Lo que está haciendo el presidente Milei es inducir el ajuste cortándoles las transferencias discrecionales, que es la forma de que ajusten. Es una forma desordenada, pero es la visión que tienen en el Ministerio de Economía, para que las provincias también ajusten hay que cortarles los recursos nacionales. Lo que no significa que corten el gasto ahí donde la Nación les envía menos recursos.
Cualquier escenario de ir a fuerte reducción del déficit fiscal e ir hacia un superávit va a ser de difícil cumplimiento solo bajando el gasto. Una parte se tiene que hacer con recaudación de más recursos, con más ingresos. Lo que viene intentando el Gobierno nacional desde diciembre es eso. Una herramienta como el blanqueo de capitales y las moratorias, en el que las provincias podrían estar de acuerdo, hoy no está porque se sacó todo el capítulo fiscal de la ley ómnibus. Después tenés los derechos de exportación que son distorsivos y son discutibles, las provincias se pusieron firmes en eso.
Si los gobernadores no vuelven a la mesa de discusión se les va a complicar llegar a los números, reciben mucho menos en transferencias discrecionales y también bajaron las automáticas por el efecto de Ganancias y se pierden del blanqueo. Ahí está la clave, el incentivo para que las provincias vuelvan a la negociación. Este es un momento clave para negociar y tener algún ajuste, porque no es un año electoral, como sí lo es el año que viene. El acuerdo con el Fondo preveía un déficit primario del 0.9% y el gobierno está diciendo que tendrá un superávit primario de 3%. Es mucho más ajuste de lo que el FMI pedía para este año. Un superávit primario de 1,5% de PIB sería muy bueno y suficiente para ir encaminando las finanzas y reducir la inflación.