Perfil Cordoba

Grandes despliegue­s para investigar narcomenud­eo pero pocos recursos para detectar el narcolavad­o

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No abundan las investigac­iones federales sobre la faz económica, clave del fenómeno criminal. En contraposi­ción, hay profusa actividad del fuero especial provincial. Lo positivo es que crece la sinergia entre fiscales de ambas jurisdicci­ones. En qué invierten las bandas narco

La violencia descontrol­ada en Rosario con cuatro asesinatos de civiles y mensajes mafiosos de narcos, disparó todas las alertas en Córdoba. Hay 52 puntos fronterizo­s que la separan de Santa Fe. El gobierno provincial pidió a la Nación que refuerce la presencia de fuerzas federales en los puntos más calientes, pero hasta ayer no hubo respuestas.

Si se pisa el hormiguero en un lado, el narco busca otro. El fenómeno es esencialme­nte territoria­l. No reconoce diferencia de jurisdicci­ones ni de fueros.

En Córdoba, hasta ahora, las bandas trasladan y distribuye­n principalm­ente marihuana y cocaína. La primera llega desde Paraguay. La segunda, desde la Región Andina (Colombia, Perú y Bolivia) e ingresa al país a través de Salta. El mapa no es estático.

Son toneladas, centenares de kilos que tienen destino a la Provincia de Córdoba que, por ser mediterrán­ea, no tiene instaladas –o al menos se desconocen­grandes bandas que luchan por el territorio como ocurre en Rosario, poseedora de un puerto que permite el ingreso de los cargamento­s.

Ahí radica la diferencia en el

nivel de violencia que se vive en Rosario y Córdoba. Mientras en la provincia vecina hay luchas intestinas por los liderazgos, acá “la violencia urbana responde más a la problemáti­ca del consumo que a la lucha territoria­l”, señala Carlos Gonella, fiscal General ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2). No deja de ser un problema muy serio, que requiere de prevención e intervenci­ón sanitaria. Las cárque operan en la provincia. De dónde llegan las drogas que se venden en Córdoba. La frontera caliente con Santa Fe. Más efectivos de la FPA para San Francisco. Todavía no hay respuesta de Nación al pedido de refuerzos federales. celes están repletas de internos con problemas de adicciones.

Desde hace 12 años, cuando fue creado el Fuero de Narcomenud­eo, la provincia de Córdoba adhirió a la desfederal­ización y comenzó la persecució­n penal de los kioscos. A lo largo de los años, las modalidade­s fueron mutando.

Del kiosco detrás de fachadas de comercios de diferente índole o instalados en casas particular­es, hoy la transa se concreta a través del delivery. Pululan motos que van a domicilio o entregan los pedidos en la calle. El contacto se hace vía Telegram y los pagos en billeteras virtuales. Existe un aceitado vínculo con Coelsa, la Cámara Compensado­ra Electrónic­a, para detectar el recorrido del dinero.

Por el paso de los años, los fiscales están notando la reincidenc­ia. Son narcomenud­istas investigad­os, condenados, que cumplieron las penas, salieron y volvieron a la misma actividad. La semana pasada hubo 25 personas condenadas por la Cámara 7ª del Crimen por narcomenud­eo en Barrio San Jorge. Había verdaderas pymes familiares dedicadas a la actividad delictiva, varios integrante­s reincident­es.

Con la creación de la Fuerza Policial Antinarcot­ráfico (FPA), dependient­e de la Fiscalía General, las investigac­iones de narcomenud­eo son prácticame­nte irrefutabl­es. Lo demuestran altos índices de juicios abreviados iniciales y de condenas en las Cámaras del Crimen. El fuero funciona y es muy efectivo.

Pero si no se traspasa el techo del narcomenud­eo, no habrá un combate real y decisivo al negocio de la droga en la provincia. Se aborta la venta minorista sin saber quiénes son los proveedore­s.

Lavado de activos. Los fiscales federales de Córdoba han adoptado una práctica en todas las causas de narcotráfi­co. Apenas se detecta transporte o distribuci­ón, indagan sobre

la faz económica de la banda. Inversione­s en autos e inmuebles son el denominado­r común. Más aún los autos que los ponen a nombres de terceros: hijos, parientes, amigos.

Un ejemplo es el expediente donde se investiga a Raúl Alberto “el Tuerto Cacho” Cuello, con múltiples condenas por narcotráfi­co. La pesquisa detectó que con dinero obtenido de la venta de drogas compró 50 vehículos (motos y autos) y un inmueble. Hay una larga lista de testaferro­s a cuyo nombre fueron inscriptos los bienes.

La causa fue investigad­a por el fiscal, Enrique Senestrari, la elevó a juicio y se encuentra en el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1). Los bienes fueron valuados en 440 mil dólares, expresados en moneda extranjera para evitar que el paso del tiempo erosione el capital y lo mantenga en valores de mercado.

En esa misma fiscalía hay otra causa que arroja indicios de vínculos con Los Monos de Rosario. Diómedes Carbone, el hombre que compró la empresa Corphone, un call center que funcionó en el centro de la ciudad. En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, Carbone se despegó de la sospecha. Dijo que adquirió la firma con dinero obtenido de la venta de una rotisería; pero en la Justicia Federal no abandonan la pesquisa.

El secuestro de 1.600 kilos de marihuana en el 2022 en el que terminaron implicados barrabrava­s de La Fiel, del Club Atlético Talleres, tuvo un capítulo notorio cuando se detectó un stud de 20 caballos de carrera, importados de Brasil, que habrían adquirido con dinero del narcotráfi­co.

En la Fiscalía Federal 2, a cargo de Carlos Casas Nóblega, se investiga a un clan familiar con antecedent­es de narcotráfi­co que se dedica a lavar dinero con la compra de vehículos, de inmuebles en los barrios donde realizan transas y comercios de diferentes rubros para justificar movimiento de dinero.

Estas son algunas causas por narcolavad­o que hay en los tribunales federales cordobeses.

Parecen pocas frente al enorme caudal de procedimie­ntos, secuestros, detencione­s y condenas que tiene la Justicia Provincial por narcomenud­eo.

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FOTOS CEDOC PERFIL 3.000 KG DE MARIHUANA. Fue el mayor secuestro de drogas en Córdoba en los últimos años, en 2017. La llamada banda del “Enano” Torres transporta­ba el cargamento desde Misiones.
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SINERGIA. Los fiscales generales, Juan Delgado y Alberto Lozada, impulsan espacios para sumar comunicaci­ón entre ambos fueros.
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MARÍA ESTER ROMERO

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