La Justicia Federal cordobesa: un eterno monopolio
En la jerga económica, un monopolio conlleva una situación de privilegio legal en la cual existe un agente con gran poder que es el único que tiene o genera un producto, bien, recurso o servicio, determinado y diferenciado.
La realidad nos informa que, en la Ciudad de Córdoba, hay sólo dos jueces federales que deben resolver los potenciales conflictos judiciales de más de un millón y medio de almas. Indiscutiblemente, el dato describe un panorama democrático e inequitativo.
Si hilamos fino el escenario empeora porque son esos dos mismos jueces quienes atienden los asuntos penales, civiles, comerciales, laborales, previsionales y constitucionales que –potencialmente– ese millón y medio necesita resolver. Recordemos que los jueces federales de Córdoba además son ‘multifuero’ y el promedio de permanencia que tienen en el cargo supera los 30, 35 años.
En esta columna no se cuestiona el rol constitucional del Poder Judicial de la Nación, como ‘monopolizador’ de la administración de Justicia, sino la mala calidad institucional de la Justicia Federal cordobesa.
Si nos jactamos de ser una República, a la Justicia, como uno de los poderes del Estado, debemos exigirle que sea ‘democrática’ ágil y eficiente.
En Córdoba eso no ocurre. No ocurre desde siempre y parece que no ocurrirá nunca. El remedio a este mal no parece estar en puerta.
En un mundo ideal no nos preocuparía la voluntad, el criterio personal, las simpatías políticas o que la subjetividad de los jueces interfiera en sus fallos. Por el contrario, en ese mundo, que hubiera dos, tres o 20 magistrados en ejercicio nos daría igual y nos quejaríamos en la ‘velocidad’ del servicio de justicia que prestan.
Pero así como los reyes magos son los padres, en la práctica hay tantas interpretaciones de la ley y de los hechos como jueces en ejercicio – casi, sin exagerar–.
En un sistema legal donde cada juez es autónomo por naturaleza y no debe ceñirse a los que deciden sus ‘superiores’ en casos análogos y que el criterio uniformador de la Corte a veces llega después de largos años de indefiniciones políticas –en materias controvertidas–, en ese ‘mientras tanto’, esa diversidad de criterios judiciales, de compromiso y puntos de vista es, sin dudas, la que nutre al sistema, hace evolucionar la jurisprudencia y resulta útil al fin del justiciable, acorde su necesidad de justicia.
En Córdoba, por lo antes descripto, tal diversidad no existe y en los tribunales ubicados en la esquina de las calles Concepción Arenales y Wenceslao Paunero, sus dos jueces ejercen un monopolio en la interpretación de las leyes, tanto en los asuntos cotidianos como en los urgentes y candentes.
Según el juez que resulte sorteado, la respuesta al ciudadano será por ‘blanco o negro’ y desde la época del juez atrincherado a la fecha, existe poca chance de flexibilidad y es casi nula la posibilidad de la rectificación o de reflexión de los fallos de primera instancia.
La centena de planteos formulados por todos los sectores, bien intencionados e interesados en democratizar la Justicia Federal cordobesa, caen constantemente en ‘saco sin fondo’. Lamentablemente todos quienes litigamos en esos Tribunales Federales conocemos de primera mano lo antes descripto, además de la mora judicial imperante.
En la economía, el monopolio conlleva una posición de privilegio de poder, en la cual ‘un’ agente es el único que tiene ese servicio, prestación o producto y lo comercializa cuándo y cómo quiere; algo muy parecido a la Justicia Federal cordobesa.